Dos semanas antes de que el Frente Amplio sufriera el sacudón del fracaso en su intento de anular la ley de Caducidad, el representante del Movimiento de Participación Popular (MPP) en la Mesa Política de la coalición se quejó de lo que consideró ausencia de conducción en la fuerza política.

El dirigente se refería específicamente a la parálisis y bloqueo de la coalición, algo que se pondría en evidencia tiempo después con las alternativas políticas que rodearon la consideración del proyecto para anular la ley de amnistía a los militares. Ese proceso expuso el agotamiento de organismos de decisión que funcionan con mayorías especiales para tomar decisiones, lo cual otorga a las minorías capacidad de trancar. La circunstancia de que un plenario le diera la espalda al presidente, puso ese aspecto en el punto de atención. Pero la reflexión del dirigente del MPP disparó o coincidió con una inquietud generalizada en la izquierda.

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Y las causas principales de esta especie de parálisis se ubican en una indecisión hija de debates permanentes y de diferencias explícitas e implícitas entre los diferentes sectores. El trancazo en el gobierno quedó retratado el 28 abril cuando una encuesta de la empresa Factum reveló que el 79% de la población ve al gobierno "bien orientado". Pero al mismo tiempo, la encuesta mostró que el 72% de los ciudadanos creen que "el gobierno está mal gestionado".

Lejos de lo que aparece a primera vista, esa situación parece obedecer más a las fricciones internas de la coalición frentista que a la actuación propiamente dicha de la Presidencia.

Eso es lo que surge de un sondeo realizado por El Observador entre los principales sectores del conglomerado.

En el primer grupo de problemas están las diferencias ideológicas entre la izquierda tradicional, que con matices y diferencias incluye a comunistas, socialistas, al MPP y a los sindicatos en pleno, con el polo astorista, atrincherado en la conducción económica.

Las discusiones en ese plano son explícitas y están ligadas a concepciones macro y microeconómicas. La rama tradicional plantea mayores impuestos a los empresarios para transferir recursos a los más pobres, en tanto que el astorismo prefiere apostar a la educación.

El último debate por el IVA fue zanjado con el compromiso de exonerar a los sectores beneficiarios de programas sociales y bajar dos puntos al público que utilice tarjetas de débito o crédito. Pero así como se terminó la discusión, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) abrió otra: la de la tenencia y concentración de la tierra, que el MPP quiere limitar.

En el área económica también se ubican las discrepancias del Partido Comunista con el proyecto que permite la asociación de agentes privados con el Estado. Ese sector votó la iniciativa en Diputados por disciplina partidaria y ahora se aguarda qué actitud adoptará en el Senado luego que la unidad de acción fuera quebrada por el diputado Víctor Semproni y el senador Jorge Saravia en el debate sobre la ley de Caducidad, sin que recibieran sanción. Pero a las diferencias explicitas se suman otras implícitas. Se trata de aquellas que no se expresan en voz alta pero se traducen en dilaciones y maniobras que tiran la pelota para adelante. Es el caso de los proyectos para revitalizar el ferrocarril, un área en la que el gobierno apuesta fuerte a las inversiones privadas. También en este grupo están las discrepancias internas en cuanto a la seguridad, donde la forma de tratar a los menores delincuentes refleja todavía una visión que liga el delito a causas sociales. El MPP, por ejemplo, no está en esa postura.

El presidente parece atrapado en esta red de discrepancias. Ante ello adoptó un actitud de paciencia a la espera de que los asuntos se resuelvan sin conflictos y sin imposiciones. También parece consciente de que, como se demostró frente al proyecto de anulación de la Caducidad, no es el líder de todos, algo que limita sus márgenes de acción.
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