Argentina pagará a sus acreedores sin importar resultado de juicio en Nueva York

El gobierno argentino presentó un plan alternativo en la disputa deuda en EEUU; Washington concuerda en que sentencia desfavorable pondría en riesgo reestructuraciones futuras

Argentina presentó en la noche del viernes a una Corte de Apelaciones de Estados Unidos una fórmula de pago alternativa para tratar de resolver su litigio con acreedores que poseen bonos impagos y que exigen que se les cancelen 1.330 millones de dólares.

En un documento ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, Argentina propuso compensar a la mayor parte de los acreedores que no participaron en dos canjes de deuda con bonos que incluyen una fuerte quita en el capital de los títulos que cayeron en "default" en el 2002.

La oferta se realizó bajos los mismos términos que se ofrecieron a los bonistas durante un canje de deuda del 2010, un acuerdo que ya fue rechazado por los tenedores de bonos impagos, que buscan el reembolso total de sus papeles de forma inmediata.

"La República está preparada para cumplir con los términos de esta propuesta rápidamente bajo la orden de la corte al presentar un proyecto al Congreso que garantice su rápida implementación", dijo Jonathan Blackman, abogado de Argentina en Estados Unidos.

El documento es el más reciente acontecimiento en el prolongado litigio que se deriva de la cesación de pagos de 100.000 millones de dólares en deuda soberana de Argentina en el 2002.

Cerca del 92 por ciento de sus bonos fueron reestructurados en el 2005 y 2010, en canjes en que los tenedores de deuda recibieron entre 25 a 29 centavos por dólar.

Pero quienes no participaron en el proceso, liderados por NML Capital Ltd de Elliott Management y Aurelius Capital Management, han luchado durante años por el pago completo de sus bonos. Argentina califica a estos fondos "buitres".

En octubre, el Segundo Circuito ratificó el fallo de un juez que consideró que Argentina había violado una cláusula en sus documentos de bonos que exigía que tratara a sus acreedores de manera equitativa.

El juez de distrito de Estados Unidos Thomas Griesa ordenó en noviembre a Argentina que deposite los 1.330 millones de dólares que debe a los tenedores de deuda en una cuenta en custodia antes de la fecha de su próximo pago a los inversores de deuda reestructurada.

La medida fue frenada temporalmente por la corte de apelaciones y, de ser aplicada, hubiera hundido a la tercera economía latinoamericana en un "default técnico", ya la justicia iba a embargar parte de los fondos con los que Argentina paga a sus acreedores Nueva York y depositarlos en la cuenta custodia.

CUMPLIMIENTO DE PAGOS
El sábado, el Gobierno argentino reiteró que, sin importar el resultado de la demanda, seguirá honrando su deuda.

"Argentina va a cumplir bajo cualquier condición, bajo cualquier instancia, los pagos a los tenedores de deuda que entraron al canje sea cual fuere el resultado (...) Argentina, de una manera u otra, va a pagar", dijo el vicepresidente de la nación sudamericana, Amado Boudou, en una conferencia de prensa.

Si el fallo le es desfavorable, Argentina aún puede apelar a la Corte Suprema, aunque las chances de que el máximo tribunal acepte revisar el caso son reducidas a pesar de que el Gobierno estadounidense respalda la posición del país latinoamericano.

Washington está de acuerdo con el argumento de Buenos Aires de que una sentencia desfavorable pondría en riesgo las reestructuraciones futuras de deuda soberana.

Los tenedores de deuda reestructurada también apoyaron a Argentina.

"Nuestra esperanza es que los demandantes finalmente se unirán al 92 por ciento de los acreedores que aceptaron esta oferta justa y equitativa y pondrán punto final a este difícil período", dijo Sean O'Shea, un abogado que representa al grupo de tenedores de deuda reestructurada que incluye a Gramercy Funds Management.

El Segundo Circuito escuchó una apelación contra la orden de depositar los 1.300 millones de dólares en una cuenta custodia el 27 de febrero. Dos días después, ordenó a Argentina que brinde detalles de "los términos precisos de cualquier fórmula de pago alternativa y calendario al que esté preparada a comprometerse".

