Cada mes, según estimaciones del Ministerio de Trabajo, retornan unos 600 uruguayos al país. En algunos casos vuelven con trabajo, con la situación educacional de sus hijos resuelta, y con vivienda ya reservada.
Cada mes, según estimaciones del Ministerio de Trabajo, retornan unos 600 uruguayos al país. En algunos casos vuelven con trabajo, con la situación educacional de sus hijos resuelta, y con vivienda ya reservada.
Pero más de la mitad de los que retornan se acercan a distintos organismos del Estado para plantear problemas e inquietudes referentes a su inserción en el país.
Actualmente, distintos organismos como el Departamento 20, el Instituto de Empleo y Formación Profesional (Inefop), y otras organizaciones sociales realizan acciones individuales para favorecer la llegada de los retornantes, pero la idea es que haya una coordinación de las acciones. Hoy, incluso, los distintos jerarcas del ministerio reciben consultas vía Facebook de personas que quieren volver y no saben cómo hacer determinados trámites.
Por eso en la Rendición de Cuentas se creó la Unidad de Coordinación para los uruguayos que retornan al país, que comenzará a funcionar apenas se apruebe el proyecto que se envió el jueves pasado al Parlamento. El principal objetivo es planificar medidas que tiendan a facilitar la inclusión de estos ciudadanos nuevamente en Uruguay.
“Muchos uruguayos llegan al país o llaman desde el exterior y plantean la situación de que quieren volver, pero quieren saber qué posibilidades laborales hay. Para eso se crea esta unidad, para poder contactarlos con los Centros Públicos de Empleo de cada departamento, y ver las posibilidades de inserción laboral en ese lugar, así como el contacto con posibles empresas interesadas en contratar a esas personas”, dijo a El Observador el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta.
Además, a través de la Unidad se contactará a estas personas con otros ministerios, para que evacúen sus consultas acerca de, por ejemplo, la inserción educacional de sus hijos o la reválida de títulos profesionales y certificados obtenidos en otros países.
Capacitación
La unidad funcionará dentro del Ministerio de Trabajo, con presupuesto y funcionarios de todas las direcciones de ese organismo, que asesorarán a las personas a través de Internet, teléfono y en forma personalizada. Además, estará integrada por un representante del Inefop que articulará también planes de capacitación para las personas que la necesiten.
En el proyecto de Rendición de Cuentas se establece que la unidad deberá interactuar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Junta Nacional de la Migración y la Comisión Sectorial de Población, además de organismos internacionales, organizaciones sociales, trabajadores y empleadores, para “intercambiar información que contribuya a la elaboración de planes que lleven a la integración social y laboral de esa población”.
Una de las medidas que se tomará, ya acordada en el marco del Diálogo Nacional por el Empleo, es “que los empresarios determinen qué tipo de certificación se aceptará” cuando las personas hayan realizado cursos en otros países, por ejemplo, indicó a El Observador el asesor del ministro, Fernando Berasain. El objetivo es que quienes vuelvan sepan si sus certificados internacionales serán aceptados, o los comprobantes de trabajo en determinadas empresas o fábricas.
También se analizará en qué área está la mayor demanda laboral para dar inicio a las capacitaciones a quienes las necesiten.
El asesor dijo también que existen gran cantidad de organizaciones sociales que manejan datos sobre las personas que quieren volver, y la idea es “concentrar esa información para canalizar de la mejor manera posible la oferta y la demanda de empleo”.
Jubilación
Además, a través de la nueva unidad se asesorará a todos los uruguayos que retornen sobre los trámites que deben hacer para reconocer sus años de trabajo en el exterior, que serán tomados en cuenta en Uruguay para calcular la jubilación. A fines de este mes se ratificará el Convenio Interamericano de Seguridad Social a través del cual todos los ciudadanos iberoamericanos tienen derecho a hacer válidos sus derechos de seguridad social en los distintos países.