Amaral lanza una pregunta: ¿quién me repara por lo que sufrí?
Procesado en 2014, fue absuelto en 2015 por un tribunal de apelaciones
Hay un sitio en internet que se llama Corrupción Uruguay en el que Gerardo Amaral todavía consta como uno de los dirigentes políticos procesados por la Justicia. Hay sociedades científicas de las que, como médico, participaba el exintendente de Treinta y Tres, y a las que ya se le hace difícil volver. Hubo días de cierta zozobra familiar de los que ya no se va a olvidar pese a que en aquel entonces contó con la confianza de su gente más cercana.
Amaral dice que el daño ya está hecho y que difícilmente sea reparado en toda su dimensión por más que en los últimos días un tribunal de apelaciones revocó el procesamiento sin prisión que la Justicia había dictaminado en marzo de 2014.
“Esto se transforma en un problema para toda la familia, para los amigos... nos pega en nuestra tranquilidad personal. Era complicado continuar el relacionamiento con sociedades científicas que, por más que nunca me expresaron ningún reparo, veían cómo me escrachaban por internet”, dijo Amaral a El Observador.
Además de haber sido intendente de Treinta y Tres entre 2005 y 2010, el médico socialista integró la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis y la Asociación Latinoamericana de Diabetes, y fue nominado como miembro de honor de la Sociedad Cubana de Aterosclerosis. También presidió la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Pero en marzo de 2014, Amaral dejó pasar más de una oportunidad de participar en esos foros. “Me pareció que no correspondía hacerlo hasta que todo se aclarara. Me perdí de muchas cosas. Mis hijos veían cómo su padre era escrachado en la prensa. Sus amigos les preguntaban qué había pasado y eso es tremendamente doloroso, aunque mi familia siempre creyó en mi inocencia”, recordó Amaral.
Al inicio del año pasado la jueza Mariela Tejera procesó sin prisión a Amaral por irregularidades en las obras de refacción de la Casa de la Cultura de Treinta y Tres.
La jueza le imputó el delito de “conjunción de interés personal y público”, ya que contrató a una empresa a la que estaba vinculado el marido de una empleada de la intendencia.
La fiscal que pidió el procesamiento señaló que la contratación, por US$ 100.000, constituyó un acto delictivo en virtud de que el marido de la jerarca municipal, que actuaba como asesor de la empresa constructora, también se había desempeñado en un cargo de confianza política al inicio de la administración de Amaral.
La denuncia del hecho la había presentado en 2010 la Junta Departamental de Treinta y Tres, después de que un documento de la Junta de Transparencia y Ética Pública llegara a la conclusión de que Amaral se apartó “de las normas y principios imperantes en materia de conducta en la función pública”.
Citado por los ediles de la oposición, Amaral había asegurado que adoptó las medidas necesarias para que la funcionaria casada con el asesor de la empresa contratada no participara en ninguna instancia de la licitación de las obras.
Tras el fallo absolutorio del Tribunal de Apelaciones, el abogado de Amaral, Gonzalo Crizul, explicó que el argumento para exculparlo fue que “si bien pudo haber alguna irregularidad administrativa, eso está muy lejos de ser un delito”.
Amaral reconoce que tal vez pudo “haber hecho mejor” aquel contrato que le causó tantos problemas, pero dice tener la tranquilidad de que no hubo daño para las arcas municipales.
“Yo tenía la gran preocupación de que los jóvenes de Treinta y Tres que me conocían, y me sabían honesto, creyeran que cualquiera podía ser vulnerable aunque hiciera las cosas bien. Y eso le hace mucho mal a la política. Cuando una persona es buena, sea del pelo político que sea, hay que preservarla”, entiende Amaral.
Para el exintendente, el fallo del tribunal de apelaciones demuestra que la Justicia “se da a sí misma la posibilidad de corregir errores”. Pero, insiste, desde aquel marzo de 2014 a este marzo de 2015, dejó muchas cosas por el camino y no hay reparación judicial que valga para recuperar lo perdido.
