El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo a El Observador que en el Presupuesto se consagrará la idea de que las cárceles salgan de la órbita del Ministerio del Interior. Una vez que esto tenga rango presupuestal, se votará una ley que establecerá su organigrama y las necesidades que deben ser contempladas.
Una posibilidad es crear un servicio descentralizado de rehabilitación que reúna las cárceles para adultos y para menores. Otra posibilidad, dijo el ministro, es que un servicio dependa del Instituto de Rehabilitación (mayores) y otro siga dependiendo del Sirpa (menores). "Lo que quisiéramos es que no haya más personas mayores en el mismo lugar en que están recluidos menores", dijo el ministro.
En estos días, Fulco lanzó la idea directamente de pasar a quienes cumplan 18 años dentro de cárceles del INAU a prisiones para mayores, algo que requeriría una modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia, que tanto agitó la izquierda en el debate electoral contra la baja en la edad de imputabilidad penal.
Las diferencias expuestas en campaña con la propuesta liderada por Pedro Bordaberry sobre bajar de 18 a 16 la edad de imputabilidad penal comprendían cuestiones filosóficas sobre el carácter de menor y de la pena, pero, a la hora de la implementación de esa pena, lo que surge ahora en el oficialismo es bastante parecido a lo que sugería el líder colorado.
Caso 1 Actualmente, los mayores de 18 años van a cárceles de adultos dependientes del Ministerio del Interior. Los menores van a cárceles juveniles dependientes del INAU. La pena máxima para un menor es de cinco años. O sea que alguien que asesinó a los 17 puede llegar a estar hasta los 22 en centros del INAU.
Eso siempre fue así. Se sabía y lo sabía el Frente Amplio cuando debatió con los partidos tradicionales las políticas represivas para con los delincuentes juveniles. Incluso, se ha dado alguna situación absurda con cómo funciona la legislación de menores: un menor de 17 años cometió una rapiña por la que nunca fue apresado; recién cayó cuando asaltó con 18 años; entonces fue a la cárcel para mayores y cuando salió, con más de 20 años, debió volver a un centro del Sirpa a cumplir su pena por la rapiña cometida cuando tenía 17 años.
Caso 2 Bordaberry, además de bajar la edad de imputabilidad (o sea de aumentar las penas), proponía un instituto en el que hubiese delincuentes de entre 16 y 18 años. Pero al aumentar las penas (si se toma, por ejemplo, los dos tercios de la pena por homicidio en mayores), en ese centro iba a haber gente de 16 años y otros de hasta 24. En algún momento sus impulsores consideraron que, llegado el momento, administrativamente se podía separar a mayores de menores, algo que no estaba establecido en el texto de la reforma.
El matiz que agregaban es parecido a lo que ocurre ahora y que, a juicio de Bonomi, no quieren que pase más.
Caso 3 Descartando el pasaje directo de un hogar del INAU a una cárcel para mayores, la opción que se plantea es que dentro del sistema de reclusión juvenil haya hogares a los que irán los internos cuando cumplan la mayoría de edad.
Muy parecido a lo de Bordaberry en el concepto de la rehabilitación: como el INAU no ha podido, se crea otro centro.
En la cátedra y en ámbitos de defensa de los derechos del niño ya se advierten posibles agresiones al Código de la Niñez y la Adolescencia con el que Uruguay ya anduvo dando tropezones por el mundo.
El Código se aprobó en la ONU a comienzos de la década de 1990 y Uruguay estuvo una década para convertirlo en ley, con tanta mala pata que se equivocó en varios artículos y a los pocos meses debió reformularlo.
El principio –que, se suponía, esgrimía la izquierda para polemizar con quienes querían bajar la edad de imputabilidad– era que había delitos que cometían adolescentes con determinados valores o formaciones físicas y psicológicas.
Mandarlos a cárceles para mayores –como lanzó Fulco– cuando cumplen la mayoría de edad es, además de un reconocimiento del fracaso de la rehabilitación, negar aquel principio de que esa persona que cumplió 18 años por imperio del paso del tiempo está allí por un hecho que cometió cuando –presuntamente– era otro ser, al menos jurídicamente hablando.
La izquierda logró pasarle el cerrojo a las cárceles de menores por las que antes se fugaban de a camiones; pero, mientras los centros del INAU se le llenaban ante esa nueva eficacia, no le dio el paño para articular políticas de rehabilitación.
Y la salida de pasarlos a lugares para mayores luego que fueron detenidos como menores, que puede ser hasta lógica desde un punto de vista carcelario, también es parecida a darles el pase a una "casa grande", como se le llama a la cárcel en la jerga tumbera. Habrá menores delincuentes en unos centros, personas que fueron detenidas como menores pero que cumplieron la mayoría de edad, en otros centros, y los mayores en las cárceles tradicionales.
Mal que les pese a quienes quieren bajar los índices delictivos, se toma la universidad del delito que son el INAU y la cárcel y se le agregará otra cátedra.
