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Los colegios católicos informarán a la Dirección General Impositiva (DGI) sobre los pagos que efectúen los padres de los alumnos a esas instituciones, tal como obliga una resolución firmada la semana pasada por la agencia recaudadora.

La decisión del fisco generó el rechazo de los centros de enseñanza privados en el entendido de que la medida “vulnera” el derecho a la intimidad que tienen las personas.
Sin embargo, el presidente de la Asociación Uruguaya de Colegios Católicos, Marcelo Fontona, afirmó a El Observador que la entidad entiende que la resolución de la DGI es “correcta” y que la consulta realizada a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic) determinó que “no hay violación a la intimidad de las personas”.

En ese sentido, la asociación de entidades católicas resolvió “conversar con la DGI como instrumentar la resolución –que los obliga brindar información relevante desde el punto de vista de la fiscalización– aunque cada colegio está en libertad de acción”, explicó Fontona.

La DGI resolvió la semana pasada que los colegios, institutos terciarios y universidades privadas, así como los clubes deportivos deben informar a las autoridades sobre los pagos de las cuotas que realizan los padres de los alumnos o de socios de centros que estén inscriptos en el Registro de Clubes Deportivos del Ministerio de Turismo.

Para el organismo recaudador, la obligación de los colegios de informar es cuando la totalidad de los importes anuales –cuota, matrícula, comedor, materiales educativos, transporte, etcétera– superen en el año las 70.000 Unidades Indexadas (UI), que corresponden hoy a $ 159.229 y equivalen a $ 13.269 mensuales.

En el caso de los clubes, la obligación existe cuando los pagos de cuotas, equipos y servicios adicionales excedan por año las 30.000 UI ($ 68.241 que equivalen a $ 5.687 mensuales).

En mayo pasado el tema había generado polémica cuando la DGI formuló pedidos de información a colegios para conocer cuánto pagan los padres por las cuotas de sus hijos.
Luego de varias reuniones, todo pareció quedar en stand by, pero la semana pasada el organismo volvió a la carga fijando fecha para la aplicación de la norma.

En el texto de la resolución, la DGI afirma que “la Administración Tributaria tiene las más amplias facultades de requerir informaciones a terceros”.

Por esa vía, Rentas busca conformar “perfiles” de sus contribuyentes y los datos que obtiene son cruzados con otras informaciones de organismos públicos, como el Banco de Previsión Social (BPS).

En última instancia se busca evitar casos de evasión de impuestos a través de subdeclaraciones, explicó la semana pasada a El Observador una fuente del organismo recaudador.

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