El abogado Eugenio Bruno, del estudio Garrido, dijo que la propuesta de Argentina "está dentro de lo esperable por las limitaciones legales de ofrecer algo mejor que en 2010". La llamada "ley cerrojo" de Argentina le impide al país mejorar los términos de reestructuraciones anteriores.

Un fallo desfavorable podría obligar a Argentina a cambiar la jurisdicción de pago de sus bonos bajo legislación estadounidense y que son abonados a través del Bank of New York Mellon. Pero este proceso es complicado e implica contar con la aprobación de gran parte de los tenedores.

"No es fácil cambiar la jurisdicción de Nueva York, ya que se requiere la participación de la Depositary Trust Company con sede en Nueva York; y, si el cambio se hace en contra de un fallo judicial, la Cámara la podría bloquear e impedirla. También se requiere el consentimiento del 85 por ciento de tenedores o incluso unanimidad", explicó Bruno.

Boudou, en una conferencia de prensa en Buenos Aires junto al ministro de Economía Hernán Lorenzino y el secretario de Finanzas Adrián Cosentino, hizo una referencia a esta posibilidad.

"Argentina va a arbitrar los mecanismos para cumplir", explicó. "Sería un absurdo jurídico que se realice un bloqueo sobre un país que tiene la capacidad y la voluntad de pagar (...) Sería lisa y llanamente un bloqueo no permitir que Argentina cumpla con sus obligaciones", agregó.

Lorenzino dijo que tras el fallo de la corte de apelaciones se prevé que tenga lugar una apelación al máximo tribunal de justicia de Estados Unidos por cualquiera de las partes en disputa, lo que alargaría por meses la batalla legal.

NUEVA OPCION
En su presentación de 22 páginas en la noche del viernes, Argentina dijo que, bajo lo que llama la opción "Discount", los tenedores podrían recibir bonos de descuento que expiran en el 2033 con una tasa anual del 8,28 por ciento y una quita que les haría recibir cerca de 33 centavos por cada dólar de capital adeudado.

Los inversores "holdouts" también recibirían el pago de intereses adeudados en la forma de bonos globales con vencimiento en el 2017 que paguen un 8,75 por ciento al año, y unidades de derivados vinculadas al PIB.

En cambio, los minoritarios, que representan menos del 1 por ciento de la demanda en la corte de apelaciones, podrían optar por un título Par sin quita con vencimiento en el 2038, pero que pagan una tasa de interés inferior a los Discount.

Los bonos par pagarían intereses a una tasa que va desde un 2,5 por ciento a un 5,25 por ciento al año durante su vida, dijo Argentina.

Los demandantes también recibirían el pago inmediato en efectivo de los intereses pasados. También recibirían instrumentos derivados que brinden pagos cuando el producto interno bruto del país supera alrededor del 3 por ciento al año.

Blackman, abogado de Argentina, escribió que la propuesta, a diferencia de lo que llamó la fórmula de los "100 centavos por dólar de forma inmediata" que adoptó Griesa, "es consistente con la cláusula pari passu, los principios de equidad y la capacidad de la república para pagar".

Argentina sostuvo que la propuesta implicaba un beneficio "sustancial" para los "holdouts". NML, que dijo que pagó un estimado de 48,7 millones de dólares en el 2008 por su participación en los bonos, podría recibir 186,82 millones de dólares a través de la opción de descuento.

Eso se compara con los 720 millones en total que exige en el litigio, dijo Argentina.

Un portavoz de NML no respondió inmediatamente a un correo electrónico solicitando comentarios en la noche del viernes, mientras que una portavoz de Aurelius no se quiso referir inmediatamente a la propuesta.

Anteriormente esta semana, los "holdouts" lograron una victoria sobre Argentina cuando el Segundo Circuito negó una revisión completa de su fallo de octubre sobre la provisión de tratamiento igualitario.

Estados Unidos había apoyado a Argentina en la solicitud de la revisión, afirmado que la decisión del Segundo Circuito va "contra los tradicionales esfuerzos de Estados Unidos de promover la reestructuración ordenada de deuda soberana".

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