El Banco Central busca aceitar los canales de transmisión de la política monetaria forzando la creación de un mercado secundario de su deuda, que hoy es prácticamente inexistente.
En la actualidad, la autoridad monetaria emite títulos de deuda y un reducido grupo de instituciones financieras –dominado por Administradoras de los Fondos de Ahorro Previsional (AFAP)– acaparaban las licitaciones. La fuerte demanda de esos títulos, además, impulsa a la baja las tasas, lo que dificulta el objetivo del BCU de imponerle un sesgo más contractivo a la política monetaria.
“Partimos de un mercado donde pocos agentes acaparan la operativa, y estamos dando incentivos para hacer más competitivo el mercado primario y generar un mercado secundario, hoy inoperante”, explicó el presidente del BCU, Mario Bergara.
La emisión de más instrumentos de regulación monetaria destinados a retirar los pesos que el BCU vuelca al mercado para comprar dólares, llevaron a un importante crecimiento de la deuda de la institución en los últimos años, y eso genera la necesidad de que haya un mercado secundario activo.
A través de la instrumentación de un Programa de Operadores Primarios, las autoridades buscan restringir el acceso a los títulos de deuda. Una vez que el nuevo sistema se encuentre en pleno funcionamiento, solo un máximo de siete instituciones bancarias tendrán acceso a las emisiones de letras y notas de regulación monetaria. El resto de los bancos y los demás agentes de mercado –AFAP y corredores de bolsa, entre otros– deberán recurrir al mercado secundario para acceder a esos títulos.
Para acceder al grupo de instituciones privilegiadas (Operadores Primarios), los bancos deberán sumar puntos a través de su participación tanto en el mercado primario como secundario.
De hecho, para mantenerse en el grupo de privilegio, los bancos deberán participar de todas las licitaciones –con un monto mínimo que surgirá del cociente entre el 150% del monto a emitir dividido el número de Operadores Primarios–. Al mismo tiempo, en el mercado secundarios, deberán mantener abiertas ofertas de compra y venta por al menos 50% del tiempo operativo, para cada plazo de referencia en títulos del Central.
En base a esos dos criterios –donde la participación en el mercado secundario tiene una mayor ponderación–, las autoridades realizarán un ranking de instituciones. Cada seis meses, en base a esa puntuación, se revisa la lista de Operadores Primarios.
Tanto los agentes no bancarios como los bancos que se encuentran fuera del grupo autorizado a participar de las licitaciones, podrá acceder a una instancia de Colocación no Competitiva. Esto es, luego de la emisión, habrá una segunda instancia en la cual se subastará a la misma tasa o precio de corte que en el mercado primario, títulos por un monto no mayor al 20% del total adjudicado en la primera instancia. A partir de diciembre comenzará el programa piloto, en el cual estarán incluidas las instituciones que así lo deseen. Esos bancos irán acumulando puntos y a partir de junio de 2013 entrará plenamente en vigencia el nuevo esquema.
Política monetaria
A través de la fijación de una tasa de referencia, el BCU busca incidir en el comportamiento de captación de fondos y concesión de crédito de las instituciones de intermediación financiera.
La emisión de deuda de corto plazo es uno de los mecanismos que permite que la tasa fijada por el BCU se traslade a toda la curva de crédito en moneda local y llegue a la totalidad de los agentes.
“Lo que importa no es solo la tasa overnight – de operaciones a un día, la cual se compromete la autoridad monetaria a hacer tender a la tasa de referencia– sino cómo se traslada al resto de la curva. Para eso el funcionamiento de los mercados financieros debe ser lo más transparente posible”, dijo Bergara.
De ahí que el BCU decidiera excluir a las AFAP y al resto de los agentes no bancarios de las emisiones. Según el gerente de Política Económica y Mercados de la autoridad monetaria, Alberto Graña, “los intermediarios propiamente dichos son los bancos, no las AFAP”.
Al cierre de junio, la deuda del BCU alcanzó el equivalente a US$ 6.372 millones, lo que representa 13,3% del Producto Interno Bruto (PIB) y 23,9% de la deuda total del Estado uruguayo. Desde 2006, el monto se multiplicó prácticamente por cuatro.
