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El mejoramiento de la educación pública, meta que constituye el mayor y más grave fracaso de los tres gobiernos del Frente Amplio, tiene marcado un claro camino que las autoridades se muestran incapaces de transitar. Ha vuelto a señalarlo un documento de Eduy21, grupo de expertos de alta competencia que incluye a los dos técnicos que el presidente Tabaré Vázquez puso en el Ministerio de Educación y Cultura para reformar el sistema, pero que desa-parecieron de la escena oficial por la cortedad oficial de miras. Las tres medidas básicas que recomienda, cuya sensatez y urgente conveniencia rompe los ojos, son viables siempre que el gobierno muestre algo más de firmeza y las autoridades de la enseñanza se quiten las anteojeras.

Mayor autonomía a las escuelas y liceos, la asignación más coherente de docentes y la evaluación de resultados son los cambios propuestos por Eduy21. La autonomía, para escapar de la excesiva centralización que ejercen ANEP y sus consejos, debe aplicarse no solo a cierto grado de libertad para la utilización de los recursos que se le asignan, sino también a los programas pedagógicos. En ambas áreas cada centro de estudios está en mejores condiciones para atender las necesidades de sus alumnos que una autoridad central que no siempre está al tanto de lo que se requiere en escuelas o liceos lejanos, con características disímiles por el tipo de alumnos y del entorno social en que operan.

La asignación de docentes es otra flaqueza del sistema. Sus sindicatos rechazaron el modesto avance que intentó Secundaria para que los profesores estuvieran dos años en un mismo lugar, en vez de la vigente permanencia anual. Esta fórmula conduce a una excesiva rotación de personal, que impide la formación de equipos educativos estables, con sentido de pertenencia a un mismo centro y de acercamiento con los alumnos. Adicionalmente se requiere adecuar el número de docentes al de estudiantes, para evitar grupos de excesivo volumen que dispersan la enseñanza. Es igualmente necesario introducir un sistema efectivo de control de resultados, con auditorías estrictas en reemplazo del desorden y la fragmentación con que se evalúan actualmente.

El documento de Eduy21 sostiene, con irrefutable fundamento, que las soluciones que propone llevarían a "un cambio educativo profundo y sustentable". Lo prometieron pero no lo cumplieron los gobiernos frenteamplistas. Durante el primero se introdujo una ley de educación que sigue cuestionada por su inconsistencia. Luego el expresidente José Mujica proclamó como su prioridad mejorar la educación, aspiración que quedó en la nada. Y el presidente Tabaré Vázquez anunció en su segundo período un ADN de la educación para reformarla, propósito que se desvaneció sin diagnóstico ni curación por inacción gubernamental ante las presiones de quienes aducen dirigir la enseñanza. Cada año que pasa se agrava el páramo educativo, pese a que la forma de fertilizarlo está nítidamente delineada. Si el gobierno actual no lo reconoce ni se decide finalmente a actuar, habrá que esperar a que el próximo lo haga, saliendo de las declamaciones y algún parche minúsculo que han caracterizado a administraciones incompetentes para asegurar un mejor futuro a los jóvenes y al país.
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