Argentina, entre el “impuesto a los ricos” y el tabú del recorte al empleo público

Para los argentinos de orientación liberal, en alerta máximo por la exacerbación de medidas intervencionistas, nuevamente Uruguay aparece como ejemplo de país sensato. Y las menciones al video de Lacalle en los medios fueron aumentando en proporción directa con la aparición de propuestas para implantar nuevos impuestos en Argentina. Era inevitable que, con la economía paralizada por la cuarentena y con reclamos acuciantes por parte de trabajadores que habían perdido su ingreso, surgieran proyectos tendientes a una redistribución del ingreso.

Uno de los que hizo más ruido fue titulado “Impuesto Patria”, surgido en usinas cercanas al kirchnerismo, y proponía gravar con una tasa de 1,25% a quienes tuvieran patrimonio superior a los 10 millones de pesos. Al tipo de cambio oficial, eso equivale a unos US$ 150 mil, el precio de cualquier departamento de tres ambientes en un barrio de clase media porteño.

La polémica respecto del Impuesto Patria fue breve pero intensa. Desde el propio gobierno se ordenó desactivar el tema, que implicaba el riesgo de generar la irritación de la clase media, justo en un momento en el que se empezaba a generar un incipiente movimiento de caceroleo para reclamar que los políticas se rebajaran su sueldo.

Sin embargo, lo que sí se mantuvo fue la intención de establecer un impuesto que alcanzara al “1% más rico”, una propuesta que, en el nuevo contexto internacional, aparece legitimada por el hecho de que en varios países del mundo desarrollado se está impulsando tributos especiales durante la emergencia.

El propio Alberto Fernández confirmó que apoyaría un proyecto legislativo con ese foco, y justificó que se trata de una situación de solidaridad por parte del sector más privilegiado de la sociedad. El presidente venía de protagonizar un duro enfrentamiento con los mayores empresarios del país, a quienes calificó como “miserables” por ordenar despidos en plena cuarentena.

En particular, la pelea tuvo como protagonista a Paolo Rocca, número uno del Techint, el mayor conglomerado industrial argentino. Rocca, heredero del grupo siderúrgico con presencia internacional, suele aparecer en los listados de Forbes donde se enumera a los hombres más ricos del mundo.

El blanqueo revelador

El presidente se cuidó de tomar distancia de otras propuestas que apuntaban a gravar a aquellos que adhirieron al blanqueo voluntario de capitales no declarados, realizado en 2016 a instancias del gobierno de Mauricio Macri. Como el blanqueo se hizo por ley y establecía expresamente que los fondos ingresados al país en el marco del blanqueo no podrían ser expropiados ni gravados con impuestos específicos, cualquier iniciativa en ese sentido sería considerada inconstitucional.

Sin embargo, lo que sí se está haciendo es aprovechar la base de datos que le quedó a la Administración Federal de ingresos Públicos para analizar cuál es el universo que podría ser objeto de un impuesto a las grandes fortunas (y en el que, naturalmente, entrarían casi todos los adherentes al blanqueo). Es otro aspecto polémico, dado que la identidad de los adherentes al blanqueo es secreta, también según se estableció por ley.

Pero el clima político en plena cuarentena parece propiciar medidas de este tipo. Y algo que ayudó a instalar un ambiente favorable fue un informe, con datos de la OCDE, en el que se revela la existencia de cuentas bancarias y bienes no declarados de argentinos en el exterior. Más concretamente, 950 cuentas por montos superiores al millón de dólares, y que totalizan un monto de US$ 2.600 millones nunca declarados como bienes personales ante la AFIP.

La titular del organismo recaudador, Mercedes Marcó del Pont –la inventora del “cepo” cambiario y una de las ideólogas económicas del peronismo- destacó que la información de la OCDE ya estaba desde hace dos años en poder de los funcionarios de la gestión macrista, pero que nunca hubo voluntad política de avanzar en actos disuasorios ni punitorios.

“Nuestro objetivo fundamental es que esos impuestos que se eludieron, que se evadieron, vuelvan al fisco. Básicamente, ver qué surge de todos estos cruces que van a seguir”, dijo Marcó del Pont, quien además pondrá a disposición del Congreso la base de datos, como forma de ayudar a la creación de una base imponible para “un gravamen extraordinario a las grandes fortunas”.

De manera que los próximos días prometen ser ajetreados en un doble sentido: el establecimiento de castigos para los evasores y, además, el avance con el nuevo tributo para ayudar a que la economía sobrelleve la cuarentena.

Y un detalle que contrasta con la admiración que provocó entre los liberales la postura de Lacalle Pou es el hecho de que la gran mayoría de esas cuentas no declaradas están radicadas en Uruguay.

El “impuestito” y un déficit explosivo

El parlamentario argentino más ocupado en estos días es Carlos Heller, diputado del bloque kirchnerista. Fundador de un banco cooperativo cuyo eslogan es “la banca solidaria” y exvicepresidente de Boca Juniors antes de que Mauricio Macri llegara al club, Heller es un personaje polémico.

Cuando alguien le reprocha estar trabajando en un nuevo impuesto justo en un país que tiene una presión tributaria asfixiante sobre el sector privado, él recomienda leer los editoriales del Financial Times, en los que se recomienda que en tiempos de excepción ese tipo de medidas pueden ser positivas.

Recientemente protagonizó una dura disputa televisiva con José Luis Espert, economista liberal y excandidato a presidente, quien lo trató de “demagogo”. El propio Heller reconoció que no tiene todavía en claro cuál sería el potencial recaudador si se aplicara el 1,5% a las grandes fortunas. Pero, basándose en los datos surgidos del blanqueo, estimó que podría acercarse a unos US$ 3.000 millones.

Según Espert, la propuesta del “impuestito” implica apenas un intento de generar un hecho de importancia simbólica en el plano político, porque la magnitud de la crisis argentina hace que el potencial monto a recaudarse sea irrelevante. El economista calcula que el derrumbe de la actividad económica y, por consiguiente, de la recaudación impositiva, podría llevar a un déficit fiscal de hasta 10 puntos del PIB.

El dato está encendiendo luces de alarma por la potencial bomba inflacionaria que puede implicar la financiación del déficit a pura emisión monetaria. Es en ese marco que empiezan a escucharse reclamos por parte de economistas en el sentido de recortar el gasto público. Y nuevamente hay quienes miran a Uruguay en busca de inspiración: se empieza a hablar de la necesidad de un recorte en los salarios de los empleados públicos, que en Argentina son unos 4 millones, si se suman los niveles nacional, provincial, municipal y empresas estatales.

De momento, ese tema sigue siendo un tabú para el gobierno, que no se anima a enfrentarse al enojo de esos empleados, muchos de los cuales componen la base de apoyo político del peronismo.

En cambio, todo indica que el establecimiento del nuevo impuesto a los ricos no debería tener mayores inconvenientes en conseguir una amplia mayoría parlamentaria, incluso con apoyo de parte de la coalición que acompañó la gestión de Macri.

En tanto, en el equipo económico están enfrascados en otro debate, de más difícil resolución: cómo hacer para que parte de los dólares que están fuera del sistema –en su mayoría, en cajas de seguridad o debajo del colchón- puedan volver voluntariamente y oxigenar una economía en crisis.

Las estimaciones indican que la cifra podría superar con holgura los US$ 300.000 millones, lo que implica que el ahorro de argentinos es prácticamente equivalente al PIB. Todo un desafío, si se tiene en cuenta que en estos momentos de crisis es cuando se reaviva el recuerdo de una historia de confiscaciones a los ahorristas.