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Operación Océano: audiencia con debate, denuncias y medidas
Siete horas de audiencia. 21 abogados en representación de los imputados. 18 víctimas representadas por sus abogados. El equipo de fiscalía encabezado por Darviña Viera, y tres funcionarios del Poder Judicial que se encargaban de acercar el micrófono a cada abogado que pedía hablar. Así trascendió la audiencia histórica en la que la justicia dispuso el levantamiento de parte de la reserva de la denominada Operación Océano para que los abogados que representan a los imputados por el pago o promesa de retribución a menores para mantener relaciones sexuales, contribución a la explotación sexual y proxenetismo, puedan acceder a los chats que las víctimas mantenían con sus clientes, algo que venían reclamando para ejercer su defensa.
El levantamiento del secreto permitirá a los abogados acceder a los chats de la principal víctima con los imputados.
Tras la audiencia, Ignacio Durán, otro de los abogados celebró la decisión adoptada por la Justicia. “No hemos contado con ningún tipo de información, entonces ejercer el derecho de defensa en esa situación fue bastante complejo”, dijo en rueda de prensa.
Todos los abogados defensores de los imputados recibirán la carpeta de la fiscal Darviña Viera entre el lunes y el martes de la semana próxima.
Además, casi la mitad de lo que duró la audiencia se tomó para debatir si se pude como prueba anticipada a la declaración de una de las víctimas. El abogado Alejandro Balbi planteó en la audiencia que una de las víctimas, considerada “la principal” víctima ya es mayor de edad y por lo tanto está legalmente habilitada para declarar en audiencia. Eso permitiría que los abogados la pudieran interrogar.
El CPP habilita al fiscal, el defensor y la víctima o sus familiares, a solicitar el diligenciamiento de prueba en forma anticipada en determinados casos y uno es declaración de víctimas de delitos sexuales.
Además, se prorrogaron las medidas cautelares dispuestas para la mayoría de los indagados, como la prohibición de salir del país, la fijación de un domicilio, y la prohibición de comunicación con las adolescentes.
Denuncia
La abogada Cecilia Salom, defensora del exdiputado colorado Nicolas Ortiz, planteó reparos a la actuación de la fiscal Viera en el caso por sus declaraciones a los medios y presentó un listado con la cantidad de veces que dio entrevistas. Según dijeron a El Observador fuentes del caso, el planteo fue apoyado por otros abogados presentes en la audiencia.
La reacción de la fiscal no se hizo esperar y respondió que no violó la ley orgánica ni la reserva del caso.
Audiencia especial
A diferencia del resto de las instancias penales que se realizan en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, el Poder Judicial adaptó una sala del edificio que se encuentra frente a la Suprema Corte de Justicia que tiene una capacidad de 150 personas, y de esta forma se respetaron las medidas de distanciamiento social que deben implementarse a raíz del coronavirus.
El vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, explicó que la audiencia fue cerrada a la prensa ya que la Fiscalía planteó la necesidad de preservar la identidad de las víctimas. “A efectos deo exponer a estas personas la jueza aceptó que todas las audiencias fueran reservadas”, dijo.
Para los imputados hasta el momento la Justicia definió como medida cautelar que durante 180 días fijaran domicilio y avisaran si lo modifican, la prohibición de acercarse a las víctimas a menos de 500 metros o de mantener cualquier clase de comunicación con ellas.
También se aplica lo previsto por el artículo 79 de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que define la inhabilitación a los imputados por delitos sexuales “para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia”.
La investigación lleva nueve meses y todavía quedan dos personas por ser capturadas, un argentino y un brasileño requeridos por la Justicia. El número de las víctimas aumentó luego de que la Fiscalía habilitara una línea telefónica –091 507 531– y se obtuvieran testimonios de varias menores, por este caso y otras investigaciones que se abrieron. l
