Así era la maniobra de funcionarios corruptos del Ministerio de Transporte que terminaron en la cárcel

La fiscal del caso, Mónica Castro, dijo a El Observador que acusó a la mayoría de los responsables –entre los que había 12 inspectores de la cartera– de un delito de asociación para delinquir fuera de la reiteración con un delito continuado de cohecho calificado, que castiga a los empleados públicos que reciben retribuciones ilícitas.

Sin embargo, hubo un funcionario que recibió una imputación más leve. Fue enviado a prisión domiciliaria por no denunciar a las autoridades lo que ocurría. A todos se les aplicó las medidas cautelares por cerca de tres meses –dependiendo del caso—, tiempo durante el cual Castro preparará el juicio oral.

La maniobra fue investigada por Interpol durante dos años, y causó un perjuicio a la administración pública estimado en US$ 20.000. "Se trabajó concienzudamente y se hizo un trabajo muy prolijo, brillante", aseguró la fiscal.

Los camioneros pagaban coimas cada vez que tenían una irregularidad que era detectada por los funcionarios que trabajaban en las balanzas de las rutas 1, 5, 11 y 6, o incluso les aconsejaban que ocultaran las matrículas para que tampoco fueran identificados en otros puntos de control, como los peajes.

"Eso era parte de la maniobra. Les decían a ellos cuando pasaban que embarraran las chapas o que les pusieran bolsas para que no fueran vistas por otras cámaras", contó Castro, que agregó que en muchos casos los choferes implicados tampoco estaban al día con el pago de impuestos u otras formalidades.

Además, los investigadores constataron que a los funcionarios corruptos se les pagaba con giros, entre otros mecanismos.