¿Qué opina de las ?
El proceso penal uruguayo está demodé. Ha quedado obsoleto. Por eso participamos en la comisión redactora del nuevo proceso penal y tenemos tanta esperanza en poder al menos empezar a poner en funcionamiento el nuevo proceso penal público y acusatorio el 1º de enero de 2017. Es muy difícil explicar el funcionamiento que ha quedado desfasado en el siglo XXI y que no es compartido por casi ninguno de los países de la región, así que tenemos que seguir trabajando para imponer un proceso transparente y garantista. Se han recibido críticas, no solo en este caso sino en otros, de organismos internacionales.
¿Entonces da la razón a las críticas?
Yo no digo eso. Sobre el caso concreto no hago ninguna consideración. Además el caso va a quedar, en cuanto a la libertad de la persona que está imputada de delito, a decisión del pleno de la Suprema Corte de Justicia la semana próxima o la siguiente una vez que los ministros que hicieron la visita lo presenten. Pero sí hay que señalar que la estructura del proceso penal uruguayo da pie a estas críticas por la falta de transparencia que tiene, sobre todo la instancia presumarial. Esto es, todo el tránsito desde la instancia en que se comete el delito hasta el procesamiento y toda la reserva que la ley establece. Eso hay que cambiarlo lo antes posible, ya que Uruguay, que es una democracia plena, no se merece este tipo de cuestionamiento internacional.
¿Con qué plazos se ejecutará?
El 2017 sería el año de implementación, si lo deciden el Poder Legislativo y el Ejecutivo, el año de entrada en vigencia en todo el país, o si se llega a otra solución. Por lo menos la entrada en vigencia en algunos departamentos, y el proceso de implementación total en dos años. Será un proceso mucho más garantista y transparente para la gente. A lo que uno no tiene acceso directo, o no es transparente, despierta sospechas o resquemores.
¿Desde el punto de vista presupuestal el Poder Judicial está preparado para ejecutar el cambio o necesita más recursos?
Necesitaríamos más recursos, pero por supuesto estamos afinando números para solicitar exclusivamente los indispensables. Estamos concurriendo a ver experiencias comparadas en Argentina, en Neuquén y Santa Fe, que ya están aplicando un código análogo al uruguayo.
¿Existe un estimativo de cuánto dinero se precisa?
En Uruguay hay 500 jueces. En la peor hipótesis pediríamos 10% más, pero dependerá de lo que veamos en las experiencias comparadas en la región, porque quizá ni siquiera sea necesario un incremento tan importante.
