Nacional > MSP
Casa de Galicia: intervención se encontró con un margen de maniobra financiero "casi nulo"
"Poner en orden la casa". Esa es la premisa que utilizó este miércoles el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, al fundamentar la reciente decisión de desplazar a las autoridades e intervenir a la mutualista Casa de Galicia, sobre la que las autoridades ya comenzaron a trabajar y en la que, en pocos días, confirmaron una situación más que compleja.
El viernes pasado ingresó a la institución el equipo interventor designado por el ministerio, encabezado por la contadora Alicia Rossi y la doctora Luisa Santana como directora técnica. En estos pocos días, según se relató a legisladores de todos los partidos, hallaron una institución al borde de su existencia.
"Se encontraron con que la institución, desde el punto de vista financiero, tiene muy poco margen de maniobra", dijo Alberto Yagoda, presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa). "Poco margen, por no decir casi nulo", agregó.
La intervención tendrá un primer cometido: determinar qué tipo de medidas se requerirán aplicar para asegurar el sostenimiento de la mutualista en el corto plazo. Además, en los próximos tres meses, se pretende tener un "diagnóstico específico" a través de una completa evaluación.
Será, explicó Salinas, para determinar "cómo está parada la institución", cuál es su relación activos-pasivos y qué deudas debe afrontar, para así "poder enfrentar el futuro con información de primera mano". El objetivo primario, remarcó, es mantener a la institución abierta, funcionando y con una correcta atención a los usuarios como centro.
Ante la Comisión de Salud del Senado, el ministro fundamentó que la decisión final de intervenir la institución se dio ante la solicitud de pasaje a concurso que la propia mutualista efectuó días antes, en la que la Junta Directiva que terminó siendo desplazada admite que enfrenta "gravísimos problemas económicos", al punto que "no puede enfrentar sus obligaciones en lo inmediato".
Salinas, que había sido fuertemente criticado por el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, defendió también su decisión de rechazar el aval para que la entidad accediera a un nuevo fideicomiso que le hubiera otorgado nuevos recursos.
Al respecto, el ministro recordó que en 2015 la entidad había efectuado un pedido similar, que se formalizó en 2017 y que fue otorgado en 2019, que le significó el ingreso de US$ 20 millones.
Sin embargo, remarcó, el pasado 24 de junio, apenas 18 meses después, Casa de Galicia presentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas la solicitud para un nuevo fideicomiso, por US$ 12 millones adicionales.
Según Salinas, hubo respuesta preliminar y "contundente" de parte de la Asesoría Macroeconómica de ese ministerio, pero el diálogo entre las partes "no pudo ser" dado que, a mediados de octubre, la institución pidió el concordato. Según el jerarca, el proceso de evaluación del pedido de fideicomiso habría llevado, al menos, un año.
El ministro ironizó sobre la pretensión de la exJunta Directiva de presentar el aval de una institución bancaria privada que, según se afirmó, estaba dispuesta a otorgarle el préstamo. Salinas puntualizó al respecto que el banco privado pedía a cambio el respaldo del Fondo de Garantía IAMC. "No es, ni más ni menos, dinero que respalda el Estado", dijo. "Quiere decir que, si la institución falla, está el Estado, y cuando está el Estado está el ciudadano". De lo que se trata, remarcó, es "cuidar el dinero de todos".
Datos sensibles
Salinas pidió a la comisión mantener reserva sobre parte de su exposición, al considerar que "no era conveniente" que trascendieran determinados datos que aportó, dada la "competencia feroz" que existe entre las distintas instituciones de salud. La misma reserva se aplicó a parte de los informes divulgados la semana pasada por los veedores que trabajaron en Casa de Galicia.
Lo que se sabe es que los pasivos de la mutualista rondan los US$ 76 millones, que se adeudan a distintas entidades, desde bancos hasta prestamistas. Así lo dijo a El Observador el diputado frenteamplista Luis Enrique Gallo (AU).
Durante la intervención, los salarios de médicos y funcionarios y los gastos de funcionamiento estarán garantizados a través de lo que el Sistema Nacional Integrado de Salud paga a través de las cuotas Fonasa. Eso será así al menos por dos años.
Otra fuente de ingresos pasa por una particularidad que distingue a la mutualista: la venta de servicios. Galló destacó el excelente nivel de algunas de sus prestaciones: como el IMAE cardiológico o el sector oncológico. Se le alquila un piso entero a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y otro a Gremca.
Galló recordó que la situación de crisis de Casa de Galicia ya es "endémica" y se arrastra, por lo menos, desde los últimos 25 años, con varias intervenciones y acceso a fideicomisos.
El diputado frenteamplista planteó ante Salinas una "solución de fondo": utilizar la localización estratégica del Sanatorio Central de la institución para crear un "polo sanitario" que reúna a varios prestadores, tomando en cuenta la capacidad ociosa de ese centro: hoy, Casa de Galicia puede atender a 155 mil usuarios, pero mantiene apenas 43 mil socios.
Gallo remarcó que la prioridad para el Frente Amplio pasa por tres aspectos: mantener a la institución, garantizar la calidad asistencial y asegurar las fuentes de trabajo de médicos y funcionarios.
Al respecto, una de las certezas que deberá arrojar la auditoría es con cuántos trabajadores cuenta hoy la institución: Mientras su expresidente Iglesias, habló la semana de 4.400, este martes el ministro Salinas habló de 2.800.
RECORDAR MANINI
