Opinión > ANÁLISIS / OSCAR A. BOTtINELLI

Cuánto importan los candidatos

La volatilidad entre partidos hacia la última elección fue solo el 4,3%

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12 de agosto de 2018 a las 05:00

Una vez más se oye hablar a actores políticos, analistas, comunicadores y encuestadores del impacto en la intención de voto, de la falta de definición de candidaturas, con mayor énfasis en la interrogante en relación al Frente Amplio. Al respecto, la Presidencia del Frente Amplio plantea la necesidad y urgencia de definir las candidaturas porque ello es una de las causas de la traslación de voto anterior frenteamplista a la indefinición. A su vez, los informes de la Fundación Liber Seregni -basados en los datos de una determinada empresa encuestadora- impulsa esa interpretación y concluye en dos puntos sustantivos: reposicionar la gestión de Tabaré Vázquez (primero entre los frenteamplistas y si fuera posible entre sectores menos opositores de la población) y definir sus candidaturas de una forma que le permita competir de manera eficaz con liderazgos ya instalados en el principal partido opositor.

En principio, tanto en el Frente Amplio como en los otros partidos, el definir cuanto antes la o las candidaturas, o postergar su definición, no son conclusiones con sentido académico en busca de despejar incógnitas, sino expresión de conveniencias políticas. Hay personas o sectores a los cuales conviene una pronta definición (y las apuran), hay personas o sectores a los cuales conviene dilatar una definición (y las demoran).

Como decía el gran maestro, Pero Grullo, lo primero es lo primero. Y lo primero es validar las premisas, como debe hacerse en todo ejercicio lógico. Entonces, conviene empezar por el principio (segundo aserto de ese gran maestro) y el principio es analizar cómo es la decisión de voto en el Uruguay. Antes -siempre hay un antes previo al principio- es necesario precisar que la decisión de voto es de un tipo en los países de competencia política plena o esencialmente personalizada (la gran mayoría de los países latinoamericanos, Estados Unidos) y es de un tipo diferente y opuesto en lo países de competencia política plena o esencialmente partidizada (Alemania, Japón, Reino Unido, Uruguay, quizás España). En el medio, una amplia variedad de sistemas; unos que van desde la partidización sólida hacia la partidización débil y hasta la personalización (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Francia, Italia, México) y otros que van desde la personalización hacia la partidización más débil o más fuerte (algunos países de Europa del Este y de África).

Planteadas así las cosas, conviene verlas en este aquí y ahora. Y repetir cosas dichas y escritas en reiteración real. Uruguay presenta un sistema de partidos muy estable y longevo: los dos partidos tradicionales, desde su surgimiento como bandos protopartidarios, es decir desde 1825, están a punto de cumplir los dos siglos; el Frente Amplio cuenta como tal con casi medio siglo, pero a su vez se conforma con escisiones de ambos partidos bicentenarios y con la confluencia de tres corrientes originadas en los albores del siglo XX, vale decir, con más de un siglo. Este es un dato básico, que si no se toma en cuenta, se yerra el diagnóstico.

Pero un elemento asociado y coadyuvante es que el comportamiento electoral de los uruguayos es muy estable, con pequeños deslizamientos de un bloque al otro, y con deslizamientos también suaves, aunque algo mayores, entre los sujetos políticos componentes de cada bloque. No hay saltos abruptos.

El país pasó de un bipartidismo blanco-colorado (hegemónico desde la constitución de los bandos hasta los comicios de 1966) a un nuevo bibloquismo frenteamplista-tradicional (que se consolida a partir de 1999), con un transición suave y sistemática (1971 a 1994). Si se prefiere, se pasó de un bipartidismo dominante blanco-colorado a otro bipartidismo dominante blanco-frenteamplista. Ese cambio de arquitectura presenta un elemento singular: en las varias décadas que duró esa transformación, el Partido Nacional ocupó siempre el segundo lugar, con solo dos excepciones (1989, primero; 1999, tercero). El gran cambio lo fue el enroque entre el primer y el tercer lugar, entre el Partido Colorado y el Frente Amplio, un Partido Colorado que de histórico partido dominante pasó a ser el tercero y un Frente Amplio que de histórico tercero pasó a ser el dominante. Pero ese cambio formidable lo es menos si se piensa que no se modificó todo el sistema, sino que hubo un enroque entre dos partidos, y el grueso de la arquitectura permaneció con pocas modificaciones. Pero lo más relevante es que ese cambio, mayor o menor, como guste, tardó un tercio de siglo en consumarse.

Pero la estabilidad electoral de los uruguayos se demuestra más claramente con el estudio de la volatilidad del voto, es decir, la diferencia de porcentajes de votos de un actor electoral de una elección a otra, en el primer nivel de voto, es decir, la competencia interlemas (a estos efectos, el voto en blanco, el voto anulado y el voto rechazado aquí se suman y se constituye con ellos una sola categoría). La medición más usual es el Índice de Pedersen, que consiste en la semisuma de las diferencias porcentuales, en valores absolutos (sin tomar en cuenta el signo positivo o negativo) de cada categoría entre una elección y otra. Bien, la volatilidad entre las elecciones de 2009 y las del 2014 fue del 4,28% del total del electorado participante. Llevado a votos, el total del desplazamiento no compensado fue de unos 100 mil votos en casi 2 millones 400 mil. Surge clara la hegemonía de un voto partidizado.

Dicho esto, corresponde analizar (semana próxima) el nivel de indefinición, cómo se puede cuantificar y cuánto de ello se expresa finalmente en volatilidad. Cabe resaltar, como aperitivo, que la indefinición registrada en las encuestas (aquí y donde se quiera) es sustancialmente mayor –necesaria y obviamente mayor– que su traducción a cambios en las urnas. Dicho de otra manera, hay una percepción de indefinición en los periodos interelectorales, que es mucho mayor (a veces alguna que otra vez mayor) que la verdadera indefinición que conduce al cambio de ejercicio del voto.


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