• La multinacional DirecTV fue habilitada en el 2001, durante el gobierno de Jorge Batlle, a brindar servicios de televisión satelital en todo el país. Como la plataforma es distinta a la que ofrecen los cableoperadores (en Montevideo vinculados directamente a las mismas familias que administran los canales abiertos de televisión), se les permitió operar en todo el país.
• Los canales privados, que durante gobiernos anteriores tuvieron mala relación con la izquierda, desde que el Frente Amplio llegó al gobierno en 2005 se acercaron y lograron conseguir algunos de sus planteos.
• Con DirecTV, según confesó De Feo en la entrevista con El Observador, el gobierno actuó tras su iniciativa. El empresario tiene buena relación con Mujica y le sugirió limitar al 25% de los hogares con servicio de televisión para abonados el mercado de una empresa. En la redacción se equivocaron y pusieron solo el 25% de los hogares, lo que amplía casi al doble la posibilidad de conseguir clientes. Ahora eso se intentará corregir en la ley de medios.
• Otro caso emblemático fue el tema del grupo Clarín. Durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el Poder Ejecutivo permitió en 2006 a lo que hoy es Cablevisión (propiedad de ese grupo argentino) unificar sus 15 frecuencias de Montevideo con las nueve de Canelones. Luego los canales lo impugnaron y el gobierno dio marcha atrás. Más tarde, el gobierno de Mujica avanzó sobre ello y limitó más las frecuencias de Clarín.
• Pero no es el único caso de presión de los canales que es efectiva. DirecTV es el único proveedor de televisión satelital. La telefónica Claro consiguió durante el gobierno de Tabaré Vázquez en 2008 un permiso para ingresar en ese mercado. Pero un año después, en 2009, le fue revocado por el Ministerio de Industria. En febrero de 2013, la Justicia le dio la razón a Claro y decidió que se le debía otorgar nuevamente ese permiso. Sin embargo, los canales presionaron duro para revertir esa situación, porque además de DirecTV ingresaría al mercado de la televisión para abonados otra multinacional de peso. Atrás además estaba Movistar (de la española Telefónica) que pedía el mismo permiso. Sin embargo, tras la presión de los canales y pese al fallo judicial en contra, el gobierno emitió otro decreto prohibiendo a Claro operar en ese mercado porque las acciones de la empresa son nominativas y se desconoce la identidad de los titulares. Además en la ley de medios, el gobierno impide a las telefónicas ingresar en el mercado de los servicios audiovisuales.
• En donde el gobierno avanza contra cuestiones que molestan a los canales de televisión es en la ley de medios. Falta saber si esa iniciativa será aprobada o no en el Parlamento durante este período de gobierno.
