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Hasta que en 2005 la izquierda accedió al gobierno, su ejercicio político a nivel nacional se limitaba a la oposición. Desde ese lugar, señaló decenas de veces actitudes de los gobernantes blancos y colorados. Denunció corrupción, condenó malas administraciones y, sobre todo, se jactó de estar apartada de prácticas como el clientelismo y otras que saquen provecho de la función pública. Pero cuando el Frente Amplio (FA) llegó al poder tuvo que enfrentar situaciones que antes criticaba. Así, esa actitud de “policía moral” generó contradicciones a la interna de los grupos que forman parte de la coalición.

Esta semana le explotó en la cara al Partido Comunista (PCU) una situación inesperada. Jorge Venegas, que hasta febrero de este año fue ministro de Salud Pública, pasó por encima de lo que indican sus estatutos y la práctica política de esa colectividad. No solo pidió el subsidio económico que le corresponde a quienes fueron ministros o senadores sin consultar a su partido, sino que lo había comenzado a cobrar en marzo y hasta que el tema no trascendió públicamente sus compañeros no se enteraron. Esa desviación de Venegas generó molestia e incomodidad entre los comunistas, y cuando se reúna el Comité Ejecutivo los días 3 y 4 de agosto, le pedirán explicaciones, según dijeron a El Observador fuentes de ese sector.

En este caso, en el que Venegas pidió el subsidio por haber sido ministro (aunque se demostró su inhabilitación legal para ejercer ese cargo), los comunistas manejaron en sus críticas la inconveniencia moral de la práctica. Los dirigentes de ese sector se sintieron incómodos, porque pregonan valores políticos que fueron vulnerados por un integrante del Comité Ejecutivo.

Ninguna de las dos integrantes del PCU que ocuparon un ministerio en gobiernos del FA solicitaron el subsidio una vez que dejaron el puesto. No lo hizo Marina Arismendi ni Ana María Vignoli, ambas exministras de Desarrollo Social (Mides). Eso también lo recordaron ayer los comunistas.

Venegas “no tendría que haberlo pedido”. “Los militantes comunistas que tomamos una tarea, la tomamos por la tarea y por el Estado, por darle para adelante y no por la retribución monetaria que nos dan. Si se terminó tu tarea, vivís como vivías antes”, dijo a El Observador la legisladora suplente Alicia Pintos (PCU), quien contó que cubre las suplencias del secretario general de su partido en el Senado, Eduardo Lorier, y por ello no cobra un peso.

“Vivo con mi jubilación de maestra”, explicó Pintos. “Le dejo al partido lo que se cobra por mi suplencia. Pero cada uno actúa de acuerdo a su saber o entender, pero también de acuerdo a su bolsillo”, agregó.

Lorier no quiso explayarse sobre el caso Venegas, pero dejó claro que el exministro “no consultó” al PCU como debió hacerlo. “Eso es lo único que puedo decir, y es mucho. Si se analiza bien, es mucho”, insistió a El Observador.

El dirigente comunista Daniel Marsiglia, en tanto, dijo a El Observador que cada integrante de esa colectividad tiene claro que no actúa de forma independiente, sino que “hay una colectivo atrás”.

Los estatutos del PCU son claros. En las condiciones de ingreso, derechos y deberes, indica que para ser miembro toda persona debe aceptar el programa y los estatutos, y cumplir con las decisiones orgánicas. Esas reglas obligan también a los comunistas a ser “sinceros y honrados” con el partido. Establece que los motivos de sanción son: violar estatutos; incumplir resoluciones; fragmentarse o atentar contra la estructura, entre otras. Las faltas cometidas, de acuerdo a su gravedad, pueden ser sancionadas con censura interna o pública, separación del cargo que ocupe, separación o expulsión del partido.

Según explicó ayer el ministro del Tribunal de Cuentas, León Lev, a Metrópolis FM, Venegas cobró entre marzo y mayo de este año el subsidio, correspondiente a 85% del sueldo de ministro

(equivalente a US$ 5.200 mensuales). Lev dijo que existe un “fundamento técnico” para defender el subsidio a Venegas, tal como falló el Tribunal por mayoría justa.

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