ver más

El director general de Casinos, Javier Chá, declaró en noviembre pasado en el Juzgado de Crimen Organizado, por la compra de 10 máquinas tragamonedas que estaban en situación, al menos, irregular, dijo el jerarca a El Observador, luego de que el semanario Brecha informara ayer viernes sobre la existencia de la investigación judicial.

El 17 de marzo de 2011, Chá fue el único postor de un remate en el que se subastaron los slots. Estas máquinas habían ingresado en 2008 al país en “admisión temporaria”, es decir, sin pagar los impuestos de importación correspondientes, en los plazos previstos.

“Acá lo que hay es un error administrativo, pero ningún perjuicio que tenga que ver con responsabilidades judiciales”, expresó Chá.

La situación de irregularidad administrativa o –en caso de que se compruebe delito– también de ilegalidad, fue detectada por el director de secretaría del Ministerio de Economía, Pedro Apezteguía, quien, en febrero de 2011, solicitó al área de Administración General de Casinos del Estado que “explicite los motivos por los cuales se mantienen desde el años 2008 a prueba las máquinas de referencia”.

Un mes más tarde, Chá ofertó US$ 9.400 por cada una en un remate.

“No hay ningún slot ilegal. El único problema que hubo es que luego de la adquisición surgió que la admisión temporaria de esos slots estaba vencida, porque simplemente se habían olvidado en la administración interna de Casinos hacer un trámite muy simple, que es la renovación de la admisión temporaria frente al Ministerio de Economía”, dijo Chá a El Observador. El director dijo desconocer la solicitud enviada por Apezteguía.

Luego de concretar el negocio, el 29 de julio de 2011, Chá compareció ante el Parlamento por esta misma causa. “Desde el punto de vista comercial, en el que me he desempeñado durante mucho tiempo, esa opción me pareció impecable”, dijo entonces.

Hoy sigue insistiendo en que fue un buen negocio. Explica que cada tragamonedas, marca Orión, modelo T2, como las que adquirió en el remate por US$ 9.400, fueron valuadas por el área Comercial en US$ 10.000. Según Chá, cada slot nuevo de ese modelo superaba en 2011 los US$ 14.000.

Luego de adquirir los slots, el jerarca encargó una investigación administrativa –que aún sigue en curso– para determinar por qué no se le informó que no se había renovado la “admisión temporaria” de las máquinas.

Aduanas dispuso que “se proceda a la regularización definitiva de los bienes mediante una nacionalización que incluya no solo el pago de los tributos y tasas correspondientes, sino las multas y recargos previstos en el Código Tributario”. Casinos reiteró la solicitud a Aduanas de que se le exonere de multas y recargos.
Seguí leyendo