Gabriel se acercó con la ropa rota y sucia y pidió comida. Al ver el gesto de aprobación y el ofrecimiento de las papas fritas que quedaban se sentó en el banco de la plaza Matriz y agradeció "la buena onda" porque cuando la gente lo ve venir lo mira "mal" o lo ignora, cuenta.
Pero, también dice que mendigar es lo que le queda porque es adicto a la pasta base y su familia lo echó de la casa. Sin embargo, para que no termine durmiendo en la calle todavía le pagan $13 mil a una pensión para que duerma ahí. Y nada más.
En la pensión dice que tiene que tener cuidado porque los demás inquilinos le roban lo poco que tiene: alguna ropa de abrigo que le dio un vecino o una camisa "más prolija" que le dio su hermano para que busque trabajo y salga de las drogas. Pero, prefiere en la pensión "tierra de nadie" y no en la calle.
Según el censo que realizó la Intendencia de Montevideo en 2020 había unas 5 mil personas que residían de forma permanente en una pensión, la mayoría son como Gabriel: uruguayos, hombres y con distintas problemáticas: adultos mayores que quedaron solos, personas adictas a las drogas, inmigrantes que no llegan a pagar un alquiler, exreclusos, personas trans excluidas de su grupo familiar.
Estas casas están en su mayoría –el 75%, según datos de la IM– en la zona en la zona céntrica de la ciudad, que comprende al Municipio B.
La realidad de la zona llevó a que el Municipio trabaje el tema directamente y este lunes presentó un documento titulado "Habitar las pensiones", donde tanto el Municipio, como la IM y los propios usuarios de las pensiones dan cuenta de –principalmente– los problemas de vivir en ellas y la regularización que hacen las instituciones.
Según los datos del área de Convivencia de la Intendencia de Montevideo, hay 184 pensiones registradas y la mayoría está en "buenas condiciones"; 12 de ellas abrieron este año y tres cerraron. Pero, además, se clausuraron en total 21, tres de ellas este año, según informó la comuna a El Observador.
La publicación del Municipio B da cuenta de que "muchos de estos lugares operan en la clandestinidad", evaden controles de la IM y de la Policía y a veces son gestionadas por los propios inmigrantes que alquilan u ocupan inmuebles precarios que terminan siendo una pensión.
Para Adriana García, integrante del Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU) –que trabajó el tema con el Municipio B–hay, por lo menos, 200 pensiones más que no están registradas en la IM. "Eso está develando la problemática de la emergencia habitacional", consideró.
Fuentes de la IM explicaron a El Observador que se controlan "todas las pensiones", tanto las que están abiertas y habilitadas, como las que no e incluso las cerradas para constatar que no se hayan vuelto a abrir sin las condiciones adecuadas. En promedio, la IM realiza unas 500 inspecciones por año a las pensiones.
La IM reconoció en la publicación que a la hora de fiscalizar las pensiones encuentran problemas, como la "resistencia a las inspecciones" de parte de los residentes, ocupantes o responsables de la casa, desalojos que en los hechos no se cumplen y que, por lo tanto, "sigue en estado de ocupación, aun clausurada, en una situación precaria, y las personas, en definitiva, siguen viviendo en lugares que no cumplen condiciones mínimas de habitabilidad".
A su vez, la IM marcó que cuando se denuncian violaciones a las clausuras la Justicia no ha fallado a favor de la IM. Para García "la problemática de las pensiones clausuradas es la punta de un iceberg de personas que quedan sin tener un lugar donde estar".
Ella, que también trabajó con algunas personas que viven en pensiones y que están formando un colectivo de forma incipiente, explicó que cuando se cierra alguno de estos lugares tienen que "o salir a buscar otra cosa o directamente terminar en el refugio o en la calle".
Cuando la IM clausura una pensión –por ejemplo, por falta de habilitación comercial, condiciones edilicias, falta de habilitación de bomberos o ausencia de un encargado– se lleva un registro de quienes están viviendo allí y deja clausurados los cuartos que están vacíos, pero, de todas formas, el resto de las personas tiene que dejar el lugar.
Desde el Ministerio de Vivienda reconocen que las pensiones no son parte de la política pública. De hecho, el MVOT recepciona denuncias respecto a la clandestinidad o el estado de estos lugares, pero su función es solo transmitirle el caso a la IM para que fiscalice, dijeron fuentes de ese ministerio.
