Cuando buscar justicia amenaza a la verdad
Desaparecidos: una historia que lastima y sigue partiendo aguas
Entre las consignas que se escuchaban en las manifestaciones callejeras de los últimos días de la dictadura (1973-1985) había por lo menos dos que, aunque exageradas, adelantaban lo que parte de la izquierda exigiría después para aquellos que habían violado los derechos humanos. “No hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso” y “paredón, paredón, no hay olvido ni perdón”, eran gritos recurrentes en aquellas circunstancias.
Sin llegar a esos extremos, buena parte de la sociedad, los familiares de los desaparecidos, la izquierda y un sector de los partidos tradicionales reclamó en los años siguientes la investigación de lo ocurrido durante la dictadura y la aplicación del Código Penal para aquellos militares y civiles responsables de muertes, desapariciones y torturas.
Es decir, no sólo querían saber la verdad de lo sucedido en los años que se vivió bajo la bota militar, querían también que fueran mandados a la cárcel aquellos que habían cometido delitos.
Finalmente, “verdad y justicia”, fue el reclamo que sustituyó a aquellos radicalismos ochentosos. Por eso, no resulta extraño que la organización de Madres y Familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura haya reaccionado como si hubiera visto al demonio al enterarse de que el papa Francisco ofreció el apoyo de la Iglesia Católica para escuchar confesiones sobre lo hecho por los militares pero sin el ánimo de juzgar lo que hicieron.
“Yo veo al papa como un enviado de Dios dentro de una creencia cristiana. Y lo digo peyorativamente. A lo mejor un enviado de Satanás sería más provechoso con estos tipos que no tienen ningún tipo de consciencia”, dijo este viernes a El Observador TV, Oscar Urtazún, integrante de esa organización.
Según informó la agencia de noticias MercoPress y confirmó ayer El Observador, la iniciativa pretende que el concepto de “verdad y justicia” sea reemplazado por el de “verdad y memoria”,
Francisco mostró interés en cooperar en diversas causas de derechos humanos desde que asumió el Papado el 13 de marzo de 2013 y en las últimas semanas manifestó su interés de hacerlo con Uruguay.
Bergoglio espera contar con el apoyo de todas las partes involucradas, tanto de los familiares de los desaparecidos como de los militares. Lo que concretamente apoya el papa es la creación de una comisión para escuchar confesiones voluntarias tanto de militares como de cualquier persona involucrada en crímenes ocurridos durante la dictadura en Uruguay. La identidad de quienes participen en ese pacto permanecerá en absoluto secreto.
El subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, confirmó el ineterés del papa. “Es una actitud que enaltece a la figura del papa, sin desmedro de lo cual hemos tenido acciones de acercamiento de nuestra iglesia en su conjunto por este tema. El hecho de que pueda aportar -si es que tiene posibilidades de hacerlo- fortalece una serie de conceptos de algo que para el próximo presidente tiene importancia, como es la verdad del pasado reciente de nuestro país”, dijo el jerarca.
La idea tomó cuerpo luego que un grupo de familiares de desaparecidos uruguayos con ciudadanía italiana que participaba en mayo del año pasado de un juicio penal en Roma por causa de derechos humanos, solicitaron participar de la audiencia pública que el papa celebra los miércoles por la mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
El presidente José Mujica dijo ayer que le “sorprendió enormemente” la ayuda ofrecida por Francisco pero agregó que para que prospere debe contar con el aval de las distintas organizaciones de familiares de desaparecidos.
“La opinión del papa siempre sirve, más allá de las decisiones que se tomen. La sociedad, Familiares y toda esa gente tendrá que procesar el ofrecimiento y ver. Yo siempre estoy para dar una mano en eso”, declaró Mujica.
Desde la organización de Familiares se advirtió que aquella visita al Vaticano fue hecha a título estrictamente personal por parte de los involucrados.
“Nosotros queremos verdad y justicia. No es un buen camino el secreto. Una idea de ese tipo no nos convence. No estamos en contra de los pequeños pasos. Pero queremos justicia”, dijo a El Observador Elena Zaffaroni, integrante de la organización de familiares.
La postura de los allegados a aquellas personas que pagaron con su vida la militancia en la década de los 70 se fortaleció cuando el presidente colorado Jorge Batlle (2000-2005) intentó, sin éxito, buscar la verdad sin el ánimo de castigar.
La denominada Comisión para la Paz –el primer intento de investigación tras las presidencias de Julio Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle– pretendió recibir y clasificar información sobre las violaciones a los Derechos Humanos manteniendo “estricta reserva sobre sus actuaciones y la absoluta confidencialidad” de las fuentes de donde resultara la información obtenida.
El informe final no sirvió para encontrar rastros de las personas desaparecidas y la Ley de Caducidad que amnistió a los militares en 1986 siguió reinando sin mayores novedades.
Fue preciso que la izquierda llegara al poder de la mano de Tabaré Vázquez para que las indagaciones permitieran encontrar los restos de cuatro de los treinta y cuatro desaparecidos en suelo uruguayo.
Y, además de encontrar esa verdad, la Justicia mandó a la cárcel a una veintena de militares entre los que se encuentran el exdictador Gregorio Álvarez y los torturadores José “Nino” Gavazzo y Jorge “Pajarito” Silveira.
Con la llegada al gobierno de José Mujica la Justicia siguió procesando militares pero el ex guerrillero tupamaro hizo todo lo posible para demostrar que su mirada del mundo castrense es diferente a la de Vázquez.
Como candidato presidencial Mujica se había manifestado a favor de conmutar la pena a los militares que dieran datos sobre lo sucedido durante la dictadura y luego fue reiterativo en su predisposición a liberar a los represores “viejos” detenidos en la cárcel de Domingo Arena. Incluso, el ministro de Defensa y también tupamaro, Eleuterio Fernández Huidobro, defendió la inocencia del ya fallecido general Miguel Dalmao quien fue encarcelado acusado de participar en el asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. El presidente electo Vázquez dijo que seguirá trabajando para encontrar a los desaparecidos. Y, si quiere, pero sin aspirar a más castigos, podrá contar con el apoyo de Francisco.
