Antel revocó presupuestación de 857 funcionarios contratados

La medida original, adoptada el pasado 7 de mayo, le costó el cargo al novel presidente de la empresa, Guillermo Iglesias, y una "observación" del Poder Ejecutivo, pero no se había podido corregir hasta el momento por la acefalía en la conducción del ente.

El 19 de mayo, cuando se enteró de la presupuestación, el presidente Luis Lacalle Pou dispuso la renuncia del jerarca y firmó junto al ministro de Industria, Omar Paganini, una resolución observando la medida "por inconveniente" y exhortando a dejarla sin efecto.

A la renuncia de Iglesias se le había sumado luego la del director nacionalista Gustavo Delgado, y eso llevó a que el gobierno tuviera que designar autoridades provisorias para "asegurar el normal funcionamiento" del ente.

Para ello se nombró al presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, como presidente también de Antel, y a la presidenta de UTE, María Silvia Emaldi, como directora. Ambos ya contaban con venia del Senado y por eso podían ser designados como directores interinos de otro ente.

El Ejecutivo justificó la necesidad de dar marcha atrás aludiendo a "la situación de elevado déficit fiscal, así como la presión tributaria que pesa sobre la población derivadas del excesivo gasto público". Si bien los trabajadores abarcados ya son funcionarios públicos, y la presupuestación no suponía aumento de erogaciones, el cambio de estatus sí implicaba una mayor inamovilidad y el gobierno lo evaluó como "inoportuno" y falto de "sensibilidad" en medio de una crisis que ha golpeado a centenares de miles de uruguayos.

Además, las autoridades entienden que había una "instrucción muy clara" de austeridad y que el pasaje de contratos a presupuestaciones merecía un estudio "caso a caso" y que no se podía realizar "al barrer".

La decisión de dar marcha atrás con la presupuestación es resistida por el sindicato de Antel (Sutel), que denunció "mentiras y falacias" en la argumentación del gobierno y analiza llevar la situación a juicio.

El presidente del sindicato, Gabriel Molina, dijo a El Observador que desde el 7 de mayo "hubo muchos compañeros que presentaron la documentación y firmaron la nueva documentación laboral para presupuestarse" y que eso podía dar lugar a reclamos.