“No es el alcance del servicio que se pautó (con el gobierno) que estemos involucrados en la gestión documental del archivo. Simplemente hacemos la administración de las cajas con documentación, desconociendo el contenido”, declaró en audiencia judicial el gerente operativo de Storage, Salvador Ciccariello, la empresa en la que Estado guarda las cajas de Pluna luego del concurso de la aerolínea de bandera que cerró en 2012.
El directivo fue citado a declarar por la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera en el marco del proceso de Pluna, que lleva 13 años y se encuentra en un callejón sin salida desde hace años en la búsqueda de siete documentos que la defensa de los imputados busca incorporar. Los abogados Carlos Uriarte, Enrique Moller y Jorge Barrera pretenden sumarlos para pedir el sobreseimiento de los exsocios privados de Pluna, Matías Campiani, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde, procesados en 2013 por estafa.
Sin embargo, el gerente la empresa privada que el Estado contrató en 2012, no pudo aportar algún dato que clarifique si la documentación está en las cajas que custodian.
En un documento que días después de declarar, el gerente entregó al juzgado, identificó que la sección que tiene rotulada "Jurídica" y que alberga 152 cajas, es el lugar probable para encontrar uno de los siete documentos que el Tribunal de Apelaciones Penal de 1° Turno había ordenado agregar al expediente. El total de cajas depositadas por Pluna llega a las 3.060.
En la audiencia, a cuyo audio El Observador accedió, explicó que Pluna ingresó como cliente de Storage el 20 de setiembre de 2012 y que el contrato se renovó periódicamente hasta 2020. En 2019 suscribieron un nuevo contrato. Agregó que desde 2020 están en “búsqueda de algún representante... estamos negociando el cobro de adeudos”, dando a entender que desde entonces no se les paga por el servicio.
Entre la documentación que las defensas buscan figuran un anexo a la suscripción de acciones cuando Leadgate se hizo cargo de la aerolínea que incluía dictámenes jurídicos del Estado, así como estados contables e información sobre un tipo de contrato llamado sale and leaseback (venta y arrendamiento simultáneo). En concreto se trata de documentos muy específicos que la defensa pretende usar para contrarrestar la hipótesis del auto de procesamiento que les imputó estafa.
En esa audiencia en la que compareció Storage, su representante afirmó que no pueden saber el contenido de las cajas porque con Pluna no se manejaba el detalle del contenido.
Uno de los defensores, Uriarte, anunció que le pediría a la jueza que solicitara a Storage copia de los contratos, el listado de personas que retiraron documentos entre 2016 y la actualidad de esas cajas de Pluna ya sea desde Presidencia o desde el MTOP, así como el intercambio de mails entre la empresa y el Estado.
Sin embargo, cuando formalizó las peticiones, después de que se retiró Ciccariello, la jueza no hizo lugar al planteo por considerar que “carecen totalmente de vinculación con el objeto que se debate en esta audiencia y se trata de prueba impertinente a la luz de lo que se está procurando”.
Antes el fiscal del caso, Carlos Reyes, había planteado que se opondría por considerarlo también impertinente y que no guarda relación con el objeto del proceso.
El representante de Storage había relatado que las cajas llegaron cerradas y están precintadas por lo que si se abren deben ser precintadas nuevamente. Además informó que las comunicaciones con el Estado se hacen por correo electrónico.
Luego de rechazar el petitorio de los abogados que estaban presentes, la jueza dijo que pediría a Storage que informe exactamente cuántas cajas tienen en su poder, para luego solicitar a Presidencia que proporcione a alguien que pueda hacer una búsqueda manual de los documentos.
Las defensas de los imputados interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra esa resolución. El escrito, al que accedió El Observador, sostiene que la sentencia del tribunal de 2018 tiene autoridad de cosa juzgada sobre la totalidad de los siete documentos, por lo que limitar la búsqueda a uno solo carece de fundamento jurídico.
Además, dado que la Fiscalía no se opuso a la remisión de correos electrónicos, recibos ni listados de personas autorizadas, el rechazo en bloque excede lo efectivamente debatido en la audiencia. También sostuvieron que existe un riesgo concreto sobre la integridad de la documentación, dado que el Estado mantiene una deuda impaga con Storage por el contrato de depósito. Se pidió también que se ordene a Storage informar sobre la totalidad de las cajas de Pluna S.A., sin limitarse a la sección “Jurídica”.
En la audiencia los abogados recordaron que había declarado en la causa la archivóloga que trabajó con la documentación. “Se tiene que brindar esa persona idónea por parte de Presidencia” para buscar los documentos, dijo la jueza y señaló que el último recurso será “una inspección judicial”.
“No descartamos eso”, respondió Uriarte.
Antes, la jueza deberá resolver sobre el recurso que le presentaron y si lo rechaza enviarlo a Apelaciones.
Posible delito
Uriarte dijo en la audiencia que cuando la archivóloga declaró en su momento no mencionó a Storage. "Es un tema para enmarcar y saber donde estamos parados… El Poder Ejecutivo le tira toda la pelota a Storage y Storage es un cumplidor de piedra”.
De hecho, los defensores se enteraron de la existencia de Storage y de que la empresa guardaba parte de la documentación cuando Presidencia de la República lo dijo en julio de 2025, algo que en los años que lleva el juicio no habían revelado.
La jueza les dijo entonces que no pueden seguir “20 años más para ver si alguien lo tiene o alguien se lo sacó”. “Si ustedes presumen que hay una existencia de un delito, ahí es otra cosa. Lo vamos a canalizar por el lado correspondiente”.
Uriarte había planteado al fundar el pedido de información a Storage que era importante porque determinaba la responsabilidad de las dos partes, de Storage y de Presidencia. “Acá se ocultó lo de Storage", insistió.
“Parecería que la defensa está buscando determinar algún tipo de responsabilidad contra el Estado o contra Presidencia o contra MTOP o contra Storage por la pérdida o no encuentro de la documentación que no es el objeto de esta audiencia”, señaló la jueza.
“La sede entiende en este momento no se está ante un hecho de apariencia delictiva pero si, llegado el momento se encontrara algo, correspondería formar pieza parte e investigar de acuerdo al nuevo CPP”, señaló. El caso Pluna se tramita por el viejo proceso penal.
