Cabildo Abierto rechaza que Ancap alquile su infraestructura y no están los votos

El proyecto votado en la Cámara de Diputados autoriza a Ancap a “arrendar infraestrcutura o a prestar servicios a terceros” y en “ambos casos” hacerlo respecto a las actividades relacionadas con los “cometidos del ente autónomo”. La infraestructura “relativa a la actividad de refinado de petróleo crudo” queda por fuera pero la iniciativa habilita, por ejemplo, al alquiler de tanques para guardar combustible, como los que la empresa tiene libres en el Puerto de Montevideo.

El planteo fue realizado por los senadores de Cabildo Abierto en la reunión que este viernes mantuvieron los legisladores de la coalición que integran la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto. Este artículo había sido incluido en el proyecto a pedido del presidente del organismo, Alejandro Stipanicic. 

A mediados de octubre, en una actividad organizada por la Federación Ancap, Stipanicic defendió que es una posibilidad de generar negocios y “tener una ganancia” ofreciendo servicios que terceros no tienen. “Si mañana viene un privado que quiere alquilar un tanque, yo gustoso se lo alquilo. Contra la refinería y la logística que tiene Ancap es muy difícil competir. No le tengo ningún miedo a competir”, apuntó. 

El Partido Nacional pretendía también incluir a los aeropuertos en la libre importación de combustibles -prevista solo para los puertos en el proyecto votado en Diputados- pero ni los colorados ni los cabildantes acompañaron esta medida. Finalmente, la liberalización de la importación regirá solo para el puerto de Montevideo. 

Diego Battiste

Acuerdos

Los legisladores de la coalición se reunieron este viernes durante cinco horas para avanzar en las negociaciones sobre el Presupuesto. El senador blanco y presidente de la comisión Gustavo Penadés aseguró que hay acuerdo en más del 80% de los artículos del proyecto. Uno de los puntos que tiene consenso es en exceptuar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA) del congelamiento salarial previsto en el artículo 4 del proyecto. 

El inciso diez de ese artículo establece que los salarios superiores a los de un ministro de Estado ($ 277 mil) no tendrán ajuste durante todo el período de gobierno. Sin embargo, los ministros de la Corte cobran $ 40 mil más que los ministros de gobierno ($317 mil) y tendrán aumento en el período al igual que los ministros del TCA $ ($ 285 mil).

La decisión se debe a que los salarios del Poder Judicial están enganchados y de congelar los sueldos altos se deberían congelar todos. Esto podría generar conflictos con el Poder Judicial, tal como había adelantado la presidenta de la Corte, Bernadette Minvielle . 

Otro de los acuerdos a los que arribó la coalición está vinculado con el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). Cabildo Abierto y el senador blanco Jorge Gandini promovieron una reasignación interna de $ 70 millones. Saldrán del rubro cero y serán destinados a funcionamiento y a inversiones.

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La presidenta del instituto, Rosana de Olivera, había dicho que los gastos de funcionamiento previstos en el proyecto eran un 20% menos que lo ejecutado en 2020. Los acuerdos tienen el aval del Ministerio de Economía ya que el coordinador de Finanzas Públicas de la cartera, Fernando Blanco, participó de la reunión. 

Negociaciones

A pesar de los avances todavía quedan puntos por negociar. En el tema de licencias por enfermedad de los funcionarios públicos hay una mayoría por sacar el tema del Presupuesto pero el Poder Ejecutivo pidió que se votara el sistema acordado en Diputados y que una vez que esté el nuevo régimen -que saldrá de una comisión que trabajará durante 90 días- derogue ese régimen.

El sistema de viáticos, los recursos para la Universidad de la República, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad Tecnológica (UTEC) y el salario de la baja oficialidad de las Fuerzas Armadas son otros temas que están sobre la mesa y que se continuarán negociando en los próximos días. Los legisladores deben identificar de dónde sacan los recursos para poder realizar las reasignaciones.