Abogados prevén alta demanda de concursos de acreedores a raíz de la crisis por coronavirus

Según informó el organismo a través de un comunicado, durante el primer día se reservaron más de 4.000 citas presenciales en todo el país. La agenda se estructura entre los trámites exclusivos para vencimientos y otro para el resto de los asuntos.

Profesionales del área consultados por El Observador prevén una sobredemanda a raíz de la crisis desatada por el covid-19. especialmente por las empresas que se presentarán a concurso de acreedores, y luego que el Poder Judicial informara que la mayor demanda en la agenda web fue para la oficina de los Juzgados Letrados de Concurso de 1º y 2º Turnos, que el primer día de registro tuvo 123 reservas. Esta tendencia continuó el resto de la semana, según supo El Observador en base a fuentes judiciales.

Alejandro Pintos, abogado de la firma Ferrere, prevé que los juzgados civiles estarán recargados a raíz de juicios vinculados a la cadena de pago "quebrada" e incumplimientos de contratos. Al respecto, sostuvo que los demandados puede recurrir a la "causa de fuerza mayor", que imposibilita el cumplimiento de los contratos. "El alcance de la pandemia es único. Va a poner a prueba viejos conceptos, como el tema de la fuerza mayor llevado a un contexto muy raro como este", reflexionó.

Como ejemplo, Pintos explicó que hay casos en los que una empresa contrató un suministro pero el proveedor no lo entregó. "Es un caso típico en la construcción, o cuando una compañía suspendió los servicios que le prestaba a otra. Muchos suministros vienen de Asia y ahí hubo un quiebre en la logística porque aunque China producía los barcos no llegaban".

En este sentido opinó Gabriel Pérez Ramos, abogado del Estudio RXA, que también espera se multipliquen las solicitudes de concursos. "¿Qué pasa cuando una persona, un consumidor, arrendatario o comerciante no cumple con sus obligaciones por crisis del covid-19. Hay miles de hipótesis, podría haber causal de fuerza mayor o causa extraña no imputable, habría que analizar cada caso", se preguntó.

Pérez Ramos distinguió entre la exhortación y la obligatoriedad de prohibir las actividades comerciales. "Exhortar, ¿supone la imposibilidad total de incumplir obligaciones? Podría ser una razón de fuerza mayor", se preguntó.

Cuando una empresa se presenta a concurso, se realiza una clasificación y es posible determinar si la imposibilidad de pagos se debe a una circunstancia ajena a los propietarios de la empresa. Al respecto, el abogado dijo que a raíz de la pandemia es importante analizar si "no se pudo evitar la situación" ya que al respecto "no debería tener consecuencias en el patrimonio de los directores", señaló.

Según Pérez Ramos, cuando se celebran contratos debe haber "buena fe", por lo que aconseja un "actuar criterioso" y "volver a negociar las deudas". "Tampoco es sano que haya una avalancha de solicitud judiciales, ya que los jueces van a multiplicar su trabajo y los recursos humanos pueden ser escasos", apuntó.

Soluciones intermedias

Durante este período de excepcionalidad se atendieron situaciones urgentes en todos los juzgados. Sin embargo, las causas que venían de tiempo atrás no lograron avanzar ya que las audiencias fueron canceladas.

En derecho comercial se presentaron asuntos donde existía un "alto riesgo de perder el derecho", comentó Pintos. Entre los casos que se atendieron, se dispusieron medidas cautelares si una persona corría riesgo de enajenar sus bienes. 

"Tampoco se pudieron realizar cobranzas, cheques ni vales. La cadena de pagos se cortó", explicó. En este sentido, Pintos dijo que hay "expectativa" sobre el funcionamiento de los juzgados de concursos, ya que estima que habrá varias solicitudes.

Los juicios por contratos que se ejecutaron antes de la pandemia se vieron afectados. Valeria Techera, abogada de Posadas, Posadas & Vecino contó uno de esos casos. "Un deudor concursado afectó bastante porque el 13 de marzo empezaba a correr el plazo para que quedara firme el convenio de acreedores, estimamos que a mediados de abril iba a estar firmado y ahora el plazo se corrió hacia fines de junio y están funcionando con un síndico", sostuvo. 

Esto se debe a que el último día de abril se aprobó en el Parlamento el proyecto de ley que suspendió los plazos procesales durante la feria judicial sanitaria que fue presentado por el Colegio de Abogados, ya que se entendía que se debía brindar "certeza y seguridad jurídica" durante este período, que carecía de un respaldo legal en cuanto al funcionamiento.

Techera también aconsejó renegociar con los deudores, ya que concursantes o no, para evitar la concurrencia masiva a los juzgados. "Poniéndose en el lugar de los acreedores, no sé que se logra intimando al deudor si despu´pes es posible que no pueda cobrar a raíz de esta situación", resaltó.

La ley establece que una empresa debe presentarse a concurso en caso de insolvencia. Sin embargo, hay una solución legal anterior, explicó la abogada. "Hay un acuerdo de reorganización extrajudicial, una instancia previa donde se busca el acuerdo con los acreedores y se homologa para evitar ir a concurso. Es una herramienta que puede tener utilidad".

Desalojos

En el mediano plazo se prevé que aumenten los desalojos de inmuebles. La abogada Andrea Rodríguez Pintos dijo que a pesar de la exhortación del Comité Departamental de Emergencias a no desalojar personas o familias que no puedan cumplir con el pago de obligaciones asumidas, no hay "ninguna reglamentación" que disponga esta medida, por lo que se seguirán aplicando "las mismas leyes".

Para la abogada, el "condimento" que se agregará a los juicios de desalojo serán las excepciones por covid-19. "Cuando iniciamos un desalojo, se le da un plazo de diez días a la contraparte para que oponga excepciones lo que es su derecho a defensa. Generalmente las excepciones se tienen en cuenta. (El covid-19) Lo vamos a usar como defensa porque es un problema que tiene muchas aristas, más allá de que no haya reglamentación.

En este caso, explicó que es difícil apelar a la "buena voluntad del arrendador" ya que en algunos casos esa persona "vive del alquiler" y no recibir el pago puede dificultar su situación económica.

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