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El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo a El Observador que con la inauguración en los últimos días de los nuevos refugios, se suman 500 cupos más a los 950 ya existentes en Montevideo. De esta manera, habría cupo para todas las personas en situación de calle en Montevideo, señaló.

En la noche de este miércoles las brigadas recogieron a 14 indigentes, de los cuales dos fueron derivados al Hospital Maciel, donde quedaron internados por presentar problemas de salud. Uno de ellos, un hombre mayor, se encontraba en estado grave, con un caso de neumonía aguda, manifestó a radio Carve el director de Logística del Mides, Eduardo Méndez, quien calificó de “exitoso” el operativo de este miércoles. El resto de las personas fueron trasladadas a la Plaza de Deportes Nº 5 perteneciente al Ministerio de Turismo.

Méndez manifestó además que todavía hay 250 plazas libres en los refugios, pero destacó que en lo que va del mes de julio se han ocupado 200 plazas del total disponible.

Por su parte, Breccia expresó que hasta ahora “aparentemente los operativos vienen funcionando bien”, más allá de que se debe considerar que “cualquier operativo de este tipo que busca retirar a personas en situación de calle, que viven allí desde hace años, tiene sus complejidades”. Más allá de esto, el jerarca adelantó que en la reunión que mantuvieron los distintos integrantes del comité interinstitucional (Mides, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Sistema Nacional de Emergencia, Intendencia de Montevideo, ASSE) este miércoles se consideró que se está yendo por “el camino adecuado”.

Consultado respecto a las críticas que algunos constitucionalistas hacen a la medida del Mides, Breccia afirmó que la “única corporación que puede determinar esto es la Suprema Corte de Justicia”, que todavía no lo ha hecho. “El penal no es penal hasta que el juez no lo cobra”, añadió. El jurista Martín Risso señaló a El Observador que obligar a los indigentes a ir a los refugios “es inconstitucional, no se puede hacer” porque “hay que respetar la libertad de las personas”. En tanto, el penalista Juan Fagúndez opinó que “el Estado tiene la obligación de ética de prevenir la muerte, pero tampoco puede obligar a hacer algo que la persona no quiera”.

No obstante, el secretario de la Presidencia explicó que a su entender la mayoría de estos casos no caerían en la inconstitucional, ya que existe la ley del psicópata que permite internar a cualquier persona enferma mental si su vida está en riesgo. “Esto nos ampara”, indicó Breccia. Agregó que por lo tanto “no se trata de internaciones compulsivas, sino internaciones médicas”, ya que se hacen bajo la prescripción de médicos y psiquiatras.

Al respecto, adelantó que “si alguna persona quiere, puede presentar un recurso de habeas corpus ante un abogado o ante la Suprema Corte de Justicia” para que el asunto se dirima por la vía judicial. Más allá de esto, el jerarca indicó que todavía no han tenido ningún tipo de demanda de este tipo.

Desde que este martes se comenzaron a aplicar estos operativos, se han registrado siete u ocho casos de internaciones compulsivas previa indicación médico pediatra, añadió Breccia.

El jerarca destacó que estos operativos están siendo utilizados también para dar a este tipo de personas una identidad y así tener claro, entre otras cosas, qué tipo de exámenes médicos ya se le han realizado, para no hacérselos día tras día, como a veces sucede.
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