La unidad presentará un informe al centro terciario en el que considera crear un marco legal que “defina y regularice la objeción de conciencia”
La Unidad de Bioética de la Facultad de Medicina presentará un informe a las autoridades de dicho centro terciario en el que se entiende que la ley de interrupción voluntaria del embarazo “protege la libertad de conciencia”, según informa este miércoles la diaria.
Dicha facultad de la Universidad de la República aportará su visión a la discusión sobre la objeción de conciencia que se lleva a cabo en el Ministerio de Salud Pública y que ha tenido reparos en la órbita del Parlamento, donde la oposición se mostró contraria a que los médicos deban presentar su objeción por escrito como maneja el gobierno.
El informe de Bioética se opone al planteo de los legisladores opositores al señalar que se debe desarrollar un marco legal que “defina y regularice la objeción de conciencia, asegurando el acceso a las prestaciones de los servicios”, según el documento al que accedió la diaria.
Además, también cuestiona la posición de ginecólogos contrarios a la reglamentación. Al respecto, el texto señala que lo establecido por la ley respecto a que solo puede objetar “el personal sanitario directamente vinculado a la interrupción voluntaria de la gestación” está “en armonía con el Código de Ética aprobado por el Colegio Médico de Uruguay”.
El documento fue elaborado por los docentes Hugo Rodríguez y Marcela Mautone, quienes en el texto indican que hay que separar la objeción de conciencia de la “desobediencia civil”. “La objeción de conciencia es pues individual, no pretende modificar la norma ni que la mayoría revise su decisión por lo que no admite que los colectivos o asociaciones la invoquen”, mientras que “la desobediencia civil es la expresión de un grupo de personas sobre una norma jurídica que el colectivo no quiere cumplir”.
Consultados sobre la justificación por escrito de la objeción, Hugo Rodríguez dijo a la diaria que esa modalidad no le “parece mal”. También expresó que eso facilitaría a las instituciones a saber cuáles de sus médicos son objetores y cuáles no. “No puede ser una sorpresa o un misterio qué ginecólogos van a poder cumplir con ese acto médico y quiénes no”, comentó.