ASSE clausuró la investigación sobre las muertes en el Maciel

El directorio optó por ignorar evidencias sobre nuevos responsables

El directorio de ASSE resolvió clausurar la investigación administrativa sobre el caso del enfermero Marcelo Pereira y archivar el expediente, pese a que de la investigación se desprende que podría haber más responsables de las muertes en el Hospital Maciel.

Cuatro de los cinco miembros del directorio tomaron esa decisión a fines de diciembre, luego de haber estudiado los resultados de la investigación durante más de un mes. El único que no votó la resolución fue el representante del Partido Nacional, Marcelo Sosa, por entender que habría sido necesario “profundizar” el procedimiento.

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“En el expediente surgen elementos que no han sido lo suficientemente aclarados y que ameritan una ampliación de la investigación administrativa o la instrucción de sumarios a más funcionarios para aclarar lo sucedido”, dijo Sosa a El Observador. El director blanco (que es abogado) agregó que “la acción u omisión” de algunos involucrados podría eventualmente configurar una “conducta negligente o dolosa”.

Sosa relató que el resto del directorio determinó que era “suficiente” con los sumarios ya iniciados al propio Pereira y a José Pedro Patritti, quien era el jefe de la Unidad de Cuidados Cardiológicos en la que ocurrieron las muertes sospechosas. Ambos sumarios todavía están en proceso, pero ninguno de los dos sigue en su cargo.

El expediente, de más de 2.000 fojas, deja al descubierto una contradicción entre los funcionarios de la dirección del hospital y los de la unidad en cuestión. Patritti y la nurse coordinadora del servicio, Ana Rondán, aseguran haber advertido a las autoridades sobre un aumento en las estadísticas mortales de ese servicio durante 2011 y, al mismo tiempo, haber admitido sus sospechas sobre un comportamiento delictivo de parte de Pereira.

En tanto, el exdirector del hospital, Raúl Gabus, la exsubdirectora Gabriela Píriz y la adjunta a la dirección Flavia Leizagoyen –quien sigue ocupando su cargo– niegan haber recibido esas advertencias. Esto ya había surgido de la auditoría que realizó el Ministerio de Salud Pública y cuyos resultados se conocieron en junio. ASSE decidió no profundizar en la contradicción.

Ese es, según Sosa, “el principal elemento” que urge aclarar: si en la dirección conocían los rumores de que Pereira estaba cometiendo un delito. “Habría que ver si la dirección estuvo omisa o no. Debería existir un análisis más profundo de qué se hizo y qué no, qué se pudo haber evitado y qué no. Como hay una contradicción planteada, se debe investigar más, hacer careos entre los involucrados e iniciar sumarios”, dijo Sosa. Aclaró que el sumario no necesariamente implica culpa, sino que justamente se realiza para determinar el nivel de responsabilidad de un funcionario.

Los resultados de la investigación administrativa también dejan en claro que la comisión auditora que se creó para estudiar el aumento de las muertes en la Unidad Cardiológica “actuó de forma demorada”. Se formó en diciembre y recién el 13 de marzo (al otro día de la muerte de Santa Gladys Lemos, con la que se hizo público el asunto) realizó el primer informe. La comisión la integraron Patritti, Rondán y otra nurse. Para Sosa, la tardanza en investigar implica una “irresponsabilidad”, por lo que correspondería iniciar sumarios también a ellos. Otra de las conclusiones del proceso administrativo es que las medidas adoptadas por la dirección fueron “insuficientes”, y que además de la auditoría de las historias clínicas de los pacientes fallecidos en la unidad, debería haberse instruido una investigación administrativa en ese momento.

Como la conducta de Pereira había sido valorada negativamente por sus superiores, y estos habían pedido que lo trasladaran a otro servicio, los investigadores también concluyen que la dirección debería haber hecho caso a esa iniciativa y no haber demorado el traslado.

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