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Corte brasileña autoriza a interrogar a Lula como testigo en caso Petrobras

También serán cuestionadas importantes autoridades del gobierno del expresidente de Brasil

Por  Redacción
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AFP PHOTO / Douglas MAGNO

La máxima corte de justicia de Brasil autorizó hoy a la Policía Federal a convocar para un interrogatorio al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en la calidad de testigo, en el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, según informaron fuentes judiciales.

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El magistrado instructor del caso en el Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, en un despacho publicado este viernes, coincidió con la Fiscalía en que el ex jefe de Estado puede ser escuchado como informante de la investigación, en calidad de testigo, y no como investigado.

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La autorización para interrogar a Lula fue solicitada en septiembre pasado por un comisario de la Policía Federal para quien el exmandatario "pudo haberse beneficiado" de la red que, según Petrobras, desvió cerca de 2.000 millones de dólares de la estatal.

Zavascki no estableció un plazo para que el expresidente sea interrogado, pero la Policía Federal aclaró en la petición que su intención es poder escucharlo en hasta 80 días.

El magistrado también autorizó que sean interrogados, igualmente como testigos, importantes autoridades en el Gobierno de Lula, como su ministra de Relaciones Institucionales, Ideli Salvatti; el entonces secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalho, y el presidente de Petrobras en la época, José Sergio Gabrielli.

El procurador general de la República (Fiscal), Rodrigo Janot, ya había emitido un parecer en el que se manifestaba favorable a que Lula fuese escuchado en la calidad de testigo en la investigación por el mayor escándalo de corrupción en los últimos años en Brasil.

De acuerdo con el magistrado instructor, la Fiscalía y la Policía Federal tienen la atribución de determinar "la conveniencia, la oportunidad o la necesidad" de realizar diligencias que auxilien en una investigación y ayuden a aclarar los hechos.

Zavascki agregó que, en este caso, tanto la Fiscalía como la Policía Federal coinciden en que las autoridades que serán escuchadas en las nuevas diligencias "no ostentan la condición de investigadas sino de informantes, según se desprende de la petición".

De acuerdo con el magistrado, la Policía Federal alegó que dos de los implicados en el escándalo que admitieron su culpa y colaboran con la investigación a cambio de reducción de penas "presumen que el expresidente estaba comprometido en la red de corrupción por las características y la dimensión de la misma pero no disponen de elementos concretos que comprueben su participación".

Agrega que, como los investigadores alegan que su blanco es una "red de poder política alimentada con enormes recursos de la mayor empresa de Brasil", consideran "necesario incluir en el proceso las declaraciones del entonces mandatario mayor de la Nación para que presente su versión de los hechos investigados".

Pese a que Lula no tiene fuero privilegiado, la Policía Federal decidió solicitar la autorización para escucharlo a la corte suprema debido a que varios de los investigados sí lo tienen, por ejercer mandatos, y tan sólo pueden ser juzgados por el STF.

La Fiscalía ya solicitó que esa corte juzgue a medio centenar de políticos, en su mayoría oficialista, por supuestamente haberse beneficiado de los desvíos de Petrobras.

En su petición a la corte, el comisario responsable afirma creer que Lula pudo haber "obtenido beneficios para sí mismo, para su partido, el PT (Partido de los Trabajadores), o para su Gobierno, con la manutención de una base de apoyo partidaria sustentada a costa de negocios ilícitos" en Petrobras.

La Fiscalía ha establecido hasta ahora que cerca de una veintena de grandes empresas obtenía contratos amañados con la petrolera estatal; inflaban los valores de los mismos en hasta un 4 % y luego repartía las diferencias entre directores de la firma estatal y partidos políticos que amparaban las prácticas corruptas.

Poco antes de conocerse la decisión de Zavascki, el Instituto Lula denunció en un comunicado que el ex jefe de Estado ha sido objeto en el último año de una campaña de difamación que busca "manchar su biografía" y "distorsionar" la percepción de su gestión.

La Fiscalía también abrió una investigación para establecer si Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, incurrió en el delito de tráfico de influencias al promover en el exterior a empresas investigadas por la corrupción en la petrolera estatal.
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