Argentina rechaza cláusula de no retroactividad en pacto tributario

La redacción ya fue definida a nivel técnico, pero traba política demora su firma

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, rechazó que el acuerdo de intercambio de información tributaria con Uruguay no sea retroactivo, lo que retrasó la negociación y la firma del convenio, informaron a El Observador fuentes oficiales al tanto de la discusión.

Esa fue, precisamente, una de las principales condiciones en las que Uruguay se plantó firme para cerrar el acuerdo que es una exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

A nivel técnico, según consultas de El Observador, el acuerdo bilateral ya está acordado “hasta en las comas”. Luego de varios intercambios de borradores entre los negociadores del Ministerio de Economía y los de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP –el organismo recaudador de Argentina–), el texto, que se supone definitivo, se elevó a consideración de nivel político. Otra fuente técnica, por su parte, dijo que todavía no hay una redacción definitiva, aunque los puntos principales del acuerdo están resueltos.

Fuentes allegadas a la negociación expresaron a El Observador que la mandataria rechazó lo negociado porque no está de acuerdo con que se impida el acceso a la información de contribuyentes argentinos con activos en Uruguay para el período anterior a la fecha de la firma del convenio.

Con el acceso a esos datos, la autoridad fiscal argentina podría buscar inconsistencias entre los bienes o activos bancarios en el exterior de uno de sus ciudadanos y los ingresos que declara en su país, lo que permitiría detectar si incurrió en subdeclaración u ocultación de su patrimonio, explicó la fuente al tanto de las negociaciones.

El Ministerio de Economía informó a El Observador que “de ninguna manera” y “bajo ningún concepto” se establecerá el carácter retroactivo en lo que se firme. En todos los borradores manejados hasta el momento se estableció de parte de Uruguay que la entrega de datos tributarios será a partir de la entrada en vigencia del acuerdo.

Según se explicó, cuando el texto buscaba ser consensuado por los técnicos, el punto más engorroso refirió a evitar la doble tributación, que Argentina no quería incluir.

Finalmente en la negociación técnica se alcanzó el compromiso de que los activos en una jurisdicción que paguen impuestos en ella podrán computar esos pagos para descontarlos de sus obligaciones generadas por esos mismos activos en el otro Estado, a través de la generación de un crédito fiscal.

La otra condición de Uruguay para firmar fue que no se permitiera la labor inspectiva de funcionarios de AFIP en Uruguay ni de la DGI en Argentina.

Las tres condiciones habían sido aceptadas, en primera instancia, por la AFIP y los negociadores del gobierno argentino que discuten el acuerdo con el Ministerio de Economía uruguayo.

En entrevista con El Observador, el titular de la cartera, Fernando Lorenzo, dijo la semana pasada que el acuerdo con Argentina estaba “en proceso de negociación” y evitó poner plazos para la conclusión del diálogo.

“Mientras estamos trabajando en algo nunca anunciamos nada referido a los procesos de negociación o a los procesos de diseño de los instrumentos. El Ministerio de Economía en eso trabaja con mucho cuidado, son temas delicados de cosas que implican mucha responsabilidad”, dijo, tajante, el ministro.

La firma de acuerdos de intercambio de información tributaria con “socios relevantes”, entre los que se mencionó explícitamente a Brasil y Argentina, fue una de las condiciones impuestas por OCDE para que Uruguay pase a la Fase II de la evaluación que determina si el país colabora en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

Los avances conseguidos en los últimos meses, que incluyen la firma de al menos 12 acuerdos para compartir información tributaria con otros países, permitieron a Uruguay salir de la “lista gris” de estados poco colaboradores con la transparencia tributaria y financiera.

Uruguay también se vio forzado a flexibilizar el secreto bancario, y negocia la modificación del régimen de acciones al portador que permitirá identificar a los titulares de Sociedades Anónimas. Esas también fueron exigencias de la OCDE.

La demora en alcanzar un acuerdo tributario se da en un contexto donde la relación con Argentina se tensó debido a las trabas que la administración de Fernández impone al ingreso de mercaderías del exterior, lo que impacta en las exportaciones uruguayas.

Tanto esas restricciones como la necesidad de acceder a información de sus contribuyentes persiguen un fin recaudatorio, además de buscar la contención de la fuga de capitales que aqueja a la economía del país vecino debido a su delicada situación fiscal.

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