Aratirí: otro de los paquetes explosivos que Mujica le dejó a Vázquez

La regasificadora en Puntas de Sayago, la renovación de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) y el puerto de aguas profundas que estaba directamente vinculado a la instalación de la minera Aratirí eran los tres proyectos a los que se refería Mujica. Pero a un año y medio de que finalice el gobierno de Tabaré Vázquez, los proyectos que Mujica había dejado "atados" se desanudaron y le traen dolores de cabeza al gobierno de Vázquez.

Este miércoles el mandatario informó a radio Sarandí que los inversores de la empresa Aratirí demandaron a Uruguay por US$ 3.536 millones y el Estado deberá enfrentar un nuevo litigio internacional.

El gobierno está preparando la defensa, que deberá presentar antes de setiembre, y para eso el domingo viajará una delegación con integrantes del Poder Ejecutivo a reunirse con el abogado, Paul Reichler, miembro del estudio Foley Koag, que asesorará a Uruguay en esta demanda y que ya defendió al Estado en otros tres juicios: contra la tabacalera Philip Morris, contra Argentina por la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos y el que inició la empresa estadounidense de telecomunicaciones Italba, a la que el gobierno uruguayo le revocó en 2011 autorizaciones para operar por incumplimiento en la transmisión de datos.

En julio de 2017 los inversores presentaron una solicitud de arbitraje ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Cnudmi (o Uncitral, por su sigla en inglés), según informó el semanario Búsqueda en ese entonces. En la solicitud de arbitraje se presenta un documento corto explicando los motivos por lo que se da ese paso. Pero recién el pasado 3 de julio fue que presentaron la memoria donde detallan todos los argumentos y el monto de la demanda. El juicio final tendrá lugar a mediados de diciembre en París y ya están designados los tres jueces (uno por cada parte y un tercero neutral) y el administrador de la Corte de París, explicó Vázquez.

La demanda fue presentada por los inversores del proyecto que son los ingleses Ritika Mehta, y Prenay y Vinita Agarwal y no directamente por la empresa Aratirí (Zamín Ferrous) que pertenece a un grupo económico indio, según dijeron a El Observador fuentes vinculadas al caso. Por eso la demanda es por un presunto incumplimiento del Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Oriental del Uruguay.

La demanda es por el cambio de condiciones para el desarrollo del proyecto, según explicaron las fuentes. Los dos principales puntos del documento presentado por los inversores están relacionados con el cambio de ubicación del puerto, en el que la empresa iba a invertir y que iba a ser utilizado para la exportación de hierro extraído, y la aprobación de la ley de megaminería.

En ese sentido los inversores afirman que "el gobierno implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el proyecto, y de forma retroactiva", en relación a la ley de megaminería que fijó nuevos topes al negocio minero, según la notificación de arbitraje difundida en julio de 2017.

El puerto que iba a utilizar la empresa, en tanto, iba a instalarse inicialmente en La Angostura (Rocha), en un predio del Ministerio de Defensa. Sin embargo, el gobierno de Mujica decidió llevar el proyecto a La Paloma, también en Rocha, para poder instalar un puerto de aguas profundas.

"Luego de que los inversores gastaran decenas de millones de dólares diseñando el puerto en ese lugar y haciendo todos los estudios del caso, el gobierno decidió unilateralmente que el puerto del proyecto debía ubicarse en otro lugar, en el que el gobierno quería desarrollar un puerto de aguas profundas. La compañía mostró su buena voluntad y, a pesar de los gastos adicionales y el retraso que conllevaba, cambió la ubicación del puerto", dice la notificación difundida en julio de 2017.

Pero luego el gobierno volvió a cambiar su posición y derogó las regulaciones que había aprobado sobre el puerto de aguas profundas. "Cuando la compañía solicitó que se volviera al plan original propuesto por el gobierno, el Ministerio de Defensa se rehusó a permitir el uso de aquel lote a ese efecto", agrega el texto difundido.

La firma de origen indio presentó un proyecto en 2011 con el objetivo de instalar una mina en Valentines (Florida) para extraer en promedio unas 18 millones de toneladas de hierro anuales durante 30 años. Sin embargo, en noviembre de 2014 luego de varias negociaciones con la empresa y una caída importante del precio del hierro a nivel mundial, el gobierno descartó firmar un contrato. Entre otras cosas, Aratirí nunca logró que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) le otorgue la habilitación ambiental. Sin la minera el puerto de aguas profundas proyectado por el gobierno de Mujica carecía de sentido.

En el gobierno hay tranquilidad y están convencidos de que Uruguay ganará el litigio. "Estamos convencidos que así como antes ganamos litigios internacionales (en referencia a la victoria ante Philip Morris), volveremos a triunfar porque el país hace años que viene trabajando y blindándose para enfrentar esta instancia", afirmó Vázquez en diálogo con radio Sarandí.

En el momento que la empresa presentó la solicitud de arbitraje, desde el gobierno dijeron a El Observador que "el Estado uruguayo ha sido contemplativo con Aratirí, y no se pudo avanzar en un contrato porque la empresa nunca presentó las garantías financieras que la ley minera exige. Dentro de esas garantías la empresa tenía que mostrar que era solvente, lo que nunca ocurrió".

"La regasificadora se va a decidir en estos días y eso tiene que ver con la disponibilidad de energía en Uruguay y que va a estar iniciada y probablemente ya trabajando", dijo Mujica en abril de 2013. Pero los hechos no le dieron la razón al expresidente y a más de cinco años de aquella afirmación el proyecto nunca comenzó a funcionar y fue completamente descartado por el gobierno.

En mayo de este año, luego de varios intentos de modificar el proyecto, las autoridades decidieron ponerle punto final a Gas Sayago, empresa creada para desarrollar la regasificadora y cuyo paquete accionario pertenece en un 81% a UTE y otro 19% a ANCAP. La idea es vender los activos (estudios y un gasoducto que ya fue construido) que tiene la empresa.

El proyecto original era un barco regasificador que iba a ser alimentado por buques gaseros que proveerían a la planta de gas natural congelado para que éste sea luego procesado y distribuido para uso local.

El otro proyecto que Mujica tenía planeado encaminar durante su gobierno era un "trabajo a fondo en el ferrocarril con algunos tramos reconstruidos y ferrocarril nuevo".

Tres años después de ese anuncio, en enero de 2016, la carga transportada por AFE llegaba a un mínimo histórico. Los datos oficiales a los que accedió El Observador en aquel momento indicaban que enero de 2016 fue el peor mes desde que se llevan registros, medido en toneladas transportadas.

La caída en los primero 31 días de 2016 comparado con el mismo período de 2015 fue de 27% (36.676 toneladas contra 50.345 del mismo mes del año pasado). Hasta entonces el peor registro era de 1972 cuando se transportaban, en promedio, 62.500 toneladas por mes.