Después de diez años de implementación y más de veinte leyes que se fueron incorporando para enmendarlo, el nuevo proyecto enviado al Parlamento por el gobierno, elaborado a partir de recomendaciones de un Grupo Asesor Técnico (GAT), enfrenta ahora a los legisladores con la búsqueda del delicado equilibrio que implica mejorar las garantías de todas las personas que se enfrentan, en cualquiera de sus roles, a la Justicia.
En el vaivén, más de una treintena de organizaciones sociales y de operadoras del sistema de justicia entiende que con la nueva propuesta el péndulo se ha ido demasiado a favor del imputado en detrimento de la víctima.
El pasado 26 de mayo, la Asociación de Magistrados Fiscales lo advirtió en su comparecencia a la Comisión de la Cámara de Senadores que estudia el proyecto.
En concreto, la secretaria de la asociación, Fernanda Delpino, se refirió al literal C del artículo 260 del proyecto, que establece que la defensa del imputado podrá pedir al juez que pida determinadas pruebas en caso de que la fiscalía no hiciera lugar al pedido. “Esto nos llamó la atención, pues viéndolo desde el lado práctico, ¿a qué tipo de diligencias se estarían refiriendo? ¿Con qué límites? No se establece ningún límite de acción. ¿Quién va a dirigir esas diligencias coactivas? ¿Será la policía? En realidad, la policía responde a la Fiscalía, que es la que detenta el poder punitivo y de coacción. De alguna manera, se estaría poniendo en manos de un particular, que es un abogado defensor, el poder dirigir la policía. Entonces, nos preguntamos ¿el imputado o su defensa podrá solicitar al juez que ordene la incautación de un celular de una víctima o de un testigo? ¿Cómo se va a cumplir esa medida? ¿Va a ir la policía por orden del juez? Si el juez no puede dirigir la diligencia, ¿la va a dirigir el abogado? Creemos que esto genera bastantes preguntas y que, por tanto, puede resultar muy problemático en la práctica”, advirtió Delpino, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.
Gabriel Valentín, abogado grado 5 en Derecho Penal fue uno de los integrantes del GAT que elaboró la propuesta ahora estudia del Parlamento. En entrevista con El País días atrás, dijo que una posibilidad de aplicación de ese artículo podría ser cuando un defensor pide a la Justicia para “inspeccionar un lugar que está bajo el dominio de un tercero”, o “a una propiedad privada”, algo que no se puede hacer sin orden judicial, aunque advirtió que “normalmente no va a ser un allanamiento”. Sin embargo, dijo que en teoría sí podría aplicarse para la incautación de teléfonos, aunque en la práctica lo viera “difícil”.
Consultada por El Observador, la presidenta del gremio de fiscales, Claudia González, advirtió que, en lo que tiene que ver con el rol de la víctima en el proceso judicial, la propuesta de reforma tiene “varios defectos”. “La policía es la fuerza del Estado que auxilia a la Fiscalía en la búsqueda de la verdad objetiva, que no es la misma que la de la defensa, que es subjetiva. Con este cambio, la policía podría trabajar para un particular, por ejemplo, en la incautación de un celular. La policía no puede trabajar para un particular. ¿Qué se va a hacer con esa prueba, adónde la envía? No está previsto, no se sabe cómo será la cadena de custodia?”, cuestionó.
También remarcó que quien está en juicio es el imputado, no la víctima. “Si el imputado considera que la denuncia es falsa, que haga la denuncia y en todo caso cambiará la calidad de víctima a imputada, no dentro del mismo juicio, de esa manera. Es un tema que tiene muchas aristas y no debería estar en el Código”, dijo González.
También señaló el hecho de que la víctima nunca fue representada durante el proceso de elaboración de la propuesta,
El Grupo Asesor Técnico estuvo integrado por la Prosecretaría de Presidencia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, la Fiscalía, el Poder judicial, la Defensoría, el Colegio de Abogados y por Valentín como experto invitado.
A sus cuestionamientos se sumó en los últimos días el comunicado de más de treinta organizaciones sociales y operadoras del sistema judicial, que advierten por este y otros cambios establecidos en el proyecto que entienden que van en detrimento de los derechos de las víctimas. Advierten, por ejemplo, que ahora la víctima no podrá apelar cuando la fiscalía decide archivar su denuncia o cuando decide un sobreseimiento.
“Las víctimas pasan de víctimas a investigadas. De validarlas a culpabilizarlas. Esto rige también para un caso de estafa, no solamente para investigaciones vinculadas a delitos de género”, dijo a El Observador Soledad Suárez, abogada del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, y una de las firmantes de la carta.
Semanas atrás, Gabriel Valentín fue entrevistado por Todo un tema, el streaming de El Observador, y allí dijo que la reforma propuesta buscaba “mejorar la persecución penal con más herramientas para la fiscalía, mejorar las garantías de la defensa, potenciando el rol del juez de garantías y mejorar las líneas de salida”, en referencia a la ampliación de los institutos liberatorios. En la mesa del streaming estaba sentado también Juan Raúl Williman, abogado y docente del Consultorio Jurídico de Udelar, que señaló, sin embargo, que mientras que el imputado tendrá “más herramientas”, para la víctima quedaron “temas pendientes”.
Graciela Bianchi, presidenta de la comisión de Constitución y Códigos que tiene a estudio el proyecto, dijo en diálogo con El Observador que el estudio de la propuesta recién empieza, por lo que habrá margen para hacer las modificaciones que sean pertinentes. "Para nosotros el proyecto del Ejecutivo es un proyecto más, hay otros; todavía no empezamos a redactar ni una palabra, pero la víctima no va a perder derechos, lo que queremos es darle más herramientas a la Justicia", comentó.
La comisión tiene todavía dos semanas más para recibir al Colegio de Abogados y al Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República, y después agendará reuniones con organizaciones civiles.
