Contribuyentes prefieren pagar a litigar con DGI

Solo el 5% de los que se les determina adeudos van a la Justicia

El Centro de Estudios Fiscales de Uruguay (CEF) elaboró un trabajo en el que cuestiona duramente el poder que adquirió la Dirección General Impositiva (DGI) tras la reforma tributaria de 2007, relegando los derechos del contribuyentes a un segundo plano.

Según el estudio, "el sistema administrativo y jurisdiccional vigente en Uruguay para la resolución de las diferencias entre contribuyentes y la Administración Fiscal adolece de graves falencias que hacen que el contribuyente sienta que está en un clara situación de desprotección y sin las garantías suficientes".

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Como consecuencia de esto, son muy pocos los litigios tributarios que se inician anualmente. Por ese motivo, la mayoría de las inspecciones terminan en una deuda tributaria, sostiene el CEF.

En este contexto, en el caso de la DGI, el 92% de las inspecciones terminan en una determinación tributaria, empero, solo el "5% de los contribuyentes a los que se le determinó una deuda acuden a la Justicia". Una explicación posible sería porque los contribuyentes dan por descontado que la Justicia le dará la razón a la administración tributaria.

Sin embargo, de acuerdo al resultado de una encuesta con contribuyentes y profesionales que elaboró el CEF, la "baja litigiosidad" se debe a que el sistema de resolución de conflictos "no ofrece las garantías suficientes" como para que un particular "pueda confiar en él". Otra de las objeciones que advierte el CEF, es el "excesivo" tiempo (31 meses) que insume todo el proceso administrativo para acceder al Tribunal de lo Contencioso.

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