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Condenado por Operación Océano denunciará a principal víctima por extorsión

El hombre, que aceptó un acuerdo abreviado con la Fiscalía, insiste en que quedó impune un delito de extorsión en su contra. Lo presentará en Maldonado, donde sucedieron los hechos

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04 de diciembre de 2022 a las 05:00

Uno de los condenados a través de un acuerdo abreviado por la Operación Océano presentará una denuncia por extorsión en contra de la principal víctima el próximo miércoles. Se trata del hombre apodado “el Paraguayo”, por sus frecuentes viajes a ese país, según dijeron a El Observador fuentes al tanto del caso. También denunciará a otra joven, que al momento de los hechos tenía 18 años y que, en la teoría del caso de la defensa de los imputados, oficiaba de proxeneta de aquellas que eran menores de edad.

El condenado fue “piedra angular” del caso. Cuando lo detuvo la Policía de Maldonado con estas dos jóvenes –a las que ahora denuncia– en su auto y la mayor lo señaló por haber “violado” a la menor, él les hizo una denuncia por difamación que nunca prosperó. El Paraguayo también se había visto con Aldana Bonsignore, otra de las víctimas de la Operación Océano que se suicidó y se incluyó en la constancia de ese caso.

Cuando la menor apareció ahogada en marzo de 2020 se revisó su celular, se trianguló la información con la denuncia del Paraguayo y así surgió la causa, que luego tuvo varios capítulos.

Inicialmente se lo imputó por haber tenido vínculo con Bonsignore y con la principal víctima. “Él admite el desacato, entiende en qué consiste el delito de promesa y retribución, pero sostiene que se lo indujo al error porque él las conoce por páginas para adultos y él concurre al hotel Dazzler en el que les solicitaron las cédulas de identidad y que en su relato daban crédito de su mayoría de edad. Hay una mayor de edad que los indujo al error”, dijo su anterior abogado, Santiago Alonso en mayo. El desacato al que refería Alonso es a que su expatrocinado quiso grabar una de las audiencias judiciales.

Él, que siempre fue considerado de los más comprometidos en la investigación, consiguió un acuerdo abreviado a tres años y tres meses de penitenciaría. Quince meses de prisión efectiva –de las que ya se computaron 12 por las medidas cautelares que tuvo que cumplir–, 12 de prisión domiciliaria y otros 12 en libertad vigilada.

En la denuncia que presentará el miércoles en la Fiscalía de Maldonado –a la que accedió El Observador– recopila varios chats utilizados en la causa en la que la principal víctima lo invita a salir. Según indica el texto, es la menor quien lo contacta en primera instancia y le dice que tiene a una amiga para presentarle, la otra denunciada, que ya en ese entonces era mayor de edad.

El 28 de noviembre de 2019, ellas contactan al condenado para ir a cenar en Punta del Este y la mayor lo acusó de haber violado a su amiga menor –principal víctima–. Contaban con un video del condenado y la menor teniendo relaciones sexuales. Con lo que, según la teoría del caso del hombre, lo iban a extorsionar.

La denuncia dice que antes, ellas se habían tomado una botella de vino blanco. Él no porque no toma alcohol.

“Le dije que nos llevara a mi casa y que nos pagara por nuestro silencio, si no, íbamos a hacer la denuncia”, declaró la joven mayor de edad en la Policía esa noche, según recoge la denuncia.

Cuando la oficial de Maldonado le preguntó por qué grabó la situación en vez de ayudar a su amiga, contestó: “Para que hayan evidencias, porque me parece rara la situación y que podía pasarle a otras menores”.

En 2020 la joven mayor de edad declaró que consumía drogas y que ejercía la prostitución. Además, la denuncia recoge varios chats que la Fiscalía utilizó en su acusación contra los otros imputados que no formularon acuerdos de condenas. Entre ellos, algunos en los que la principal víctima “aconseja” a otras cómo estar con hombres mayores a cambio de dinero. A los ojos de la defensa del condenado, ello prueba que era experimentada en el “negocio sexual con mucho manejo (...) al punto que es la instructora de otras chicas a quienes las guía e instruye dándole todas las instrucciones para captar clientes y pasarse por mayores de edad, y de la forma de engañar a sus clientes”. A su vez, recordó que en varios casos, como fue el de su cliente, presentaron cédulas falsas.

El único que estuvo preso

Este imputado fue el único que estuvo preso por la Operación Océano. Lo estuvo preventivamente durante nueve meses, bajo el argumento de que existía riesgo de fuga, a pedido de la fiscal del caso Darviña Viera. Entendía que por sus frecuentes viajes a Paraguay, si salía, podía huir hacia allí y sustraerse del proceso. En junio, cuando ya había firmado el acuerdo abreviado que no suponía más prisión, fue puesto preso por error. El hombre no entendía lo que pasaba. Fue trasladado al penal de Punta de Rieles, donde pasó ocho horas en la Unidad de Diagnóstico y Derivación. Su falta de comprensión tenía sentido: se trataba de un error de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), que se subsanó cuando su abogado se presentó en el juzgado y pidió que arreglaran el inconveniente. Luego de eso, retornó a su casa.

Cómo sigue el caso

Nueve de los 32 imputados aceptaron un acuerdo abreviado en el que asumían su culpabilidad, a cambio de una rebaja de hasta un tercio de la pena. Otros 11 irán a juicio y el resto fue sobreseído. El juicio oral está dilatado por un recurso de inconstitucionalidad que presentaron los abogados de los 11 imputados y que aún está a consideración de la Suprema Corte de Justicia.

Según supo El Observador, está al análisis del último ministro y está previsto que la decisión se conozca en febrero. En el documento, las defensas replican chats entre las víctimas que, entienden, prueban que había una “organización conformada por jóvenes mayores y menores de edad, de una activa y desarrollada vida sexual precedente, que ofrecían sus servicios a cambio de dinero infiltrándose en redes sociales exclusivas para adultos”.

Así, pidieron la inconstitucionalidad de cuatro artículos. Dos del propio Código del Proceso Penal, uno de la ley de violencia sexual contra niños y adolescentes y uno de la ley de violencia de género.

 

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