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Abogados en Operación Océano piden suspender audiencia por falta de acceso a chats
Un grupo de abogados que defienden a los imputados en el caso denominado Operación Océano presentaron este miércoles ante la Justicia un escrito para solicitar suspender la próxima audiencia colectiva de esta causa, por entender que la fiscalía incumplió con lo acordado y no aportó información considerada "clave" en la investigación, contaron a El Observador fuentes judiciales.
En el documento, presentado a la jueza Adriana de los Santos, los penalistas reclaman el acceso a las pericias realizadas a todos los celulares de los involucrados.
La audiencia está fijada para el 8 de octubre y prevén que allí participen cerca de 100 personas, entre defensores, victimarios, las víctimas con sus abogados, y el equipo de la fiscalía. En esa instancia, la jueza De los Santos tiene planificado poner a consideración de las partes de qué forma se va a realizar la declaración anticipada de la principal víctima de esta investigación.
Hasta el momento, la causa tiene a casi 20 jóvenes que manifestaron haber sufrido diferentes formas de violencia sexual o de género y 32 imputados, aunque uno fue condenado mediante un acuerdo el 22 de setiembre.
Los involucrados fueron acusados hasta ahora de delitos que van desde la retribución o promesa de retribución a menores a cambio de sexo, y comunicación virtual con connotación sexual con adolescentes, hasta proxenetismo y otros delitos sexuales.
Durante la última audiencia colectiva, que tuvo lugar el 14 de agosto –y en la que se dispuso el levantamiento parcial de la reserva de la investigación–, también se acordó que en la del 8 de octubre los abogados presentarían un pliego con las preguntas a realizarle a la joven, para lo cual iban a necesitar conocer la información recabada por la fiscal Darviña Viera en su indagatoria.
En ese sentido, la magistrada les había comunicado a los abogados que hasta 72 horas antes de la siguiente audiencia podían reclamar si entendían que Viera no les proporcionaba el contenido de la carpeta de investigación, y eso fue lo que hicieron.
El escrito, firmado por 10 penalistas –Andrés Añasco, Jorge Pereira Schurmann, Víctor Della Valle, Alejandro Balbi, Carlos Balbi, Cecilia Salom, Alberto Rojas, Pablo Barreiro, Mario Moll y Enrique Díaz–, rechaza la respuesta que dio Viera a las defensas en un mail enviado este lunes. En ese correo la funcionaria aseguró que pondría a disposición solamente las pericias realizadas a uno de los dos celulares que tiene la principal víctima de la causa.
Lo que alegó Viera, según informaron fuentes del Ministerio Público, es que no podía proporcionar el resto de lo solicitado "sencillamente" por demoras de la Policía Científica, que todavía tiene pendiente periciar casi todos los móviles empleados por los implicados en la causa, y otros de las víctimas
En concreto, lo que los abogados pretendían para antes de la audiencia del 8 de octubre era contar con "la copia" de todos los chats mantenidos por todos los imputados con la principal víctima, así como una declaración ante la fiscalía por otra de las víctimas del caso. "Lo que hicimos fue manifestarle a la sede que no se pudo acceder a la totalidad de la carpeta de la fiscalía, que contiene diligencias que entendemos claves para poder armar el interrogatorio a la joven", señalaron a El Observador allegados a la defensa de uno de los imputados.
Además, destacaron que el interrogatorio a la víctima será "la única instancia" en que los abogados podrán hacerle preguntas, por lo que entienden crucial poder contar con todos los insumos posibles que refuercen el cuestionario.
Otro abogado, por su parte, planteó a la jueza De Los Santos que se librara un oficio al Ministerio de Salud Pública para que evaluara si puede ser realizable la audiencia desde el punto de vista sanitario, dada la cantidad de gente que se estima que concurrirá, y los riesgos de contagio por la emergencia sanitaria.
La audiencia del 14 de agosto ya había sido multitudinaria, pero no tanto como está previsto la próxima. En aquella oportunidad, los imputados eran por entonces 24 –hay que calcular, en promedio, dos abogados por enjuiciados–, y ahora ese número ascendió a 31, sin contar a la persona ya condenada.
