Casi 500 policías declarados no aptos cobran sueldo sin trabajar

Mayoría de los efectivos inhabilitados por enfermedad padece trastornos psíquicos

Un total de 480 policías que, por razones de salud, fueron declarados “no aptos en forma transitoria” para la función ejecutiva están en su casa cobrando el sueldo y no un subsidio como establece la ley, según fuentes técnicas del Hospital Policial, consultadas por El Observador. A ese personal debería pagársele un seguro (que en promedio ronda los $ 4.000) y someterlo a un seguimiento institucional de su estado de salud. Eso no se cumple.

Dicha situación, de licencia por enfermedad, se puede extender por un máximo de tres años, tras lo cual se deberá tomar una decisión sobre su futuro.
A los declarados no aptos se les retira el arma y no pueden ejercer hasta no ser reevaluados por una junta médica. Sin embargo, el director de Sanidad Policial, Leonardo Anzalone, aseguró a El Observador que “una buena parte de los policías inhabilitados, a los que se les retiró el arma, igual están en servicio en tareas de apoyo”. Explicó que son los médicos tratantes quienes les hacen un seguimiento cada “tres o seis meses” y autorizan que realicen funciones acordes a su perfil y estado sanitario.
El jerarca reconoció que algunos artículos de la ley 18.405 están bajo revisión del Ministerio del Interior porque “perjudican más de lo que ayudan al policía”. Uno de los puntos cuestionados refiere al subsidio transitorio por incapacidad parcial.

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La baja de los 480 efectivos sucede en momentos en que el gobierno intenta reforzar la vigilancia en las calles como medida disuasoria del delito y mientras el Poder Ejecutivo discute en reserva una batería de medidas para combatir la inseguridad. Precisamente, la seguridad es la principal preocupación de la población.
Los policías inhabilitados, la mayoría por problemas psiquiátricos y de estrés, podrían volver a la actividad en el corto plazo (no más allá de seis meses), pero la falta de controles sobre su estado hace que sigan cobrando el sueldo sin trabajar, según señaló una fuente vinculada al proceso.

Una vez que un policía es declarado no apto queda excluido para tareas ejecutivas de combate al delito. Antes de la norma –que se aprobó durante el gobierno de Tabaré Vázquez– a los policías con problemas psiquiátricos se les retiraba el arma, pero “rápidamente” pasaban a realizar tareas de apoyo a sus compañeros, hecho que hoy está prohibido por ley.
La ley
De acuerdo a la ley 18.405 que rige desde el año 2008, y que reformó el régimen previsional para los policías, un funcionario declarado no apto transitoriamente puede estar hasta tres años fuera de servicio. Pasado el plazo deberá volver al trabajo, ser dado de baja o pasar a retiro.

Mientras está incapacitado para la función, Sanidad Policial y la Caja Policial tienen la responsabilidad de hacerle un seguimiento médico y administrativo a los efectos de determinar si el uniformado puede volver a la calle. “Ese seguimiento es escaso en Montevideo y nulo en el interior”, según informó la fuente a El Observador.
La ley establece que a ese personal, que tiene entre 25 y 50 años de edad, se le pague “un subsidio” mensual, pero a la gran mayoría, con excepción de cinco o seis, se les está abonando el sueldo completo.
Anzalone afirmó que los controles sanitarios se hacen y están a cargo de psiquiatras, traumatólogos, urólogos y otros médicos especializados que trataron al paciente. Señaló que varias de las patologías que se diagnostican a los policías “son reversibles”, por lo que una vez restablecidos, el caso se presenta a la Junta Médica para su re evaluación. Explicó la licencia por problemas psiquiátricos “no implica que estén locos, sino con un estado emocional que les impide manejar un arma”.

De acuerdo a datos oficiales a los que accedió El Observador, la mayoría tiene problemas psiquiátricos por el estrés que deben soportar y las condiciones en las que realizan su trabajo; otros, en menor medida, enfrentan problemas cardíacos; hay casos de depresión porque se divorciaron o por fallecimiento de un familiar; y unos cuantos presentan traumatismos de todo tipo que van de un golpe a una fractura, por lo que, una vez curados, deberían volver al trabajo tras una evaluación.
En el interior del país, más allá de haber sido declarados no aptos, se les convoca a trabajar en las comisarías para hacer tareas administrativas, lo que constituye una irregularidad. Anzalone reconoció que aplicar “a rajatabla” algún artículo de la ley sobre pensiones policiales puede tener un impacto “negativo para el policía”.
Piden informes
El tema fue motivo de un pedido de informes del diputado Álvaro Fernández (Partido Colorado) remitido ayer –día en que fue interpelado el ministro Eduardo Bonomi– al Ministerio del Interior. El legislador solicitó se le informe sobre la cantidad de efectivos policiales declarados no aptos, así como conocer qué controles reali
zó la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, y si de alguna manera se favoreció a ese personal con algún tipo de inserción laboral o cambio de escalafón.

El legislador afirmó a El Observador que una de las preguntas refiere a si se cumplieron “todas las garantías legales y médicas para evaluar al personal declarado no apto”. Fernández preguntó incluso al gobierno si el seguimiento que se efectúa a los funcionarios policiales que son enviados a sus domicilios “es estrictamente institucional o si alguna empresa privada externa tiene acceso a información confidencial”.

Según supo El Observador, los expedientes y las historias clínicas de los policías con problemas de salud están guardadas en un departamento específico del Hospital Policial. Sin embargo, las autoridades de ese centro de salud contrataron a una empresa privada para auditar la gestión e incluso se le propuso acceder a expedientes médicos, que son reservados. Hasta ahora esa empresa no tuvo contacto con las historias clínicas de los policías. 

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