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Se dice que la Justicia es lenta. Al juez federal argentino Sebastián Casanello, que investiga al empresario kirchnerista Lázaro Báez, se lo ridiculizó por su supuesta lentitud. En octubre del año pasado, el programa Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata, lo representó con caparazón de tortuga. Sin embargo, la supuesta demora de Casanello para responder a la Justicia uruguaya sobre Báez, que es investigado en ambas márgenes del Río de la Plata por un presunto caso de lavado de dinero, no le quepa. El exhorto enviado desde Montevideo en mayo, que solicita información sobre causas judiciales que apuntan a Báez y a otros involucrados, llegó recién a su juzgado la semana pasada, informó Casanello a El Observador. La cooperación judicial, solicitada hace 10 meses, estaba demorada en la Cancillería de Argentina.

La jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, que investiga la compra del campo El Entrevero, en José Ignacio, envió en mayo del año pasado un exhorto a la Justicia argentina solicitando información sobre Báez, Daniel Pérez Gadín (presidente de la socidad anónima que compró el campo en US$ 14 millones) y otros empresarios vinculados a Báez. La Cancillería argentina demoró 10 meses en entregar el exhorto apelando incluso a “chicanas”, según investigadores uruguayos. Finalmente, el oficio llegó el lunes 10 de marzo al despacho del juez Casanello, quien, al día siguiente, lo trasladó al fiscal Guillermo Marijuán.

Una de las “chicanas” de la Cancillería argentina para demorar la investigación que salpica a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (por su vínculo con el empresario) fue devolver el exhorto a la Justicia uruguaya por no haber adjuntado la denuncia que inició la investigación. El exhorto enviado por Uruguay transcribía la denuncia, pero no la adjuntaba.

En total, Uruguay envió cuatro exhortos a juzgados argentinos por este tema. Éste es solo uno de ellos. En ninguno de los casos ha recibido respuesta aún.

El otro juez especializado en Crimen Organizado, Néstor Valetti, criticó la falta de cooperación de la Justicia argentina. “Puedo decir que se ha brindado la cooperación que se ha requerido desde la Argentina; sin embargo, no se ha recibido respuesta a la cooperación que ha solicitado ese juzgado a distintos juzgados de la República Argentina sobre el tema. Todavía se está a la espera; no ha existido reciprocidad”, dijo en octubre el juez en la Comisión Especial con Fines Legislativos Vinculados al Lavado de Activos y Crimen Organizado del Parlamento, informó El País, que accedió a la versión taquigráfica.

Uruguay sí cooperó con Argentina en esta investigación. Si bien no aportó datos sobre la compra del campo El Entrevero, por considerar que es un caso “reservado”, informó sobre millonarias transacciones bancarias desde cuentas en Uruguay hacia cuentas vinculadas a Báez y Pérez Gadín en el Principado de Liechtenstein, paraíso fiscal europeo.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que la cooperación internacional es esencial para investigar lavado de dinero. El periódico argentino Perfil informó que los datos aportados por Uruguay son “clave” en la causa. Consultado por El Observador sobre este y otros asuntos, el juez Casanello prefirió no responder.
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