Bordaberry perdió capacidad de contralor al abandonar los entes

Vamos Uruguay se quedó sin representantes para seguir de cerca temas polémicos

Columnista político

Es difícil mensurar qué rédito político o tranquilidad de conciencia, si es que buscó alguna, le otorgó al líder colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) la decisión de retirar a los hombres que tenía vigilando en los entes del Estado. Pero lo que parece indudable es que, con esa decisión, Bordaberry se quedó sin la posibilidad de rastrear y de tener información de primera mano sobre temas trascendentes que van desde las relaciones con Argentina hasta el affaire Pluna.

La decisión fue tomada a fines de julio después de que el presidente José Mujica dijera que mantendría a los directores de la oposición en los entes solo para “no condenarlos a la desocupación”. Bordaberry lo consideró un “grave agravio” y pegó el portazo.

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Esa actitud –la de Bordaberry–no solo fue rechazada desde el gobierno. En el Partido Nacional surgieron acusaciones de “demagogia” para con el líder de Vamos Uruguay, y los propios colorados de Propuesta Batllista (PB) decidieron quedarse en los entes tras considerar “un gran error” dejar a los organismos públicos sin vigilancia.

Por este mismo asunto, los principales grupos colorados chocaron en los últimos días luego de que, desde Vamos Uruguay, se cuestionara al director de ANCAP, Juan Justo Amaro (Propuesta Batllista), por validar una donación de US$ 200 mil para la intendencia de Rivera. Tras dejar los cargos, Bordaberry explicó que, de cualquier manera, su grupo seguiría controlando al gobierno desde el Parlamento. Pero, evidentemente, no es lo mismo.

Control

Por ejemplo, la salida de Fernando Scrigna del directorio del Banco República dejó a Vamos Uruguay sin la posibilidad de seguir desde dentro todos los avatares de las garantías y los avales en el asunto de la venta de los aviones de la empresa Pluna.

En cambio, en ese directorio se quedó el nacionalista Alejandro Irastorza (Aire Fresco) quien tuvo la posibilidad de pedir información y de estar presente durante las peripecias internas en un asunto que aún sigue dando que hablar. Además, Luis Anastasía dejó su lugar en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) justo en el momento en el que Uruguay atraviesa una azarosa relación con la Argentina motivada, entre otras cosas, por los enfrentamientos en torno al dragado del canal Martín García.

En tanto, tras la partida de José Garchitorena del directorio de UTE la empresa pública quedó en el centro de varias polémicas.

Garchitorena era además el único integrante opositor de la empresa Gas Sayago –formada por UTE y ANCAP– del que es aún asesor Pedro Aurrecochea.

Este exvicepresidente del ente energético fue denunciado ante la Justicia por presuntas irregularidades en procedimientos de compra y licitación vinculados con la empresa Ciemsa. El directorio de UTE se enteró de la denuncia en agosto pasado. Es decir, poco menos de un mes después de que Garchitorena dejara el cargo.

Asimismo, en las últimas semanas, en UTE se presentó otro problema con una licitación para la construcción de una segunda central de ciclo combinado en Punta del Tigre.

El negocio tuvo que ser revisado luego de que el representante blanco en el ente, Enrique Antía (Unidad Nacional), y el diputado Jorge Gandini (Alianza Nacional) advirtieran que la empresa a la que se le iba a adjudicar la obra había fraguado buena parte de sus antecedentes.

Asimismo, al irse Carlos Guariglia de ANTEL, la oposición quedó sin representantes en esa oficina del Estado desde donde se están tomando relevantes decisiones en el área de las telecomunicaciones y, particularmente, en los permisos y prohibiciones que tienen las empresas privadas en ese negocio. De cualquier manera, Guariglia se sintió aliviado por la decisión de su jefe político. “La situación era insostenible. Estaba muy limitado en mis funciones”, dijo Guariglia en referencia a la “conducción vertical” que le atribuyó a la presidente del ente, Carolina Cosse.

Bordaberry resolvió mantener a sus delegados en el Tribunal de Cuentas y en la Corte Electoral porque son áreas donde, considera, la tarea de contralor no puede ser delegada.

En una nota publicada en El Observador el 5 de agosto bajo el título “Durmiendo con el adversario” los directores blancos y colorados que se quedaron en sus puestos dijeron estar conformes con el rol “fiscalizador” que realizan y con la relación “leal” que tienen con los representantes del oficialismo.

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