El Poder Ejecutivo tiene prácticamente listo un proyecto de ley que enviará el Parlamento para regularizar las actividades del mercado del gas natural, mientras se apresta a definir cuál será el privado que se quedará con la millonaria obra de la planta regasificadora de Gas Sayago, la sociedad anónima que crearon UTE y ANCAP para este proyecto.
De acuerdo al anteproyecto al que accedió El Observador, la exportación de gas natural será “monopolio” de la Administración de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), que también será el “único” comercializador de este combustible en el país, y deberá “comprar y vender el gas natural por cuenta de terceros”. De todas formas, quienes sean titulares de contratos de concesión otorgados con anterioridad a esta iniciativa legislativa, “mantendrán” los derechos y obligaciones estipulados en estos.
En la actualidad, la distribución de gas natural está en manos de MontevideoGas y de Conecta (interior), dos compañías en las que ANCAP participa junto a Petrobras. El gas natural que distribuyen esas empresas ingresa al país desde Argentina a través de los dos gasoductos existentes, el Cruz del Sur –que opera un consorcio integrado por ANCAP y tres empresas privadas– y el Gasoducto del Litoral en Paysandú operado por ANCAP.
Asimismo, el Ejecutivo podrá “limitar” las exportaciones por motivos fundados, teniendo en cuenta la preferencia del abastecimiento de la demanda interna. Según una presentación que preparó el Ministerio de Industria y Energía, uno de los factores que llevó a redactar un proyecto de ley es la inexistencia de principios de acceso abierto y competencia en el suministro de gas, que son una “limitante” para el financiamiento de la regasificadora. Además, el actual marco regulatorio cuenta con una variada dispersión y multiplicidad de instrumentos que hacen “complicada su interpretación”. Por eso, el proyecto de ley regula desde la importación, regasificación, transporte, distribución y exportación de gas natural en el país.
Respecto a las tarifas, será el Ejecutivo quien las fijará para las distintas actividades reguladas de la industria del gas. Estas deberán tener como base los principios de obtención de márgenes justos y razonables, la contemplación de los costos y la búsqueda de eficiencia.
Las tarifas deberán velar por su “sostenibilidad”, que permita “cubrir los costos económicos del servicio”, ser “productivas” para tender a “minimizar” los costos y buscar la “estabilidad de precios”, entre otros objetivos. Para despachar la demanda requerida de este combustible, el gobierno creará el Despacho Nacional del Gas Natural.
Dudas en UTE
El proyecto de la planta regasificadora no termina de convencer a los mandos medios de UTE. En primer lugar, UTE financiará el 90% del proyecto y ANCAP el restante 10%. Los técnicos entendían que sería lógico que UTE quedara habilitada para comercializar el gas que no tendrá demanda en un principio, dado que será quien asuma los mayores riesgos con el financiamiento, algo que finalmente no prosperó.
Si bien hay confianza en que el remanente que no tenga demanda interna pueda exportarse a Argentina, esto aún es difícil de asegurar. Se estima que la demanda de UTE con Punta del Tigre y la proyectada central de base operando con gas natural demandarán 4 millones de metros cúbicos, mientras que ANCAP se quedaría con 1 millón para la distribución en el mercado interno.
Gaz de France con el 1
Gas Sayago prevé adjudicar en las próximos días la construcción de la planta regasificadora en la bahía del puerto de Montevideo. Según supo El Observador, la propuesta que está más cerca de quedarse con la obra es la de Gaz de France. Las otras tres que pujan son la noruega Höegh, la española Enagas y el consorcio coreano de Samsung y Corea Gas.
