El gobierno argentino busca modificar el régimen de trabajo de los prácticos portuarios para generar libre competencia, mejorar la eficiencia y simplificar procedimientos. Esa posibilidad se planteó en Uruguay hace casi una década, hubo una resolución que apuntó en el mismo sentido, pero todo quedó igual.
La administración de Javier Milei analiza un proyecto de decreto para modificar el servicio de practicaje y pilotaje que tiene como objetivo mejorar la eficiencia de procedimientos logísticos para garantizar la agilidad y la competitividad. El texto plantea que el nuevo reglamento “sienta sus bases en la libre competencia y la adopción de estándares operativos y de seguridad más eficientes para el sector naviero”.
La posición del gobierno es que debe “prevalecer la protección de los derechos económicos de la sociedad, ya que ningún interés de naturaleza individual o sectorial puede imponerse sobre los intereses generales, siempre que las restricciones que se impongan no sean arbitrarias o irrazonables”.
El proyecto expone que ante la “existencia de denuncias en materia de defensa de la competencia, se considera necesario establecer mecanismos de transparencia tarifaria” para evitar conductas abusivas.
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Milei, sin experiencia política, ha logrado gobernar en minoría.
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La postura recibió la respuesta de la Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay (Rioprac) que calificó la medida como “inconsulta y arbitraria” y agregó que “cualquier modificación unilateral en su regulación podría tener consecuencias directas sobre la seguridad de la navegación en toda la región”.
Más allá de la crítica, es claro que la visión del gobierno argentino es que el régimen de prácticos portuarios es malo y debe ser cambiado. Y hay también algunas voces que afirman que las cosas no son muy diferentes a nivel local.
“Uruguay tiene exactamente los mismos problemas que Argentina”, dijo a El Observador el especialista en temas de competencia y docente del Ieem, Leonardo Veiga.
“Argentina se queja de que hay poca competencia entre los prácticos; en Uruguay no hay ninguna”, aseguró.
El experto explicó que los prácticos uruguayos se designan por turno y cada uno tiene una zona asignada. “Solamente trabajan en la zona que tienen habilitada y entonces el cliente no puede elegir al práctico que se va a subir al buque”, expuso.
La tarea consiste en asesorar al capitán de la embarcación para ingresar de manera correcta a un puerto. Para realizar ese trabajo, el práctico utiliza una lancha que lo traslada hasta el barco que necesita de su servicio.
Pero allí se da una situación particular. “Muchas veces exigen a las compañías que se utilicen determinadas lanchas que son de su propiedad. Entonces, esa es una forma con la que incrementan aún más sus ingresos”, dijo Veiga.
El caso de los prácticos en la Comisión de Defensa de la Competencia
Muchos de estos aspectos fueron considerados por un estudio realizado por la Comisión de Defensa de la Competencia (Coprodec), a solicitud del Centro de Navegación (Cennave), en 2017. De hecho, la resolución final realizó una serie de recomendaciones, que van en la misma línea de las que pretende Argentina.
En uno de los pasajes de la resolución -de más de 50 páginas- el técnico que efectuó el análisis señala que identificó “diversas disposiciones que podían oficiar como restricciones injustificadas a la competencia, al establecer barrera de entradas y fijar tarifas a través de procedimientos no competitivos”.
En Uruguay hay dos asociaciones que realizan las tareas de practicaje: la Rioprac y la Sociedad de Prácticos del Puerto de Montevideo, y ambas aportaron su visión que fue recogida en la resolución de la comisión.
20241121 Vista del puerto de Montevideo, comercio exterior, barcos.
En otro punto, el análisis recuerda que el reglamento general de prácticos establece, como regla general, que la elección del profesional no sea efectuada por el usuario (sistema de “libre elección”), sino en base a un orden preestablecido por turnos.
“Como puede apreciarse, se trata de un reparto de mercado, restrictivo de la competencia”, afirma la resolución.
Al respecto, la Sociedad de Prácticos del Puerto de Montevideo contestó que “la realidad es que cuando los pilotos trabajan en un sistema competitivo, hacen cosas que se negarían a hacer en un ambiente no competitivo, por razones de seguridad. Esta potencial situación alienta rebajas, coimas y otras actividades ilegales”.
El comentario no fue compartido por la Coprodec. “Este asesor no tiene el honor de compartir semejantes apreciaciones. La deshonestidad, la ilegalidad y la imprudencia no son consecuencia de un régimen competitivo, sino una desviación de la conducta humana”, expone el texto.
“Indudablemente un sistema competitivo puede exigir mayores esfuerzos regulatorios y de control, pero no por ello es adecuado afirmar que competencia sea sinónimo de coimas y negligencia”, agrega.
Por tanto, el redactor de la resolución sugirió recomendar al Poder Ejecutivo que “de existir otra alternativa que garantice la distribución equitativa del trabajo, se decante por aquella que también propenda al estímulo de la competencia”.
Como conclusión, Veiga expuso que “el gobierno de Argentina está planteando los mismos problemas que la Comisión de Defensa de la Competencia planteó en 2017. La única diferencia es que Argentina ya elaboró un proyecto de normas específicamente para esto”.
