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Así están las plazas de Montevideo en las que la Intendencia de Montevideo quitó las papeleras
Desde agosto del año pasado la Plaza de la Democracia en Tres Cruces no tiene papeleras.
En la tarde soleada de este martes una pareja conversa en un rincón de este lugar icónico de Bulevar Artigas. Atrás de ellas descansa un balde de pop medio vacío y unos cuantos maíces explotados se dispersan a su alrededor. Carozos de manzana, patas de pollo, envoltorios de galletitas y alfajores, boletos y otros papeles son algunos de los residuos que se encuentran en su perímetro.
Esta es una de las cuatro plazas (y un parque) en las que la Intendencia de Montevideo (IM) decidió retirar las papeleras. Además, de acuerdo al plan piloto, la comuna indicó que "reforzaría la limpieza y realizará acciones de concientización en diálogo con vecinos".
Tras un recorrido por el lugar, no se encontró ningún funcionario, solo una empleada de seguridad quien reconoció que no se realiza más limpieza desde hace un mes. Un único cartel indica que es un "espacio público libre de residuos" y detalla que se retiraron los recipientes para desechar basura.
Karollanne Silva, que toma mates junto a un amigo y frecuenta el lugar, se anima a reconocer que le gusta la iniciativa aunque critica la "poca señalización". Y se queja de que el cartel es "muy chico".
La plaza Pepe D’Elía -ubicada en el barrio Goes-, es otro de los espacios en los que se activó la idea de la intendencia. Como en la anterior también hay varios residuos de frutas, papeles, materia fecal de perros y bolsas desperdigadas por el lugar.
María, que visita la plaza todas las tardes con su hija luego de la escuela, se queja de que ahora tiene que volverse a la casa con los bolsillos llenos de papeles. "Y si venía con mi perro, ¿dónde tiro la caca?", se pregunta. Por el contrario, Martín, que vive en frente al espacio, opina que está bien que las personas se hagan cargo de sus residuos.
Para 2023 la IM quiere llegar a 300 plazas sin papeleras, según consta en el proyecto de Rendición de Cuentas remitido a la Junta Departamental al que accedió El Observador.
