Esas son las incautaciones, lo que significa que millones más de pastillas terminaron circulando por las calles. Es que según la DEA, esta droga es la principal causa de muerte de los americanos de entre 18 y 45 años.
En las calles americanas, además, el nombre que se le da al fentanilo ha mutado muchas veces. Cambia de nombre: Apache, China Girl, China Town, Dance Fever, Friend, Goodfellas, Great Bear, He-Man, Jackpot, King Ivory, Murder 8, Tango & Cash.
Tan grave ha resultado la crisis de los opioides en Estados Unidos que el expresidente Joe Biden, durante su administración, convirtió en prioridad la lucha contra las cadenas de suministro ilícitas de fentanilo.
Y, el 15 de diciembre de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que clasificaba formalmente el fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos como armas de destrucción masiva (ADM).
Mientras que todo eso sucede, el sur del continente no parecería estar teniendo ese problema con los opioides. Es una de las drogas que no ha logrado, hasta ahora, instalarse de forma problemática en América del Sur. Por ende, tampoco en Uruguay.
Es que según Héctor Suárez, sociólogo y coordinador del Observatorio Uruguayo de Drogas, si la moda cambiara en los países vecinos, la vulnerabilidad de Uruguay aumentaría drásticamente. "Si mañana en Argentina o en Brasil se da la moda del fentanilo, va a pegar acá, sin duda. Porque es un fenómeno regional", dice.
"La principal razón por la que Uruguay no tiene un problema con el fentanilo es que no está en la región. Esa es la primera razón", insiste Suárez.
Aunque esa es una de las grandes razones por las que Uruguay no ha sido tomado por opioides como el fentanilo, también hay varias otras. Para empezar a entenderlo, primero hay que trazar una línea clara: la que separa el mercado lícito del ilícito.
Uruguay es importador de fentanilo para uso médico, tanto en su formato de producto terminado (ampollas y parches) como de materia prima para su fabricación local a pequeña escala.
Proveedores en Europa, América del Norte y Brasil en América del Sur envían el medicamento que se utiliza legalmente en espacios quirúrgicos y para el manejo del dolor crónico. Es el sistema de trazabilidad, gestionado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), el que controla la sustancia desde su importación hasta su dispensación final. Por eso, es posible “sacar una foto” y saber exactamente dónde se encuentra cada dosis legal de fentanilo en Uruguay.
Sin embargo, la ilegalidad, por definición, se mueve por abajo del radar. Las dos vías de entrada para un mercado negro serían el desvío desde la cadena farmacéutica o el narcotráfico internacional.
¿Qué es exactamente un desvío desde la cadena farmacéutica? Es lo que sucedió, por ejemplo, con el escándalo de las “propofest” en Argentina, en abril de este año. Fueron fiestas clandestinas o encuentros privados en los que un grupo de médicos anestesistas presuntamente utilizaba de manera recreativa drogas potentes, específicamente propofol y fentanilo, robadas de los hospitales donde trabajaban en Buenos Aires.
En definitiva, es cuando el fentanilo (u otras sustancias) termina fuera de los canales médicos autorizados para ser utilizados de forma ilícita.
A diferencia del fentanilo fabricado ilegalmente (que suele venir de laboratorios clandestinos en forma de polvo o pastillas falsificadas), el desvío involucra el fentanilo de grado médico (parches, ampolletas, pastillas para chupar o sprays nasales) que se receta para dolores crónicos o terminales.
En Uruguay han existido ambos, pero a una escala mínima, casi anecdótica. Se han registrado hurtos puntuales de ampollas en hospitales, transportistas y centros de salud, y en 2017, la única incautación significativa de fentanilo de origen ilegal: 500 sellos de LSD adulterados con la sustancia en Maldonado.
No hay laboratorios clandestinos detectados, no hay incautaciones en las fronteras, y los centros de toxicología no reportan casos de sobredosis por consumo recreativo.
¿Por qué? Porque más allá de que sus países vecinos no han tenido grandes problemas con el fentanilo, ni con otros opioides, Uruguay cuenta con más de un escudo protector: una cultura de consumo que no demanda opioides, un mercado de narcotráfico al que no le interesa la oferta, una capacidad estatal de trazabilidad que blinda el desvío farmacéutico y una legislación que se anticipa a las nuevas amenazas químicas.
Falta de demanda: una cultura de estimulantes
Una de las barreras contra el fentanilo en Uruguay es cultural. Históricamente, al igual que la región, los consumidores han mostrado una preferencia clara por las drogas estimulantes. "En Uruguay se dan más las sustancias estimulantes, que las depresoras, como la pasta base, como la cocaína", explica Suárez.
El consumo de drogas por vía inyectable, el vector principal para la heroína y la primera ola de fentanilo en Estados Unidos, tiene una prevalencia "casi nula" en Uruguay.
