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El Parlamento iniciará esta semana el estudio de un proyecto de ley que crea el llamado Monotributo Social Mides. Se trata de un intento del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por formalizar a las personas más pobres que trabajan por su cuenta.

Para eso se propone que paguen un aporte mínimo al Banco de Previsión Social (BPS), calculado sobre un ingreso mensual de cinco Bases Fictas de Contribución (BFC), que al día de hoy equivale a un sueldo de $ 2.393.

Aquellos que se adhieran a este monotributo estarán obligados a enviar a sus hijos a la escuela de forma “asidua”, dice el artículo 3 del proyecto de ley. También deberán tener “controles de salud periódicos” y asistir a cursos de capacitación “que no impliquen un costo para los contribuyentes”, agrega el texto de la iniciativa.

El Monotributo Social Mides será el único aporte que hará al Estado. Las personas incluidas en este nuevo sistema no aportarán al Fonasa, por lo que no ingresarán al Sistema Nacional Intergrado de Salud (SNIS), salvo que opten por hacer un aporte extra también sobre el ficto de $ 2.393.

El proyecto ingresó al Parlamento en junio y este miércoles será tratado como prioridad en la Comisión de Hacienda de Diputados, según resolvió el diputado socialista Gustavo Bernini, presidente interino de esta asesora.

“El objetivo es darle seguridad social a personas en situación de pobreza, que tienen emprendimientos menores, casi de sobrevivencia. La apuesta es que se integren al sistema, se formalicen y salgan de la exclusión social”, explicó Bernini a El Observador.

En la exposición de motivos de la ley, el gobierno advierte que muchas de las personas a las que se pretende llegar con el monotributo, “pueden no reconocer en la formalización una mejora sustantiva desde el punto de vista de los derechos que pueda proporcionarles la inclusión al sistema de seguridad social”.

El gobierno reconoce que este rechazo a la formalización “es resultado de las políticas públicas inclusivas que se vienen implementando con buenos resultados desde hace algunos años, permitiéndoles acceder a algunos de estos derechos con independencia de su condición de trabajador formalizado o no”, dice el proyecto.

“En otros casos puede que entiendan que la ecuación actual costo (tributo) beneficio (derechos) no se resuelve a favor de ellos. Como consecuencia, además, se va perdiendo el sentido trascendente de pertenencia a una sociedad, que conlleva la obligación de contribuir (también desde lo económico) a la construcción de un sistema más equitativo y justo respetando el principio de cada cual de acuerdo a sus posibilidades”, concluye el proyecto de ley en sus fundamentos.

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