Colono enfrentado con Tabaré Vázquez levantó su denuncia para no hacerle pagar "al pueblo uruguayo"

El 20 de febrero, Presidencia de la República había subido a su sitio web una nota en la que informaba que Arrieta ocupaba ilegalmente un terreno desde 2008 y que se encontraba en juicio con el Instituto Nacional de Colonización. Ese mensaje, de algún modo, fue la respuesta del gobierno a lo que el colono había hecho el día anterior: llamar "mentiroso" al presidente Tabaré Vázquez a la salida de una reunión con productores rurales en la puerta del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, lo que había despertado el enojo del mandatario, que le exigió de inmediato, en plena vía pública, que se retractara. 

Ahora Arrieta comunicó su decisión a los medios en una carta en la que argumenta por qué prefiere desestimar la demanda por daños y perjuicios, contra la que el gobierno estaba decidido a defenderse hasta las últimas consecuencias: en abril, luego de una infructífera audiencia de conciliación, el Poder Ejecutivo había rechazado llegar a alguna clase de acuerdo con el demandante.

Arrieta renunció al litigio porque entendió que no estaba en sus intenciones "utilizar los recursos del Estado es decir de todos los uruguayos (sic) cuando el resarcimiento del daño hecho pasa más por lo humano que (por) lo material", escribió. Y en diálogo con El Observador, sintentizó: "No estaba dispuesto, porque no iba a pagar Tabaré Vázquez, sino el pueblo uruguayo".

El colono también recordó en la misiva que el día en que fue increpado por el presidente estaba allí "en calidad de integrante de la Mesa Nacional de Colonos", luego de que el mandatario se reuniera con representantes del movimiento de productores autoconvocados –hoy llamado Un Solo Uruguay– y gremiales agropecuarias, como un acercamiento entre las partes. Días antes, los productores se habían manifestado en contra de la política económica del gobierno y los costos de producción.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) le había dado la razón a Arrieta: el 3 de abril recomendó quitar esa publicación "de inmediato", y Presidencia lo hizo. "Tal proceder podría ocasionar efectos inhibitorios al pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión e información y el derecho a la protesta pacífica", había advertido el organismo.

Si Arrieta continuaba con la demanda y ganaba el juicio hubiera obtenido del Estado US$ 50.000.