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Principal víctima de Operación Océano admitió haber usado cédulas falsas para pasar como mayor

La fiscal Darviña Viera dijo a El Observador que la confesión no demuestra la inocencia de los imputados; "si nos excusamos en eso, no imputaríamos a nadie y el delito sería un chiste", sostuvo

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20 de agosto de 2020 a las 05:00

Joaquín Silva y Natalia Roba 

La principal víctima del caso denominado Operación Océano, por el cual hay hasta ahora 24 personas imputadas por el pago o promesa de retribución a menores de edad a cambio de sexo –entre otros delitos de explotación sexual–, admitió haber utilizado al menos dos cédulas falsas con las que se hacía pasar como mayor de edad.

Esta joven –que cumplió los 18 años en mayo– realizó al menos tres declaraciones diferentes ante la fiscal de esta investigación, Darviña Viera, quien pretende además que vuelva a declarar una cuarta vez pero con la presencia de los abogados de los imputados, como una prueba anticipada del juicio.

La confesión de la adolescente fue escuchada por primera vez esta semana por parte de los defensores de los indagados, luego de que la Justicia dispusiera el viernes pasado el levantamiento parcial de la reserva de la carpeta de la Fiscalía. Los penalistas oyeron así a la víctima decir que usaba un perfil en la red social Tinder en la que se hacía llamar Carolina –el nombre real de una amiga suya–, que allí indicaba que tenía 19 años, y que luego presentaba la cédula de esa joven cuando se encontraba con los adultos, algunos de los cuales son parte de los 24 enjuiciados, indicaron a El Observador fuentes del caso.

La joven también admitió que usaba otra cédula de una mujer mayor de edad –que encontró tirada en un boliche– para acceder a fiestas de música electrónica y que tenía por costumbre utilizar las redes sociales para conocer hombres y salir con ellos.

Para los defensores, ello constituye parte de la línea de argumentación que demuestra que al menos algunos adultos fueron "inducidos a error" y por lo tanto no tenían intención de cometer el delito que la Fiscalía les imputó.

Pero para la fiscal Viera la confesión de la víctima no es un argumento suficiente para comprobar la inocencia de ninguno de los indagados. "No se trata de si es un argumento valedero o no, se trata de saber cómo fue la presentación de esa cédula, si realmente la mostró, y muchas otras cosas", dijo la fiscal a El Observador.

"Es algo que se verá en el juicio, porque si todos nos excusamos en eso, de que tenía cédulas falsas o que decía ser mayor, no imputaríamos a nadie, y este delito no se aplicaría. Sería un chiste", añadió.

Uno de los delitos que la Fiscalía solicitó imputar es el definido por la ley 17.815, de 2004, en cuyo artículo 4 se define que comete delito el "que pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo" y que se prevé una pena de dos a 12 años de penitenciaría.

Rol de la madre

La madre de la joven, que declaró también ante Viera, admitió que le pagó una operación en el rostro. Según surge de la grabación que los abogados de los indagados pudieron escuchar, agregaron las fuentes, la mujer estaba preocupada por su "baja autoestima".

Además, según declaró la propia víctima, la joven había viajado con sus padres a Miami y a Cuzco en Perú, de donde era la foto que tenía publicada en su perfil de Tinder.

La adolescente también contó que su madre le abrió una cuenta bancaria, y que en determinado momento se enteró que la hija había generado unos ahorros de $ 70.000. Eso llamó la atención de su madre, y entonces le "prohibió" juntarse con una de sus amigas.

Dos líneas de investigación iniciales

La investigación de este caso tiene dos puntos de inicio. El primero data de noviembre del año pasado, cuando una persona que estaba caminando por una calle en Maldonado advirtió que un hombre discutía a los gritos y "forcejeaba" con dos adolescentes, y decidió llamar a la policía. Una de las adolescentes era esta primera víctima en declarar ante Viera.

La denuncia quedó ingresada, y a los dos días una de las jóvenes subió un video a su cuenta de Facebook en el que aparecía el hombre –uno de los imputados en la causa, de ciudadanía paraguaya– manteniendo relaciones sexuales. Este hombre, empresario de profesión, decidió entonces denunciarlas por difamación, lo que dio inicio a una de las líneas de investigación.

A su vez  en marzo de este año, el Departamento de Registro de Personas Ausentes del Ministerio del Interior comenzó a rastrear los pasos de una adolescente que había desaparecido ese mes, y que resultó ser una amiga íntima de esta víctima. El cuerpo de esa joven fue encontrado flotando días después en el arroyo Solís Chico (Canelones), pero para entonces los policías de esta unidad habían observado que la menor pertenecía a un grupo de adolescentes que tenían sexo con adultos a cambio de dinero, droga o ingresos a fiestas privadas.

Luego, los funcionarios de esa unidad de la cartera de seguridad encontraron que la menor había mantenido relaciones sexuales con el imputado –de nacionalidad paraguaya– y con otro adulto en un hotel, y fue así como ambas líneas empezaron a vincularse, hasta que se centralizaron en la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º Turno.

Ley de género y embargo de bienes

En una audiencia que tendrá lugar el 8 de octubre, la jueza Adriana de los Santos –que fue quien condujo la del viernes pasado, histórica por la cantidad de partícipes– pondrá a consideración de las partes de qué forma se va a realizar la declaración anticipada de la víctima. Eso es algo que está dispuesto en el artículo 76 de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, en donde se establece que "a solicitud de la víctima o del Ministerio Público, el Tribunal dispondrá el diligenciamiento de prueba anticipada (...) sin necesidad de otra fundamentación".

Los abogados de los denunciados apelaron esa decisión porque, entre otros argumentos, entienden que no están en igualdad de condiciones para interrogar a la adolescente, ya que aún no accedieron a las declaraciones de otras víctimas, algo que todavía se mantiene bajo reserva.

Pero además sostienen que el caso no debería estar enmarcado en esa ley, en cuyo artículo 80 se dispone además que si el juicio culmina con una condena "se dispondrá una reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a doce ingresos mensuales del condenado, o en su defecto doce salarios mínimos, sin perjuicio de su derecho a seguir la vía procesal correspondiente para obtener la reparación integral del daño".

Según informó El País este miércoles, la Fiscalía puede solicitar el embargo de los bienes de los indagados en función de la posibilidad de obtener esa indemnización. Viera dijo a El Observador que la Fiscalía de Delitos Sexuales siempre pide a la Justicia que se aplique esa sanción pecuniaria, y que solicitar el embargo, aunque es algo que "no ha sido evaluado" hasta el momento, es una posibilidad. 

"El embargo es algo que podemos pedir en cualquier momento, pero me parece que con este tema se está tratando de crear un manto de sospecha por el cual se quiere hacer pasar a la Fiscalía como que lo único que le importa es obtener el dinero", afirmó.

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