Coimas de $ 5 mil por recuperar objetos robados: investigan a la Policía de Treinta y Tres por "corrupción en mandos superiores"

Fue, por ejemplo, el caso del dueño de una moto que, tras desembolsar el dinero requerido, recuperó su vehículo y el de una mujer que también testificó en la causa. Ambas denuncias fueron confirmadas por la abogada del sindicato policial Jenifer Izquierdo, quien –en diálogo con medios locales– catalogó los hechos como "irregularidades administrativas", consignó este viernes Sarandí.

"El tema de la corrupción es muy delicado. Hay corrupción, principalmente en los mandos superiores" de Treinta y Tres, dijo.

La denuncia fue minimizada por Silveira, quien respondió a El Observador que esperará a "hablar con el Ministerio (del Interior)" antes de emitir declaraciones y confirmó que sigue en el cargo mientras se desarrolla la investigación. Días antes había declarado que las denuncias le parecían "menores" y las atribuyó a "rumores". Por esa razón justificó no haberlas atendido.

Cuando el caso se hizo público, el testimonio del policía delegado del sindicato llegó a sus oídos. El jefe departamental reaccionó solicitando a la Dirección Nacional de la Policía iniciarle un sumario al denunciante por hechos "aparentemente banales", dijo la abogada sindical y confirmó el fiscal Juan Gómez. En respuesta, el gremio pidió hablar con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y notificó al fiscal para proteger al denunciante.

Por otro lado, la Policía de Treinta y Tres tuvo otra denuncia, en este caso a un policía, por un supuesto acoso a una persona que iba por la calle. Un video fue presentado como prueba de que el agente había incomodado a un menor y algunas personas lo habrían increpado en defensa del joven.

A raíz de este hecho, los compañeros del policía denunciado, a través de dos coches de patrulla, interceptaron al denunciante mientras paseaba con su familia. La explicación que dieron luego fue que lo confundieron con un sospechoso, argumentaron los oficiales.

A esto se sumó que la actuaria del juzgado de Treinta y Tres que iba a trabajar en la investigación es familiar directa de uno de los involucrados, por lo que ahora el caso será seguido desde Melo, Cerro Largo.