Dos coroneles en retiro de la Policía colombiana fueron condenados a 10 años y seis meses de prisión por constreñir cadetes a la prostitución entre 2005 y 2006, cuando funcionaba una red sexual masculina en esa fuerza, conocida como “la comunidad del anillo”, informó este jueves la Fiscalía.
La condena se emitió nueve años después de que estallara el escándalo que removió las fibras de los altos mandos de la Policía Nacional en 2014.
De acuerdo con las investigaciones, los oficiales Jerson Jair Castellanos Soto, quien se desempeñaba entonces como jefe de seguridad del Congreso, y Wilmer Torres Orjuela contactaron a jóvenes cadetes para “ganarse su confianza con regalos e invitaciones a salir” y, “después, ejercer actividades sexuales”.
Al menos cinco estudiantes de la escuela de adiestramiento General Santander, en el occidente de Bogotá, fueron intimidados por los oficiales para forzarlos a prácticas de prostitución.
Los alféreces, “en medio de presiones y la amenaza de que no podrían seguir la carrera policial, accedieron a reunirse con el coronel en retiro Castellanos Soto”, aseguró la Fiscalía en un comunicado.
De acuerdo con la investigación, Torres Orjuela usó su posición como jefe de sección de la escuela General Santander “para coaccionar e intimidar a las víctimas, y facilitar su salida de las instalaciones de la escuela para que aceptaran los encuentros sexuales”.
Las autoridades colombianas estiman que en la primera década de los años 2000 funcionaba una red de prostitución masculina al interior de la Policía, como reconoció en medio de un escándalo en febrero de 2016 el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos.
Una investigación sobre el esquema sexual, creado y puesto en marcha por altos mandos policiales y con presuntos vínculos con algunos congresistas, motivó en ese entonces la renuncia del director de la Policía, el general Rodolfo Palomino.
El escándalo llegó a los medios a través de un video con lenguaje sexual explícito en el que aparecía el entonces viceministro del Interior, Carlos Ferro, quien también dimitió, junto al capitán Ányelo Palacios, quien habría realizado y filtrado la grabación.
En ese momento, el expolicía Palacios fue quien señaló que se estaba obligando a los estudiantes de la Policía a cometer actos sexuales con altos mandos, a cambio de dádivas y beneficios dentro de la institución.
La denuncia de Palacios causó en su momento un revuelo nacional y su destitución e inhabilitación por 12 años por cargos disciplinarios. También sufrió amenazas y un secuestro de 48 horas, frustrado porque logró escapar de sus captores.
(Con información de AFP)
