Uno de los problemas a los que se enfrenta el gobierno en relación al proyecto de la legalización de la marihuana es los efectos que puede tener en el sistema penal.
Según advirtieron a El Observador especialistas en la materia penal, si el proyecto de ley legaliza la comercialización de marihuana las personas que han sido procesadas deberán ser liberadas y los bienes que se le incautaron –dinero, vehículos y propiedades– deberán ser devueltos.
Esa conclusión es consecuencia del artículo 15 del Código Penal que establece que cuando las leyes penales configuran nuevos delitos o establecen una pena más severa, no se aplican a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia.
En cambio, cuando se suprimen delitos existentes o cuando se disminuye la pena de los mismos, se aplican a los hechos anteriores a su vigencia, determinando la cesación del procedimiento o de la condena, y la modificación de la pena en el segundo.
Así se lo advirtieron algunos operadores judiciales a la Junta Nacional de Drogas, que ese encuentra al frente del proyecto y lo ha defendido.
El fiscal penal Luis Bajac dijo a El Observador que una ley más benigna debe aplicarse retroactivamente siempre. De acuerdo a la cantidad de personas que han sido procesadas por el tráfico de marihuana estimó que podría llegar a salir “un módulo entero del Comcar”.
Pero además señaló que se le deberá devolver a esas personas que fueron procesadas o condendas el dinero, y los bienes que se les incautó en su momento. Además si la persona ya está condenada podrá reclamar raparación patrimonial al Estado.
De todos modos, fuentes del gobierno que defienden el proyecto explicaron que la marihuana ilegal que no sea vendida por el gobierno se seguirá considerando tráfico y seguirá siendo delito.
Ese es un problema que los legisladores tendrán que resolver, si no quieren que decenas de presos sean liberados.
El viernes pasado, el diario La República informó que el proyecto que enviará en siete días el Poder Ejecutivo al Parlamento tendrá un sólo artículo. El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia explicó que lo medular estará explicado en la exposición de motivos.
Según informó el matutino, el gobierno propondrá que sea el Estado quien se encargue del cultivo, aunque no se descarta acordar con privados bajo estrictas medidas de control.
También se afirmó que la marihuana será vendida a menor precio que el del mercado ilegal actual.
De los ocho proyectos de ley que el gobierno preparó para enfrentar a la inseguridad pública este es el que más dudas enfrenta porque entre los propios gobernantes han entrado en contradicción al explicarlo. Cuatro de ellos ya están en el Parlamento (ver aparte).
Según datos del Ministerio del Interior de los que informó el matutino, en el primer semestre de este año fueron procesadas con prisión 28 personas por los deltios de venta y tráfico de marihuana, diez fueron procesadas sin prisión. Además se decomisaron 268 kilos de esa sustancia.
En tanto, en 2011 fueron enviadas a prisión 88 personas por la comercialización ilegal del cannabis y 19 sin prisión.
La pasta base llenará las cárceles
El proyecto que eleva la pena del tráfico de pasta base a tres años de mínima, -lo que lo hace un delito inexcarcelable- también ha sido cuestionada por operadores judiciales. Tanto jueces como fiscales consultados por El Observador señalaron que por turno -cada semana- hay entre 15 y 30 personas procesadas por vender en las bocas de pasta base, la mayoría de ellas con prisión. Si se aprueba la ley, esas personas pasarán años en las cárceles sin poder salir.
El fiscal penal Carlos Negro afirmó además que por lo general se trata de primarios, muchas son mujeres -jefas de hogar- y que no son grandes traficantes sino personas que se dedican al narcomenudeo. En definitiva a juicio del magistrado se generarán “nuevos delincuentes” y se sobrepoblarán las cárceles.
