FEMI manifestó en un comunicado “su plena solidaridad y respaldo institucional” a la médica. La fiscal de primer turno de Treinta y Tres, Ana Baricevich, imputó a la profesional y ordenó, como medidas cautelares, la fijación de domicilio, la prohibición de salir del país y la de ejercer la cardiología por 90 días, hasta que se celebre el juicio.
Allí consta que Pagliotti se recibió como médica en el año 2000 y que en 2005 comenzó a cursar el posgrado en cardiología.
Otro folio del expediente da cuenta que en 2018 reinscribió para terminar el posgrado. En ese momento la Comisión Directiva de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina determinó que Pagliotti aún debía “cursar un semestre de Policlíinica Cardiológica y dar la pueba correspondiente” y además “presentar los trabajos escritos de primer y segundo año, la Monografía y rendir la Prueba Final”.
Para ello se le puso un plazo de tres años y uno adicional para rendir la prueba final. Esos plazos se vencieron en 2022.
La consulta de Flores respecto a la titulación de Pagliotti ocurrió debido a dudas que se le plantearon en 2019 respecto al tratamiento que recibía su hijo en la mutualista Instituto Asistencial Colectivo (IAC), de Treinta y Tres.
Debido a un problema cardíaco (tetralogía de Fallot), el hijo de Flores se atendía en el Sanatorio Americano de Montevideo a través de pases que le otorgaba IAC. Pero en determinado momento –según relató- le comenzaron a negar esos pases.
“Lo que ameritó mi denuncia –dijo Flores- es que su hermano, Horacio Pagliotti, cuando asumió en la directiva de IAC, le comenzó a negar los pases a cardiología del Sanatorio Americano a mi hijo, que nació con cardiopatía congénita y siempre fue asistido en la parte cardíaca en Montevideo. El doctor Pagliotti alegaba que IAC tenía una excelente cardióloga en Treinta y Tres, su hermana. Y yo insistía que IAC no tenía los recursos para asistir un paciente con tetralogía de Fallot”.
Tras el planteo, Salud Pública remitió la consulta a la IAC. Quien respondió al oficio señalando que Pagliotti se recibió en 2000, inició su posgrado en 2005 y se reinscribió en 2018 fue Horacio Pagliotti, quien en 2019 era director técnico de IAC.
De acuerdo con una publicación en las redes sociales de FEMI del 9 de julio, hoy Horacio es el gerente administrativo de IAC. María Laura es la presidenta de la mutualista, según la web de la institución.
La médica Pagliotti recibió una segunda denuncia en 2024, de parte de otra usuaria de Treinta y Tres, distinta a Flores, que prefirió no hacer declaraciones públicas al ser consultada. A diferencia de lo ocurrido en 2019, esta segunda denuncia fue remitida por el MSP a la Fiscalía. Eso ocurrió durante la anterior administración.
Lo que ahora deberá determinar el sistema judicial es si Pagliotti se presentaba como cardióloga ante sus pacientes.
Según explicó Lucía Florio, profesora titular y catedrática de cardiología, no existe una reglamentación que obligue a que las enfermedades cardíacas sean atendidas en forma exclusiva por cardiólogos. Cualquier médico puede hacerlo.
Lo que no se puede es presentarse como cardiólogo sin serlo. Según las denunciantes, tal situación se configuró en este caso. Flores adjuntó a su denuncia fotografías que, según ella, demuestran que esa situación ocurrió en IAC.
En su perfil de Linkedin, hasta hoy Pagliotti se presenta así: “Cardiologia en Hospital de Treinta y Tres, IAC en Treinta y Tres”.
En los datos públicos del Fondo Nacional de Recursos, consta que la médica indicó en múltiples oportunidades la realización de cateterismos y cirugías cardíacas a pacientes públicos y privados en Treinta y Tres. Los procedimientos fueron aprobados y llevados a cabo.
Florio explicó que la misma ausencia de reglamentación hace que cualquier médico pueda pedir una cirugía cardíaca ante el FNR, “aunque es de sentido común que un tratamiento o estudio diagnóstico especializado sea solicitado por un especialista en el tema que conozca profundamente la indicación, la oportunidad, la relevancia y la acción que surja del resultado”.
Consultada por El Observador, Pagliotti se excusó de hacer declaraciones ya que eso le han aconsejado sus abogados. No respondió tampoco cuando se le preguntó cuándo se había recibido y cuándo había comenzado el posgrado, información que luego se obtuvo del expediente ya citado.
“Casos similares”
Para FEMI la doctora Pagliotti enfrenta una situación de extrema injusticia.
“El caso constituye un hecho de enorme gravedad, no solo por sus consecuencias personales y profesionales, sino porque expone una realidad que FEMI viene advirtiendo desde hace tiempo a las autoridades nacionales: la ausencia de un marco jurídico claro que otorgue seguridad a los médicos que desempeñan funciones asistenciales especializadas indispensables para el funcionamiento del sistema de salud”, señala el comunicado emitido por la gremial de médicos del interior.
Según FEMI, el 30% de las horas de especialidades son cubiertas por médicos que no tienen sus posgrados terminados, lo que definen como una “situación similar” a la de Pagliotti.
Para la gremial, la labor de estos médicos “resulta esencial para garantizar la cobertura asistencial en todo el territorio nacional, particularmente en el interior del país”.
El comunicado agrega que “resulta inadmisible que profesionales cuya actividad ha sido conocida, permitida o tolerada durante años por las propias instituciones del sistema de salud queden expuestos, en forma individual, a consecuencias jurídicas derivadas de una situación estructural que el Estado aún no ha resuelto”.
Para FEMI “hoy no existen las garantías jurídicas indispensables para brindar la debida protección a estos profesionales ni a las instituciones asistenciales, circunstancia que genera incertidumbre, compromete la continuidad de los servicios y pone en riesgo la adecuada cobertura sanitaria de la población”.
Gustavo Alonso, presidente de FEMI, dijo a El Observador que la acusada está cursando el posgrado en cardiología y le resta aprobar el último trimestre de la especialización.
La presidenta de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Gabriela Pradere, manifestó que el peor efecto de este caso sería “que la gente sintiera alarma respecto de la atención que recibe”.
“En términos generales, cuando uno analiza los resultados de sistema de salud se aprecia que son buenos. Pero tenemos que mejorar la transparencia y la calidad de la información”, reconoció. “La gente tiene derecho a saber con quién se está atendiendo”.
Pradere prefirió no opinar sobre el caso concreto, ya que está en manos de la justicia y se confía en su actuación. “La información que tenemos dice que la doctora figuraba como responsable de una policlínica en cardiología. La justicia deberá determinar si existió la usurpación de título”.
