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La Justicia especializada en Crimen Organizado comenzará a investigar a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), tras la denuncia presentada en diciembre por siete clubes uruguayas y por la mutual de futbolistas. A solicitud del fiscal Juan Gómez, la jueza Adriana De los Santos citó a declarar en calidad de indagado al presidente de la Conmebol, el uruguayo Eugenio Figueredo, y en calidad de testigo al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Sebastián Bauzá, informaron a El Observador fuentes vinculadas al caso.

Los clubes plantearon en la denuncia que hay sospechas de estafa, lavado de dinero y apropiación indebida en el órgano rector del fútbol sudamericano.

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Los clubes denunciantes en primera instancia fueron Peñarol, Miramar Misiones, Cerro Largo, El Tanque Sisley, Rentistas, Cerro, Racing. Además, firmó la denuncia la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Los clubes también fueron citados al juzgado para ratificar la denuncia. Sin embargo, Peñarol ya anunció que no lo hará.

Luego de que las instituciones presentaran la denuncia, el Tribunal de Disciplina de la Conmebol planteó que se violó una norma de FIFA, que impide a los clubes recurrir a la Justicia. Una consecuencia de ese incumplimiento puede ser que se impida a los clubes denunciantes participar de las copas internacionales: la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana. Tras esta advertencia de la Conmebol, el presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, anunció que su club no ratificaría la denuncia penal.

Por su parte, los clubes plantearon que la prohibición de recurrir a la Justicia penal no aplica cuando hay una conducta delictiva. El fiscal del caso dio la razón a los clubes y no a la Conmebol, al entender que hay méritos para iniciar una investigación judicial en el país, aunque el presunto delito sea “transnacional” y esté bajo la órbita de la FIFA. Fuentes del caso informaron que el fiscal justifica su solicitud en que se denuncian hechos con apariencia delictiva que tienen consecuencias en Uruguay, con víctimas e indagados uruguayos.

Los clubes sostienen en la denuncia que existe “una organización criminal que viene lucrando y perjudicando a la Conmebol, las federaciones, los clubes y los jugadores” a través de la forma en que se comercializaron los derechos de televisación de la Copa Libertadores, la publicidad y los patrocinios.

Según la denuncia, por esas maniobras los clubes dejarán de percibir hasta el año 2020 unos US$ 433 millones.

En ese marco, las empresas Gol TV y Global Sports, propiedad del empresario Francisco Casal, vienen ofreciendo desde el año 2006 importantes negocios a la Conmebol y a partir de 2008 la compra de los derechos de televisión de las copas Libertadores y Sudamericana pero fueron rechazadas, a pesar de que esas “ofertas para la adquisición de estos derechos superan ampliamente lo acordado entre la Conmebol y la empresa T&T Sports”. T&T Sports es una empresa dirigida por Alejandro Burzaco que desde 1999 tiene los derechos televisivos. “La gente que se beneficia son los directivos de la Conmebol, Julio Grondona (presidente de la AFA) y Eugenio Figueredo (presidente de la Conmebol)”, señala la denuncia.
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