Esta falta de un mercado preexistente para los opioides es crucial. Marya Hynes, Jefa del Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), señala en conversación con El Observador que la crisis en Estados Unidos se construyó sobre una base de décadas de consumo de opioides de prescripción y heroína. "Había una base de usuarios y un historial de uso indebido de opioides. Esa historia que tuvo Estados Unidos realmente no ha existido en América Latina", agrega.
Falta de oferta: un mercado de "bajo rendimiento"
Para las grandes organizaciones de narcotráfico, Uruguay no es un objetivo atractivo. "Somos un mercado muy chiquito. Somos muy pocos. No somos atractivos para el narcotráfico", afirma Suárez.
La lógica es puramente empresarial. Los carteles mexicanos, principales productores y distribuidores de fentanilo en el continente, tienen su modelo de negocio enfocado exclusivamente en el mercado americano. "Los productores hoy del fentanilo están radicados en México, mirando a Estados Unidos. No miran al sur", dice Gabriel Tenenbaum, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología y estudios en la materia drogas.
Cuando los grupos criminales internacionales miran a Sudamérica, buscan logística para el tránsito de cocaína hacia Europa o plataformas para el lavado de activos, como ha ocurrido en Ecuador. El mercado principal en América Latina, explica Tenenbaum, siguen siendo la cocaína y sus derivados. Es un negocio establecido, con una cadena de producción y distribución robusta que resulta mucho más rentable y menos compleja logísticamente en esta región que introducir un producto nuevo como el fentanilo.
Robert Correa, Director de Drogas del Ministerio del Interior, coincide en que, si bien el país ha servido como lugar de acopio y tránsito para la cocaína, replicar esa dinámica con el fentanilo sería, por ahora, "hipotetizar mucho". La sofisticación requerida para el tráfico de fentanilo, que según Benjamin Smith, historiador y perito experto en casos de asilo por violencia de bandas en México, "no es de matones con pistolas", sino que requiere conocimientos de química y negocios internacionales, hace que el mercado se concentre en pocas manos y rutas muy específicas, que hoy no apuntan al Cono Sur.
El blindaje burocrático: la trazabilidad del fentanilo médico
Una de las grandes diferencias con la crisis estadounidense es la capacidad de Uruguay para controlar el fentanilo de uso legal. Mientras que en Estados Unidos la sobreprescripción de analgésicos opioides creó una legión de personas dependientes que luego migraron al mercado negro, en Uruguay el sistema está diseñado para evitar precisamente eso."Está regulada toda su cadena de suministro", explica una de las integrantes del equipo técnico de DIGESA del Ministerio de Salud Pública (MSP).
El control comienza antes de la importación. Uruguay declara anualmente ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) un cupo máximo de fentanilo que puede ingresar al país. "Si nosotros queremos importar por fuera de esos 100 gramos [ejemplo de cupo], la JIFE le dice al país exportador que Uruguay no tiene cupo, así que no se le puede exportar'", explican del equipo técnico de DIGESA del MSP.
Una vez en el país, cada movimiento queda registrado. El MSP realiza inspecciones periódicas y aleatorias en toda la cadena, desde los laboratorios hasta las farmacias hospitalarias y los botiquines de los blocks quirúrgicos. Si se detecta un desvío, se inicia una investigación y, si hay sospecha de ilegalidad, se realiza una denuncia penal. Este control estricto, según la responsable del laboratorio químico-toxicológico de la Dirección de Drogas, ha limitado los desvíos a hurtos puntuales de ampollas, cuya trazabilidad se investiga a través de los números de lote.
Sin embargo, una respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por El Observador en 2024, ha existido "subdeclaración de balances" por parte de centros de salud públicos y privados respecto al uso médico de fentanilo.
La ventaja química: legislación genérica contra análogos
El último escudo es, quizás, el más técnico y proactivo. Una de las estrategias de los narcotraficantes para evadir la ley es crear "análogos": moléculas con una estructura química ligeramente modificada a la de la droga original (como el fentanilo), que producen efectos similares pero que, al no estar específicamente listadas, su compra-venta no es técnicamente ilegal.
Estados Unidos, con su legislación de "sustancia por sustancia", corre permanentemente atrás. "Para ellos, integrar una sustancia a control implica a nivel político una cantidad de cosas", explica la responsable del laboratorio químico-toxicológico de la Dirección de Drogas del Ministerio del Interior.
Uruguay, en cambio, adoptó una estrategia de "legislación por grupos genéricos". Esto significa que la ley no prohíbe una sustancia específica, sino toda una familia química con una estructura base común. "La legislación por grupos genéricos es lo que permite eso. Una muy buena ventaja, poder de alguna manera anteponernos ante la aparición de esas sustancias que todavía no tienen una prevalencia en nuestro país", destaca la responsable del laboratorio químico-toxicológico de la Dirección de Drogas.
Esta legislación se complementa con el Sistema de Alerta Temprana (SAT), del que participan múltiples organismos, incluido el MSP y el Ministerio del Interior. El SAT monitorea constantemente las nuevas sustancias que aparecen en el mercado ilegal regional e internacional, permitiendo a las autoridades anticipar amenazas y, si es necesario, ajustar los controles.
