Entre los agentes marítimos uruguayos ya se volvió carne la idea de agachar la cabeza y concederle la victoria a Argentina, a través de la firma de un convenio que asegure la “reserva de carga” que reclame el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a cambio de levantar la prohibición de realizar trasbordos de exportaciones de ese país en puertos uruguayos.
Por la vía de los hechos, esa norma “ilegal” que adoptó la Secretaría de Puertos y Vías Navegables postró al puerto capitalino, que esta semana ya comenzó a ver los primeros efectos que amenazan su viabilidad como centro concentrador de cargas regionales.
El Centro de Navegación (Cennave) evaluó ayer con sus asociados las alternativas existentes en un contexto de falta de información acerca de las gestiones que emprende el gobierno uruguayo.
“La posición del Centro de Navegación es que no hay otra salida más que la negociación. Se rompieron los puentes y hay recomponerlos”, dijo Mario Baubeta, presidente del Cennave.
Baubeta agregó a El Observador que, según las instrucciones que llevaba el delegado uruguayo ante el grupo de transporte marítimo del Mercosur, el gobierno presentaría en la reunión que se celebró el martes en Caracas “una queja por las disposiciones argentinas” y la intención uruguaya a “renegociar el acuerdo multilateral” que está en consideración desde 2005.
Ese acuerdo es el que dispone la reserva de cargas, que implica que los servicios de trasporte de mercaderías entre puertos del Mercosur debe realizarse con buques de bandera de alguno de los países miembro. La postura cuenta con el visto bueno de Argentina, Brasil y Paraguay, y estaba previsto que Venezuela tomara posición afirmativa en esta instancia. No obstante, la norma siempre contó con la negativa de Uruguay por no contar con flota mercante, y necesita el consentimiento de los cinco países para ser suscrita.
“Apoyamos que se renegocie”, dijo Baubeta en nombre de Cennave, al tiempo que mencionó que deberá evaluarse posteriormente cómo se posicionará el gobierno si la suscripción del acuerdo implica que se entorpezca la negociación de un acuerdo comercial con la Unión Europea, que rechaza preferencias en el transporte marítimo.
Por su parte, el vocero de Terminal Cuenca del Plata (TCP), Fernando Correa, dijo que se debería establecer un marco de negociación con el bloque regional “para acordar la reserva de carga que permita, con las excepciones que el Estado entienda, que Uruguay pueda seguir prestando servicios logísticos”. De lo contrario, afirmó Correa, la “única opción” que le queda al puerto de Montevideo y a todas las inversiones que se realizaron por parte de agentes privados es que Uruguay “salga del Mercosur”. TCP, el mayor operador de contenedores del puerto de Montevideo, “no puede sobrevivir” si persiste la medida argentina.
Correa señaló que “en un mes” la terminal pasará a dar servicios exclusivamente de importación y exportación de mercaderías para el mercado local, lo que representa 40% de la operativa de la terminal especializada.
El operador ya perdió los tres servicios feeders que mantenía con puertos del sur argentino, que representan unos 5.000 contenedores. Además, comunicó que las líneas regionales que conectaban con los puertos argentinos del río Paraná también se cortaron. Como ejemplo, Correa señaló que el buque de Maersk que arribó a la terminal el martes se fue con 250 contenedores cargados cuando normalmente lo hacía con “entre 800 y 1.000”.
Baubeta dijo por su parte que los armadores oceánicos que recalaban en Montevideo “ya han determinado los tránsitos en Río Grande” en el sur de Brasil. “Hay líneas oceánicas que decidieorn hace rlos tránsitos en Río Grande. Maersk puede ser uno de los que se vaya” a ese puerto, señaló.
