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Operación Océano: fiscalía acordó con imputado, que será condenado sin prisión

El caso se resolverá mediante un proceso abreviado, y la sentencia se firmará este martes 

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22 de septiembre de 2020 a las 05:03

La fiscal de Delitos Sexuales Darviña Viera, a cargo de la investigación de Operación Océano, alcanzó un acuerdo con una de las 32 personas imputadas hasta el momento por pagar o prometer retribución a menores de edad a cambio de sexo o contribuir a la explotación sexual de adolescentes. De no ocurrir ningún contratiempo o cambio de las condiciones de lo acordado, el hombre será condenado este martes tras la firma de su abogado pero no será penado con cárcel, sino con medidas alternativas a la prisión.

El acuerdo determina que el caso concluya a través de un proceso abreviado, por el cual se arribará a una sentencia que cuenta con la aceptación a priori del imputado, y ambas partes –fiscalía y defensa– evitarán de esta forma la realización de un juicio oral. Según informaron a El Observador fuentes de la investigación, la defensa del imputado accedió a los términos del acuerdo porque las pruebas con que cuenta la fiscal Viera son muy sólidas y "las posibilidades" de obtener una sentencia a favor del indagado en un juicio "son muy débiles".

El proceso abreviado es una de las vías alternativas de resolución de conflicto que prevé el nuevo Código del Proceso Penal, en el cual los imputados obtienen una pena más benevolente a cambio de la admisión de responsabilidad en lo que se les acusa. Esta modalidad presenta también una ventaja para los fiscales ya que evita un juicio oral, lo que implica un largo proceso –de varias audiencias a lo largo de semanas– para el que hay que destinar recursos y tiempo.

Allegados a la defensa del imputado –quienes solicitaron mantener su nombre en reserva– reconocieron que el hombre mantuvo un diálogo a través de la red social Tinder con una de las víctimas de esta causa cuando ella era menor de edad, en la que él le ofreció dinero para mantener relaciones sexuales, pese a que según la defensa del imputado el encuentro no se concretó.

El artículo 4º de la ley 17.815 del 2004 –que es el que se imputará en este caso– castiga al que "pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, será castigado con pena de dos a doce años de penitenciaría".  

De todas maneras, de acuerdo a lo argumentado por el indagado y su defensa, el hombre no supo que la víctima era menor, y según manifestó ante la fiscal partió de la base de que en Tinder no hay personas con menos de 18 años.

Consultada sobre el tema por El Observador, la fiscal Viera declinó hacer comentarios o brindar información.

Hasta el momento, desde la primera audiencia de formalización de mediados de mayo, además del delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad, la fiscalía ha logrado que haya imputados por el delito que castiga a los adultos que tienen contacto virtual con menores para mantener conversaciones de connotación sexual, el que pena a los contribuyan a la explotación sexual de menores, prexenetismo y otros delitos sexuales.

La principal víctima de la investigación, no obstante, admitió haber usado dos cédulas falsas con las que engañaba a los adultos para que no supieran que era menor, y este punto es una de las estrategias a la que se aferran varios penalistas que defienden a los imputados.

En una audiencia que tendrá lugar el 8 de octubre, la jueza Adriana de los Santos pondrá a consideración de las partes de qué forma se va a realizar la declaración anticipada de esta joven –que hoy es mayor de edad–. Eso es algo que está dispuesto en el artículo 76 de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, en donde se establece que "a solicitud de la víctima o del Ministerio Público, el Tribunal dispondrá el diligenciamiento de prueba anticipada (...) sin necesidad de otra fundamentación".

El principio

La investigación tiene dos fechas de comienzo. La primera data de noviembre de 2019, cuando una persona que estaba caminando por una calle en Maldonado advirtió que un hombre discutía a los gritos y "forcejeaba" con dos adolescentes, y decidió llamar a la policía. Una de las adolescentes de esa denuncia es hoy una de las 18 víctimas de la causa. 

La otra fecha de referencia es marzo de este año. Por entonces, el Departamento de Registro de Personas Ausentes del Ministerio del Interior comenzó a rastrear los pasos de una adolescente que había desaparecido ese mes. El cuerpo de esa joven fue encontrado flotando días después en el arroyo Solís Chico (Canelones). Sin embargo, los investigadores detectaron que la menor pertenecía a un grupo de adolescentes que tenían sexo con adultos a cambio de dinero, droga o ingresos a fiestas privadas.

Luego, los funcionarios de esa unidad policial encontraron que la menor había mantenido relaciones sexuales con el imputado –de nacionalidad paraguaya– y con otro adulto en un hotel, y fue así como ambas líneas de investigación empezaron a vincularse, hasta que se centralizaron en la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º Turno.

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